ALBERTO MEDINA MÉNDEZ, EL DISPARATE DEL BARRIL SIN FONDO, DESDE ARGENTINA

Algunos acontecimientos aislados de la política cotidiana plantean cada tanto la discusión casi absurda que se sustenta en la opinión, fuertemente arraigada, de que los recursos son ilimitados. En ese contexto, proliferan discursos que instalan la visión de supuestos merecimientos por el esfuerzo que realizan los individuos sin recibir la gratificación adecuada.

Bajo esta exótica forma de razonar, algunos creen haber hecho méritos suficientes y suponen que ese esmero los sitúa en un pedestal ante la sociedad, que sin importar el modo, los debe compensar, eufemismo utilizado para reclamar una retribución económica superior a la actual.

Con cierta descarada actitud, escasa modestia y una inocultable arrogancia, ellos mismo elogian su propia tarea, destacan su valía y con esas razones, poco objetivas por cierto, demandan ser jerarquizados, respetados, léase bien remunerados. Este fenómeno se presenta con diferente intensidad y argumentos según sea el caso de personas que desempeñan su labor en la actividad privada o como servidores públicos.

Quienes desarrollan sus quehaceres en el ámbito privado tienen la intuitiva percepción de que rigen determinadas pautas que vinculan su escala de compensaciones con el eventual éxito o fracaso de la empresa de la que forman parte. Si los vientos son favorables tienen chances de mejorar su situación salarial. Por el contrario, cuando los negocios no encuentran su rumbo, saben que su empleo puede hasta discontinuarse.

Una clase especial de personajes, como el trabajador independiente, el emprendedor, el profesional, esos que hacen de su oficio su forma de vida, advierten que si todo resulta, ganarán; pero si no sale tal cual lo previsto no tienen siquiera su supervivencia asegurada. Todos los meses arrancan desde cero, sin certeza de cómo funcionará y asumen con naturalidad que sus riesgos son incalculables y que casi nada está asegurado.

En el sector estatal las reglas parecieran ser otras. Cierta creencia popular afirma que TODOS merecen cobrar más y que siempre están mal pagados. Es como si esas actividades tuvieran un aura especial por la que policías, médicos, enfermeros, docentes y cualquier otra ocupación dentro del Estado fuera un apostolado, un sacerdocio, una cuestión meramente vocacional. La legislación los protege de modo diferencial, son inamovibles y tienen derechos especiales como la prerrogativa de no ser despedidos porque gozan de una estabilidad laboral plena, pudiendo jubilarse en esos puestos.

Una teoría de gran aceptación, sostiene la ridícula idea de que el Estado puede pagar cualquier cosa, como si el mismo dispusiera de recursos ilimitados, de un don celestial por el cual reproduce el dinero que precisa para abonar lo que sea. En ese esquema los políticos que no aumentan sueldos a estatales son los malos de la película y los que lo hacen son dirigentes con sensibilidad social. En realidad solo se trata de asumir con responsabilidad la gestión de administrar los recursos de los contribuyentes.

Es importante cuestionar esta concepción por la que todos los trabajadores estatales tienen "legitimo" derecho a solicitar incrementos en sus remuneraciones, solo porque "no les alcanza" y "se merecen", siendo imprescindible derribar el mito del Estado que dispone de fondos infinitos.

Por obvio que parezca, algunos aun no han aprendido que las arcas públicas se nutren de impuestos, que son detraídos coercitivamente cuando el Estado se queda por la fuerza con una parte, cada vez más importante, del fruto del esfuerzo de los individuos. Pero también se financia con endeudamiento, cuando el insensato gobernante de turno, decide gastar dinero que no tiene ahora, endosándole a las generaciones venideras la carga de abonar esa deuda contraída. Y claro está, cuando lo anterior ya no alcanza, los funcionarios que haciendo uso de la potestad jurídica de emitir moneda en cualquiera de sus formas, acuden a la reproducción de dinero artificial, ese mecanismo que genera la inflación que todos padecen.

Mientras no se sincere el debate, se seguirá repitiendo en público lo políticamente correcto, afirmando demagógicamente que todos merecen cobrar más, que se gana poco y que los empleados estatales deberían ser mejor compensados. Se debe abordar la cuestión de fondo para entender que las ingresos solo aumentan genuinamente cuando vienen de la mano de la mayor productividad. Mientras tanto se seguirá girando en círculos, sosteniendo ideas que no se condicen con la realidad, y que desilusionan cíclicamente hasta que se advierta que la "fabrica de dinero" tiene un costo y que, como decía un controvertido economista, "en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias".

Defender ideas equivocadas no es gratis. No es una cuestión reflexiva o filosófica. Cuando se sostienen principios erróneos se toman decisiones desacertadas y el desenlace es predecible. El despilfarro estatal, la irresponsabilidad en la administración de la cosa pública y la inflación son absolutamente indisimulables, pero todo esto sucede porque la ciudadanía sigue creyendo mayoritariamente en el disparate del barril sin fondo.

Alberto Medina Méndez

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