El uso de la palabra terrorista aunque nos
parece muy común se usa en asuntos muy diferentes, que van desde la voladura de
las Torres Gemelas en Manhattan, hasta un carro-bomba en Nigeria o Bogotá,
pasando por unas barricadas estudiantiles en Venezuela.
En su reporte de 2013 el Departamento de
Estado norteamericano señala que hay "informes creíbles de que Venezuela
mantuvo un ambiente permisivo que permitió el apoyo de actividades que
beneficiaron a grupos terroristas". Y se refiere no solo a las FARC y el
ELN, sino al movimiento shií libanés Hezbolá.
Ese informe incluye a Cuba como “patrocinador
del terrorismo”, junto a otros “aliados estratégicos” del régimen, como Irán y
Siria. Pero Cuba se resiente y pide que
sea sacada de esa lista. Claro, estar en ella puede dañar sus negociaciones con
la Unión Europea.
No existe una definición internacional,
sancionada por Naciones Unidas de terrorismo.
No tanto porque no se sepa a que hechos nos estamos refiriendo, sino
porque no se ha podido o querido deslindar esta definición de la de “lucha
armada de liberación nacional”. Y en esto los países islámicos y los
No-Alineados – de donde Venezuela es parte- han jugado un papel fundamental.
En Venezuela este asunto está establecido
por la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Allí la definición de
terrorismo es casi una copia carbón de la europea, pero que aquí será juzgada
por los “jueces del horror”. Además con un artículo 52 que establece penas de prisión de 25 a 30
años.
Cada vez más a menudo escuchamos a Maduro o a
la Fiscal o al ministro Rodríguez Torres
acusar a los que protestan, sea en “guarimbas” o no, de terroristas. El
Ministro informaba, por ejemplo, que el 26-A, en Chacao y Santa Fe, se habían
arrestado 23 personas por “actos de terrorismo”. No se si él entiende las
implicaciones de esas acusaciones. No es
solo equiparar a estos jóvenes a los que secuestraron los aviones el 11 de
septiembre o a los que ponen carros bombas, que ya es una locura, sino que está
diciendo que ellos deberían estar en prisión de 25 a 30 años. Pero esa locura no es casual él sabe de
aterrorizar, lo hizo con la familia Pérez Rodríguez durante el golpe de 1992.
Esto como el envío a los estudiantes a tétricas y violentas cárceles comunes,
como Yare III, es parte de una política para aterrorizar a la juventud que se
está revelando. Y demuestra que no solo el régimen estaría facilitando el
terrorismo sino ejecutando un terrorismo de Estado.
Alfredo
Michelena
alfredomichelena@gmail.com
@Amichelena
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