En perfecta complicidad con el régimen
opresor venezolano, los gobiernos de la región, al adoptar la Declaración del 8
de marzo de 2014, destruyen los postulados de la Carta de la OEA y los
instrumentos relativos a los derechos humanos y la democracia, como la
Declaración de Derechos Humanos de 1948 y la Carta Democrática Interamericana,
también la Convención sobre Derechos Humanos de 1969 y un sinnúmero de
resoluciones adoptadas sobre la materia.
Los mandatarios de turno en la región
ignoran el desarrollo del Derecho
Internacional, la evolución de las relaciones internacionales y de la sociedad
internacional, que coloca materias de interés
colectivo, como el respeto y la promoción de los derechos humanos, por encima de los
ordenamientos jurídicos de los Estados, así como la nueva concepción en virtud
de ello, del principio de “soberanía”
que cede necesariamente ante materias que se colocan en el ámbito del interés
de la humanidad. Un retroceso lamentable para una región que ha estado siempre
a la vanguardia en la formación y en el desarrollo del Derecho Internacional.
Los gobiernos de turno de la región ignoraron el mandato que se les dio en 1948 cuando se aprobó la Carta de la OEA, su instrumento constitutivo, de actuar en nombre de los pueblos de la región.
La
“solidaridad” a la que se refiere la
Declaración considera solamente al gobierno venezolano, mientras desprecia el
sentimiento del pueblo venezolano. Se habla de “solidaridad” pero no es
precisamente a la que se refieren quienes elaboraron la Carta, cuando
aseguraron que “… el sentido genuino de
la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de
consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado
en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. Dice además la Carta
que la “solidaridad de los Estados
americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la
organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la
democracia representativa”.
Los
gobiernos de turno introducen desequilibrios graves que minan la credibilidad
del texto, al rechazar la injerencia en los asuntos internos de los Estados y
apoyar abiertamente “al gobierno
democráticamente electo de Venezuela” en el proceso de diálogo y paz que se sabe está invadido de malas
intenciones; y cuando condena “toda forma de violencia e intolerancia” en el
país, desconociendo también deliberadamente que la verdadera violencia, su
promoción y ejecución corresponde exclusivamente al régimen, lo que se infiere
de las declaraciones incriminatorias del mismo Nicolás Maduro y de sus
allegados. Incurren además en expresiones sin fundamento para justificar el
texto, al hacer “un llamado a todos los sectores” para que respeten los
derechos humanos, ignorando deliberadamente que solo el Estado y sus
representantes pueden ser responsables por los actos que suponen tal violación.
Además se omite el origen de la crisis en el país al no hacer referencia a las
“protestas pacificas” y a la “represión”
y las formas aceptadas por altos funcionarios, la Ministra de la Defensa
cuando justifica los excesos policiales y la Defensora del Pueblo que
interpreta la tortura y le asigna valores diferentes.
Resulta curioso y lamentable que al tratar el
tema de la democracia se dejasen de lado referencias fundamentales, intrínsecas
al concepto. No expresan en efecto los representantes de los gobiernos de turno
que “la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental
para la existencia de una sociedad democrática”; y, que son elementos
esenciales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su
ejercicio con sujeción al estado de derecho…”;. Menos aun que uno de los
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia es “el respeto por los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” todo ello ausente en
un examen serio e imparcial de la realidad venezolana.
En la Carta de la OEA se habla de “democracia
representativa” como condición para la estabilidad, la paz y el desarrollo
regional; sin embargo, el texto se aleja
de ese mandato pues una verdadera promoción habría debido contener referencias
más claras y contundentes acerca del concepto que exige del gobierno de que se
trate, no solamente su origen, sino el ejercicio democrático, que el régimen de
Maduro ha abandonado al violar flagrantemente la Constitución Nacional y el
respeto de los derechos humanos, antes de febrero de 2014; y después, por la
represión brutal sistemática, clara e inequívoca que ha desatado en contra de
las manifestaciones pacíficas. La democracia es, sin duda alguna, como se
precisa en la Carta Democrática, “… indispensable para el ejercicio efectivo de
las libertades fundamentales y los derechos humanos…” y eso parece producir
cierta alergia a quienes hoy habitan en las casa de gobierno de la región.
Es lamentable también que esos mandatarios no
hayan considerado el enfoque preventivo, necesario a la solución de las crisis
internas e internacionales. Temerosos o cuidadosos los gobiernos de la región hacen un llamado
sesgado e incoherente a la “paz en el país” a la vez que expresan una extraña
solidaridad, pero no plantean ningún control para verificar su cumplimiento, lo
que contradice la esencia misma de una resolución o declaración mediante la
cual se planea “un programa de acción” para resolver la crisis que se niegan a
reconocer.
Sin duda, quienes gobiernan hoy la región
interpretan de manera interesada y perversa los principios y normas que
fundamentan el funcionamiento del sistema regional, sea por intereses menores,
políticos o económicos; o en la búsqueda del establecimiento en la región de un
sistema político, económico y social contrario a la esencia misma de los derechos
humanos y que además, es evidente que la mayoría de los pueblos de la región
rechaza.
Se ha establecido un precedente peligroso, poco favorable al desarrollo integral de la región. Los gobiernos de turno, simplemente, dieron un golpe de Estado a los pueblos de la región y a la Organización, desprotegidos lamentablemente por la Carta Democrática Interamericana, lo que no debería dejar de preocupar a los pueblos de los otros países que en algún momento puedan enfrentar situaciones de violencia de Estado como la que atraviesa hoy Venezuela.
Víctor
Rodríguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@vitoco98
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