Siete
abogados poco conocidos, hasta el punto que si usted se propusiera escribir sus
nombres no llegaría seguramente a mencionar dos de ellos, pero muy bien
relacionados y con mucha suerte, acaban de desconocer la Constitución que
millones de personas discutimos hace quince años y que resultara al final
aprobada en referendo.
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| El Séptimo Sello del Apocalipsis |
Son
siete abogados que integran la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia. El nombre del cargo es pomposo pero la arbitrariedad que acaban de
cometer es de una vulgaridad vergonzosa. Han cancelado el derecho
constitucional a manifestar pacíficamente sin necesidad de otro requisito que
el que ese texto y las leyes señalan. Ningún ciudadano necesita permiso alguno
para hacerlo. Chávez se jactaba de eso. Y sólo una ley establece que debe
participarse del acto.
Tratando
de ser refinados en la justificación de esa decisión llegan al absurdo. De
ahora en adelante hay que tener permiso del acusado para protestarlo. Sólo
gobernadores y alcaldes, que suman trescientos setenta y ocho funcionarios
electos a quienes los ciudadanos de sus estados y municipios tienen todo el derecho de
reclamar, denunciar y exigir rectificaciones, podrán autorizar las censuras o
acusaciones contra ellos mismos.
La
mayoría de ellos son militantes del PSUV y en reiteradas ocasiones han
manifestado obediencia a los lineamientos del gobierno de Maduro, por lo que se
deduce que tampoco autorizarían acto alguno para criticar al gobierno nacional.
Total, ha muerto la expresión pública de la voluntad popular. El chavismo cree
haberla enterrado legalmente.
Y
el armatoste legal que han construido será base para la persecución judicial
contra manifestantes. Quienes lo hagan sin permisos podrán ser enjuiciados
penalmente. Algo más: quienes soliciten los permisos que seguramente serán
negados, se considerarán responsables de cualquier violación a la prohibición,
aunque no fuese cometida por ellos. Acumulación de absurdos.
Estos
siete abogados son el poder. Ellos pueden destituir alcaldes y gobernadores
cuando les venga en gana. Como hicieron con Daniel Ceballos y con Enzo Scarano.
No les quepa duda que también podrían destituir al mismísimo Presidente de
Venezuela. Pueden echar para atrás la Ordenanza que cualquier Concejo Municipal
decrete. Sólo tienen que acordarse entre ellos y declararla inconstitucional.
Ellos
siete pueden todo. A la mayoría que conduce Diosdado Cabello en la Asamblea
Nacional, esa misma que luce poderosa e invencible, estos siete pueden
devolverle una ley cuando a su humor o a su personalísimo criterio les parezca
que dicho texto está fuera de la Constitución. A los demás magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, que son veinticinco, mejor que no se crean mucho
que lo son porque cualquier asunto que decidan en sus Salas también puede ser
negado por el septeto.
¿Para
qué treinta y dos magistrados si con siete basta? Es más, ¿para qué trescientas
cincuenta y cinco cámaras municipales si con el docto criterio del septeto nos
ahorraríamos un realero? ¡Dígame la Asamblea Nacional! Nos habríamos evitado
unos cuantos actos bochornosos.
No
recuerdo si las Escuelas de Derecho, Decanatos de Derecho y Post Grados de
Derecho han censurado alguna vez un disparate de este tamaño, pero no estaría
mal inaugurándose declarándolos personas no gratas.
Claudio
Fermin
claudiof@viptel.com
@claudioefermin
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