El
pasado 7 de noviembre, Nicolás Maduro anunció mediante alocución la puesta en
marcha de la Misión Barrio Nuevo Tricolor en el Estado Miranda, y su decisión
de instalar baterías antiaéreas en puntos clave del país, incluyendo barrios y
áreas ubicadas en la zona montañosa de toda Venezuela.
Estas
defensas antiaéreas que consistirían en cohetes aire-tierra y distintas clases
de misiles que el Gobierno venezolano ha adquirido durante los últimos 14 años
a Rusia, Bielorrusia y China, tendrían como objetivo hacer frente, de acuerdo a
Maduro, a una eventual injerencia imperialista en el espacio aéreo venezolano,
pues para quien actualmente ejerce la presidencia, el país se haya en medio de
una guerra económica y debe enfrentarse a planes conspirativos organizados por
la derecha internacional conjuntamente con quienes él ha denominado como la
trilogía del mal.
Este
anuncio, que es sumamente grave y debe ser condenado por las consecuencias que
generaría a la población civil conforme al derecho internacional, ha sido
opacado por hechos noticiosos relacionados con
medidas económicas y acciones emprendidas supuestamente para luchar
contra el acaparamiento, la especulación y la usura que terminaron en saqueos
en tiendas de electrodomésticos, los cuales han monopolizado la atención de la
opinión pública nacional e internacional.
Paradójicamente,
Nicolás Maduro quien ocupó el Despacho de Relaciones Exteriores por más de 6
años vuelve a demostrar su ignorancia en materia de derecho internacional, por
lo que se considera oportuno alertar a Maduro, a sus asesores y a la opinión
pública en general sobre las implicaciones que acarrearía la implementación de
estos planes. La instalación de armas de guerra en zonas donde habitan civiles
traerá como consecuencia convertir a estos civiles en blanco militar, y por
ende es contrario al objeto y fin de normas de derecho internacional
humanitario contenidas en tratados que han sido suscritos y ratificados por
Venezuela, específicamente el Acuerdo de Ginebra relativo a la protección
debida a los civiles en tiempos de guerra de 1949 y los Protocolos Adicionales
a los Acuerdos de Ginebra de 1977.
Estos
tratados establecen los principios de distinción y protección, el primero de
estos principios acarrea que la población civil está protegida en todo momento
durante las hostilidades, por lo que no debe intervenir en conflictos armados,
mientras que el segundo principio trae como consecuencia que se deba evitar
exponer a civiles a fin que sean confundidos de cualquier manera con objetivos
militares, razón por la cual no deben asimilarse bajo ninguna circunstancia con
los combatientes, quienes son los que intervienen en el conflicto armado y por
ende asumen la condición de objetivos militares.
Asimismo,
se debe advertir que la instalación de baterías anti-aéreas en puntos claves de
zonas habitadas por civiles, como lo son los barrios ubicados en las zonas
montañosas del país, traerán como consecuencia que Maduro y quienes lo
acompañen en esta iniciativa, se conviertan en criminales de guerra a quienes
se les podría exigir responsabilidad penal individual por la comisión de
crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.
Se espera que Maduro rectifique, porque de lo contrario, convertiría a civiles indefensos venezolanos en objetivos militares y Nicolás pasará a la historia como criminal de guerra.
@jeisakuvargas
juancarloseisaku@gmail.com
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