Venezuela está convulsionada y algunos piden
la intervención de la OEA u otras organizaciones internacionales para que
pongan coto a los desmanes represivos del gobierno militar “presidido” por
Nicolás Maduro, Este pedimento trae a colación el sempiterno debate sobre si el
principio de no intervención tiene o no aun vigencia entre los Estados.
Tal principio, en pocas palabras, contiene la
obligación jurídica en cabeza de los Estados de no inmiscuirse en los asuntos
internos de los demás. Así, la injerencia de un país en las cuestiones de otro,
no sólo por la vía de hecho sino también
con valoraciones acerca de la naturaleza de un gobierno determinado, es una conducta violatoria del Derecho
Internacional.
Este principio “sacrosanto” está estampado en
todos los tratados multilaterales.
Para la llamada Doctrina Estrada, que así se
denomina por el canciller mexicano Genaro Estrada (1930), el reconocimiento de
un gobierno comportaba un acto de injerencia en los asuntos domésticos de un
Estado. Ella ha sido dogma de la política exterior de México y es seguida por
otros países. Según ella, México no se pronuncia en el sentido de otorgar
reconocimientos a gobiernos, porque
considera que ésta es una práctica denigrante que además de herir la
soberanía de otras naciones, “coloca a
éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en
cualquier sentido por otros Gobiernos”. Esta doctrina se sustenta en principios
de la libre determinación de los pueblos y en el de la no intervención.
Esta doctrina ha sido modificada en los
últimos años por parte de México. Sin embargo, en su esencia se sigue
manteniendo.
La Doctrina Betancourt contrasta con ella. El
expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, padre de la democracia
venezolana, o como dice Carrera Damas, de la democracia a la venezolana, tenía
un visión distinta, contraria, a la de Estrada.
Él compartía lo expresado por el ex canciller
de Uruguay, Eduardo Rodríguez Larreta o el escritor colombiano Germán Arciniegas,
quienes a mediados de los años 40 del siglo pasado, se pronunciaron en el
sentido de que los gobiernos no podían permanecer indiferentes ante violaciones
a los derechos humanos y a los principios democráticos. El segundo escribe: “Un
dictador no puede obrar impunemente dentro de sus fronteras”, porque contra él
deberá llegar algún día la sanción pública internacional.
Para Betancourt la lucha por la democracia de
su país no estaba desligada de la que se hacía en el entorno hemisférico.
Conocedor profundo de la realidad regional, sabía que con una
mentalidadparroquial era muy difícil que América Latina saliera airosa de sus
ingentes problemas políticos y económicos.
Como se sabe, en tiempos en que fue
Presidente, la democracia sufrió agresiones de actores ubicados en los extremos
ideológicos de la lucha política, e incluso con promotores más allá del espacio
geográfico nacional
En la ocasión que participó como delegado de
Venezuela en la 9ª Conferencia Interamericana de Bogotá de 1948, formuló planteamientos
que constituirían la base de su visión sobre la democracia y el papel que
debían jugar organismos como la OEA. No
compartía el enfoque que en ésta distinguía los compromisos de obligatorio
cumplimiento, “cumplibles” (la No Intervención), y aquellos, como los de la
democracia representativa y garantía de los derechos humanos, que no lo serían
tanto, es decir, “violables”.
Sobre el principio de no intervención dirá
más tarde, en mensaje que envió a los cancilleres de la OEA (1959) reunidos en
Santiago de Chile, lo siguiente: “Esa reunión no sería fructífera si se
limitara a ratificar los ya mineralizados conceptos sobre la no intervención de
un Estado en los asuntos internos de otro. Este principio clásico del derecho
público americano amerita y reclama ratificación. Pero él no puede ser escudo
bruñido detrás del cual se abroquelen y protejan los gobiernos dictatoriales,
que son escarnio de un continente nacido para la libertad y los cuales
constituyen focos permanentes de perturbación de la paz y seguridad de los
regímenes democráticos.”
Posteriormente, propone a la OEA perfeccionar
su carta constitutiva con un convenio adicional que permitiera la exclusión de
la organización a aquellos gobiernos que no tengan su origen en elecciones
legítimas, irrespeten los DDHH, o no garanticen las libertades públicas.
Decía entonces él: “Entre las cuestiones que
en mi modesta opinión son de urgente necesidad está la de complementar la carta
constitutiva de la OEA con un convenio adicional bien preciso y bien claro,
según el cual no puedan formar parte de la comunidad regional sino los
gobiernos nacidos de elecciones legítimas, respetuosos de los derechos del
hombre y garantizadores de las libertades públicas”.
Su propuesta novedosa entonces no fue
acogida, pero constituye un antecedente que en tiempos actuales se materializa
en las distintas cláusulas democráticas establecidas en organizaciones del
hemisferio.
¿Debería aplicarse la de la Carta
Interamericana a Venezuela hoy?
¿Existe hoy un gobernante latinoamericano con
la convicción democrática y determinación inquebrantable que tuvo Rómulo
Betancourt?
EMILIO
NOUEL V
@ENouelV
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