La
naturaleza dispone de números que poseen sentido práctico; pi, por ejemplo, es
la relación aritmética entre la longitud de la circunferencia y su diámetro.
Otro de ellos es el número de Euler, la temible `e’ de los logaritmos. Hay
muchos más, pero 30 con o sin el signo de porciento no es uno de ellos.
Un tercio es lo más parecido a 30%, convertido
ahora en guarismo paradigmático una vez que fue elevado por cuenta del monje y
sus acólitos en factor rector de la actividad económica venezolana. El tercio
tenía el mérito de haber compartido los avatares del intercambio de bienes y
servicios desde los albores de la humanidad. Por miles de años, desde los
fenicios hasta nuestros días, las ganancias, los costos (de producción) y los
de comercialización (como inversión y mejoras) habían sido distribuidos en partes
iguales; es decir, en tercios. Por qué aquí se escogió al 30% y no el 33% o el
27%, escapa a la comprensión. Imagino que tiene algo que ver con la cábala o
los locos años 30 del siglo pasado.
Cualquier número con las funciones de control como las asignadas al 30%
carga con implicaciones que desbordan las estrictamente financieras. Por
ejemplo, en lo social, se constituye en un límite que demarca las condiciones
mínimas del trabajo de las apetencias por progreso, superación o mejoras del
asalariado, estos últimos frutos sólo de la riqueza que se pueda engendrar. El
límite se erige, entonces, en frontera impenetrable que deslinda una mejor
calidad de vida de una existencia apenas sobrellevada.
Pretender que limitando hacia abajo las ganancias de los negocios se
promueve un cambio estructural es una quimera preñada de ingenuidad. Para
empezar, necesita sine qua non ser adoptado como norma de absoluto cumplimiento
por todo el conjunto de los actores de la actividad económica; de su yugo no se
puede escapar ni una sola de las empresas públicas o privadas. Y es que en la
medida que el límite sea ley para unos y letra muerta para otros, el modelo
económico que se pretende implantar está destinado a fracasar, muy
especialmente si el padre de la criatura es el principal transgresor de la
norma legal.
En
efecto, algunas* de las actividades comerciales y de negocios del Estado
Venezolano desbordan el límite establecido por la novísima Ley de Costos y
Precios Justos, como margen de ganancia impuesto al resto de las actividades
económicas del país. Basta citar a
PDVSA, la cual no sujeta la venta de sus productos al principio legal de costos
de producción más 30%. Cuando el costo de producción de un barril de petróleo
venezolano es del orden de US$ 30 y este se vende a US$ 100 o más, es obvio que
esa actividad económica tiene un margen de ganancia mayor del 200%; de hecho,
siete veces más de lo que la nueva ley considera como justo.
(*) NOTA: A la mayoría de las actividades
económicas en manos del Estado Venezolano no se les puede aplicar esa ley ya
que cuando producen lo que dan es pérdida.
conciencia.talcual@gmail.com
@jaimerequena
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