Formalmente se ha dado comienzo a la campaña
por la presidencia de la República, aunque los hechos nos dicen que hace buen
rato estamos en ese ajetreo.
Los colombianos elegiremos 102 senadores y
166 representantes a la Cámara Baja. Así mismo, elegiremos presidente para el
periodo 2014-2018.
Entre los temas más destacables y polémicos
figuran, las conversaciones de paz, la seguridad, la pérdida de mar por el
fallo del Tribunal de La Haya, las relaciones internacionales, el ordenamiento
constitucional, las drogas ilícitas. Otros temas como la lucha contra la
pobreza, la política educativa, la salud, aunque no dejan de ser muy
importantes para la población, no generan distancias insalvables ni despiertan
tanta urticaria entre los partidos y candidatos.
El asunto de mayor calado es, de lejos, el de
las conversaciones entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y el
ELN. Descartado un acuerdo definitivo en este semestre por parte del presidente
Santos, la discusión se orientará a demandar de los candidatos cuál es su
propuesta al respecto: ¿Ruptura de negociaciones? ¿Continuidad?
¿Replanteamiento? Cualquier declaración será clave para los electores si
tenemos en cuenta que, aunque incrédula, la gente desea la paz. Dicho deseo
choca con reservas justificadas, no solo sobre la sinceridad de las guerrillas,
sino también sobre el castigo por delitos de lesa humanidad, la reparación de
sus víctimas y la dejación y entrega de armas. Otros tópicos candentes se
refieren a las concesiones que cada candidato va a ofrecer a esos grupos. Sí o
no a la convocatoria de una constituyente y en caso afirmativo en qué
condiciones y términos, cómo consultar a la población para refrendar o rechazar
cualquier acuerdo bien de forma global o punto por punto. Sobre si se incluye o
no en la mesa el tamaño de la Fuerza Pública y otros puntos sustanciales de la
Agenda Nacional.
Hasta ahora está en zona de penumbra el
comportamiento de las guerrillas a lo largo de esta coyuntura. Sin embargo, es
predecible saber las consecuencias de su accionar, como por ejemplo, si es
agresivo, con atentados en los que resulte lesionada la población civil o
asesinato de candidatos, sacarán provecho aquellos que han sido críticos de las
gabelas otorgadas por este gobierno a los comandantes guerrilleros a cambio de
nada o de muy poco. Por el contrario, un bajo nivel de acción militar podría
favorecer la política oficial y a los partidos de la Unidad Nacional.
En ningún caso es justificable que los medios
les otorguen, gratuitamente, el rol de árbitros de la contienda, ya que
constituye un abultamiento desproporcionado de la fuerza e influencia que
tienen en la opinión pública.
En todo caso, cualquiera de las tres
opciones, continuidad, ruptura o replanteamiento, tendrá que ser muy bien
sustentada y explicitada. Nadie querrá, a estas alturas, echar por la borda o
mantener una mesa sin argumentos convincentes. No la tienen fácil los
representantes de cada una de ellas.
El discurso que nos divide entre amigos y
enemigos de la paz, además de maniqueo y peligroso para los señalados, no es
convincente. De igual forma, si los críticos del proceso se dejan matricular en
el campo de los enemigos de la paz y en consecuencia no cambian la forma de
presentar su posición, pueden perder respaldo entre los electores.
Las conversaciones de paz arrastran, de
alguna manera, el tema de la seguridad en el que se observan cifras
preocupantes de aumento de la criminalidad común, la extorsión y debilitamiento
del control de territorios, auge de las bandas criminales y de grupos,
incluidas las guerrillas, dedicadas al narcotráfico en sus dimensiones micro y
macro.
También es muy candente la política exterior
no obstante ser uno de los asuntos en que las encuestas revelan amplio respaldo
al gobierno. Preocupa el acercamiento a los países del Alba si se tiene en
cuenta el silencio ante la dictadura cubana, frente a los atropellos a las
libertades en los países bolivarianos, el fraude electoral en las
presidenciales de Venezuela, la manipulación de la constitución por parte de
los mandatarios para eternizarse en el poder. Todo esto es materia que abre
brecha profunda entre los candidatos oficiales y quienes privilegian relaciones
más críticas con esos gobiernos y por una mayor cercanía con Estados Unidos y
compromiso de defensa de la democracia y las libertades en el seno de la OEA.
La pérdida de mar con Nicaragua también
continuará ocupando la atención de los colombianos. El gobierno sabe que en
este asunto lleva las de perder en razón de un manejo errático y de la ausencia
de alternativas. Esta circunstancia será convertida en bandera por las fuerzas
opositoras que abogan por el desconocimiento abierto del fallo y para asumir
las consecuencias que de ello se deriven.
Los colombianos nos podremos ver inmersos en
un debate inédito y sorpresivo sobre la pertinencia o no de convocar una
constituyente con miras a conjurar los graves desajustes existentes entre los
poderes públicos y, en particular, la grave crisis de la Justicia. ¿Quiénes, en
qué número y bajo qué procedimientos deben ser electos sus miembros, serán los
elementos de gran discrepancia.
Oiremos hablar del tamaño y las funciones del
Estado colombiano, de impuestos, de empleo y pensiones, de la salud. La pelea
es de alquilar balcón como decían las tías solteronas. Mientras la película
empieza, es de esperar que el gobierno, que actúa en la trama con actor propio,
brinde toda clase de garantías. Aunque ya le podemos anotar una falla: Me
refiero al llamado del gobierno al general Óscar Naranjo para asumir funciones
de negociador en La Habana y acompañamiento en la campaña del presidente
Santos. Ahí se configura el riesgo de que se confundan los papeles y se termine
utilizando indebidamente el interés por ganar las elecciones con arreglos
acomodaticios en La Habana.
rdaceved@unal.edu.co
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