Pretender que la protesta requiera de permiso
es, simplemente, negar su naturaleza; una persona protesta mostrando su
disconformidad con una situación, se trata, en esencia, de un reclamo que se
hace para corregir, suspender, revertir, advertir sobre la indisposición de un
sujeto a conformarse con un estado de cosas, que lo afecta de manera negativa o
que percibe de esa manera. La protesta
es parte esencial de la comunicación humana, de sus derechos políticos, de esa
parte que impele a la acción transformadora, al cambio de circunstancias
existentes, sean éstas unas reglas de juego, trato, condiciones existenciales o
de justicia.
La protesta advierte sobre un conflicto que
debe ser resuelto; de no ser atendido el reclamo, pudiera el protestante pasar
a otro tipo de acciones; si no se puede ir a la acción, el conflicto madurará
hasta que estalle una crisis. La protesta deja por sentado un malestar que hará
la situación inestable, cuando menos incómoda.
La protesta, la mayoría de las veces, se
produce cuando no hay dialogo y participación; se levanta contra la autoridad o
quienes la sustentan; en un sistema democrático, la protesta es parte
fundamental de las relaciones humanas e institucionales, conlleva información
sobre algo que no funciona adecuadamente, sobre una parte que se siente
afectada, razón por la cual la mayoría de las instituciones de un estado franco
mantienen canales abiertos para encauzar las protestas, haciéndolas factor
importante para ajustar sus actuaciones y para saber cómo son percibidas por
sus usuarios o clientes finales.
Hay protestas individuales y colectivas,
pacíficas y violentas, mediáticas y privadas, todas confluyen en los términos
de la comunicación, todas necesitan ser expresadas, escuchadas, entendidas,
manifestadas; en estos términos se liga íntimamente con la libertad individual
y social, ya que la oportunidad de la protesta viene dada por la situación
misma que la provoca. No estoy diciendo que la protesta es exclusivamente parte
del mecanismo acción-reacción, que bien pudiera serlo, sino que también puede
ser parte de una estrategia, elemento de una planificación política o de un
interés situacional.
Una esposa puede reclamarle a su marido una
conducta, no en el momento que ésta se produce, sino en una ocasión posterior,
donde se asegura que será atendida con mayor eficacia; igual sucede con un
sindicato, que pudiera organizar una protesta cuando al patrono menos le
convenga, con miras a que resuelva rápidamente y a su favor. La protesta es una
carta política, que se juega con la oportunidad, por ello la importancia de que
sea libre; si la autoridad impone reglas para controlar los resultados, forma y
magnitud de la protesta, ésta pierde eficacia; si pierde eficacia, se le quita
el sentido; si la protesta no funciona y el malestar no tiene un manejo
racional, se corre el riesgo de que surjan otros medios violentos no deseados
para corregir el conflicto en las relaciones.
La mayor parte de las constituciones
democráticas declaran y protegen el derecho a la protesta, bajo la lógica de
que, siendo el poder del pueblo, éste puede reunirse y expresar su desacuerdo
dentro de los términos de la ley; en algunos casos, aún cuando sea ilegal (toma
de instalaciones y propiedades del gobierno, por ejemplo), se respeta y se
reconoce ese derecho a la disidencia, llegándose incluso a tolerar ciertos
actos que pudieran ser considerados contrarios a la ley.
La protesta y las movilizaciones colectivas
se deben entender bajo los términos de la libertad de expresión y el derecho de
asociación establecidos en la Carta Magna; cualquier intento de control, por
parte del gobierno, es inmediatamente asumido como una manipulación política de
la protesta y una violación de derechos fundamentales. Aunque en la protesta
siempre hay un acompañamiento de orden público, los gobiernos democráticamente
responsables no intervienen en el desarrollo de las mismas y sólo toman cartas
en el asunto cuando la protesta se desborda y pone en peligro la seguridad
pública y los bienes y vidas de los ciudadanos.
Por ser los espacios públicos el escenario
principal para tales protestas y hay grupos que pudieran oponerse a la
protesta, la fuerza pública se encarga de asegurar el desenvolvimiento pacífico
de estos actos colectivos e, incluso, disolverlos en caso de extrema violencia.
La protesta es fundamental para el diálogo en
democracia, cualquier intento de acallarla o manipularla rompe el sentido de
equilibrio y justicia en la sociedad. A los gobiernos no democráticos les
disgustan las manifestaciones en su contra, porque son un termómetro de su
falta de popularidad y de su mal desempeño, de modo que, cuando la protesta se
convierte en una expresión reiterada del descontento popular, cuando la imagen
del gobierno se deteriora rápidamente y el costo político es alto, intentará
intervenirlas; una de las maneras de hacerlo es criminalizándolas o,
simplemente, prohibiéndolas. Si hay algo que los regímenes autoritarios y
dictaduras no soportan son, justamente, las manifestaciones colectivas en su
contra, siempre las leen como acciones conspirativas.
El chavismo tiene un doctorado en cómo
manipular la protesta: cuando se entera de una, inmediatamente arma una
contraprotesta o manifestaciones a favor del gobierno; tiene grupos armados
especializados en infiltrarlas y crear situaciones de riesgo para así
disolverlas; ataca a los medios de comunicación que cubren la protesta,
alegando acusaciones de subversión, de instaurar el terror e inducir locura en
la población; usa grabaciones y registros de las marchas para incriminar a sus
participantes y líderes; tranca avenidas y calles con la fuerza pública para
conducir las manifestaciones por donde quiere el régimen, en especial, para
emboscarlas y atacarlas con fuerza letal; propicia el blackout informativo -
las cadenas son su medio favorito - para que la sociedad no se entere de la
protesta y ésta pierda su propósito; controla policialmente el espacio aéreo de
la misma; aposta francotiradores en la azotea de edificios a lo largo del
recorrido; es reiterativo el uso de gases tóxicos y violencia indiscriminada para
acabar con las marchas de ciudadanos desarmados; se niega a recibir documentos
y sus funcionarios públicos se esconden para no atender las peticiones…
Pero ahora viene lo más grave, el fascismo
chavista, encarnado en el capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea
Nacional, anda amenazando con crear nuevas leyes que obliguen a los
manifestantes a pedir permiso al gobierno para poder protestar (ya algunos
municipios, de manera inconstitucional los exigen); cosa extraña, viniendo este
gobierno de la izquierda venezolana, que tiene una tradición política en la
organización del descontento popular por medio de este tipo de marchas y
concentraciones.
Los usurpadores del poder popular en nuestro
país están preparando la normativa para hacer ineficaz la protesta, para
obligar a los venezolanos a recurrir de otros medios de acción diferentes a los
señalados por la Constitución, que el chavismo pretende dejar,
convenientemente, sin efecto. –
@godoy_saul
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