En
noviembre de 2009 escribí en esta columna un artículo sobre la reforma a la ley
del Banco Central de Venezuela que se acaba de aprobar. Decía entonces que
dicha reforma, además de inconstitucional, violaba un principio económico
fundamental, cual es la capacidad que tienen que tener los bancos centrales de
negarse a financiar gasto público deficitario, acción conocida también como la
monetización de los déficit, con el fin de evitar la materialización de presiones
inflacionarias. Expresaba allí que a través de esa reforma "se le permite,
o mejor, conmina al Banco Central financiar programas determinados por el
Ejecutivo como prioritarios, así como descontar y redescontar títulos
provenientes de esos proyectos especiales.
Esto se puede convertir en una
fuente inagotable de financiamiento de gasto público, ya que el BCV tendría que
adquirir obligaciones gubernamentales los títulos emitidos por entes públicos
en las cantidades que el Poder Ejecutivo decidiere, simplemente con declarar
que esos papeles están destinados al financiamiento de proyectos prioritarios,
incluyendo aquellos orientados a cubrir las cuantiosas y recurrentes pérdidas
de múltiples empresas del Estado".
Más
adelante manifestaba que la reforma en cuestión también establecía que el BCV
podría adquirir obligaciones de Pdvsa, organización que "tendría asegurada
la colocación de los bonos que emita en condiciones favorables, y así contar
con recursos adicionales para cubrir una serie de obligaciones impuestas por el
Gobierno y ajenas a su actividad medular, tales como importación y
comercialización de alimentos, financiamiento de misiones y otras tantas".
Señalaba, finalmente, que lo que angustiaba de esa reforma era la posibilidad
de que el instituto emisor se viera forzado a crear grandes cantidades de
dinero para financiar gasto deficitario que generaran grandes presiones
alcistas de los precios.
Pues
bien, después de casi cuatro años de haber hecho esas advertencias ¿qué ha
sucedido? ¿tenían éstas fundamento? Desgraciadamente sí.
Al
momento de aprobarse la reforma de la ley, es decir, a fines de 2009, Petróleos
de Venezuela mantenía una posición acreedora en el BCV, y fue sólo durante el
año siguiente que comenzó a buscar financiamiento en ese ente, aun cuando de
forma moderada.
No
fue sino a partir de 2011 cuando los préstamos del BCV a la petrolera
comenzaron a expandirse fuertemente, al punto de que al cierre de ese año su
deuda neta con el instituto emisor era superior a los 96 millardos de
bolívares, un monto equivalente a algo más de 22 millardos de dólares. En los
meses subsiguientes, y hasta hoy, ese financiamiento no ha parado de crecer,
ubicándose esos pasivos netos en la actualidad en más de 256 millardos de
bolívares, lo cual equivale a más de 40 millardos de dólares, una magnitud
similar a las divisas que anualmente le vende Pdvsa al BCV.
Algo
semejante, aun cuando en mucho menor escala, ha sucedido con otras empresas
públicas no financieras, tales como las empresas de Guayana, las cuales han
acudido al BCV en busca de financiamiento para cubrir sus pérdidas,
particularmente desde fines de 2012 hasta esta parte, acumulando a fines de
septiembre de este año unas deudas netas con ese ente de 27 millardos de
bolívares. Este masivo financiamiento a empresas públicas ha generado un fuerte
aumento del dinero primario, o base, es decir, aquel creado directamente por el
BCV, contribuyendo ello a expandir la oferta monetaria en poder del público en
más de 64% en doce meses, un incremento muy intenso que se ha traducido en
mayor inflación.
Esto
tiene que cambiar, porque de continuar el financiamiento de gasto público
deficitario por el instituto emisor de manera recurrente y creciente en el
tiempo, se generarán presiones inflacionarias mucho más intensas que las
actuales, con efectos devastadores sobre la población, particularmente sobre
aquellos que menos tienen.
palma.pa1@gmail.com
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