Una
de las contradicciones de las revoluciones socialistas es que se promueven para
llegar al poder sobre la base del discurso de
la lucha contra las desigualdades, la promoción del resentimiento y la
transferencia de la culpa de los males de la sociedad a los ricos, - la lucha de clases desde la concepción
marxista -, pero cuando llegan al poder
florecen aún más las desigualdades y
colectivizan la pobreza para justificar su lema de la igualdad. – La igualdad
hacia abajo -. Convierten la dictadura del proletariado en una dictadura sobre
el proletariado.
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En
los gobiernos revolucionarios paralelamente a
la colectivización de la pobreza
se entronizan elites que se enriquecen con el tesoro de la Nación.
Verbigracia la URSS que al desplomarse este imperio comunista se pudo ver por
dentro la corrupción y el manejo de la vida pública por mafias que controlaban
la sociedad, con énfasis en la economía.
Mafias de la justicia, de las finanzas, de las divisas, de los alimentos, de
las medicinas, del combustible, de los contratos con el régimen y de todos
aquellos aspectos donde se implantó el control estatal. El control estatal es
el caldo de cultivo en los regimenes totalitarios para el desarrollo de las
mafias de la corrupción, esto mismo
sucede en Corea del Norte, Vietnam,
Siria, Cuba y ahora en Venezuela.
Este
planteamiento viene a ratificar lo que siempre se ha dicho de estos regimenes
socialistas, citamos a uno de los gurú
del comunismo-bolivariano-chavista, a Jorge Giordani, quien dijo:
“entre más pobres hayan más poder tendremos porque estos dependerán aún más del Estado”.
Esto significa un Estado
poderoso y centralista que controla la sociedad mediante la distribución
populista de sus recursos públicos, sobre todo,
a través de políticas sociales (misiones) que son asistencialistas y de
subsidio que lejos de superar la pobreza
la congela.
Veamos
esta situación más allá de las grandes
cifras de la macroeconomía, veámosla desde lo local, desde el interior del país, desde la
Venezuela profunda, desde cualquier municipio venezolano, en el entendido de
que la sumatoria de los municipios configura el país.
Desde el municipio observamos la existencia de
un empeño premeditado del gobierno nacional en desmantelar el aparato
productivo local, cada día vemos con dolor como cierran más empresas, unas por
que han llegado a la bancarrota, otras porque no tienen insumos o divisas para
comprar esos insumos para producir. Los planes de desarrollo endógenos del
régimen sustentado en el establecimiento de empresas de producción socialistas
y sistemas de cooperativas fracasaron
rotundamente, la mayoría abandonadas. Los sistemas de financiamiento local mediante experiencias de la banca socialista,
léase, banco de la mujer, banco de los pobres, banco comunales se partidizarón,
se convirtieron en excluyentes e ineficientes y, en la mayoría se los comió la
corrupción.
Los productores del campo se ven avasallados
por una competencia ventajista y desleal por parte del mismo régimen cuando desarrolla una inadecuada política
agrícola de puertos o sea de importaciones de rubros que saturan el mercado
dejando a los productores nacionales sin sus tradicionales espacios de
intercambio. Los productores de hortalizas, café, carne, leche y otros rubros
agrícolas, no menos importantes, están a
punto de dejar sus actividades
productivas por que están quebrados,
implicando esto una caída abrupta del empleo rural y, por ende,
derivando en crecientes migraciones de pobladores provenientes del campo a
engrosar los cinturones de las áreas marginales de las grandes ciudades y
ciudades intermedias, con las consecuencias sociales ya conocidas de estas
migraciones en busca de la sobrevivencia.
Los
municipios del interior del país se
están empobreciendo cada día más producto de que la inversión pública por parte
de las gobernaciones a la altura del mes de septiembre solo tiene registrado en ejecución apenas un 22 %
del presupuesto de inversión del 2013, situación que se hace critica, cuando
revisamos que del presupuesto del 2010, 2011 y 2012 aun existe un alto porcentaje de obras que están paralizadas o que nunca se
llegaron a iniciarse.
La
gravedad de esta situación es que si entendemos que el propósito de la
inversión estatal configurada en la construcción y mantenimiento de la
infraestructura pública es, en primer lugar, mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos al poner en disposición estas obras a las comunidades y, en segundo lugar, generar un flujo
monetario en los municipios donde se construyen las obras que permita que esas economías locales se
activen y, por ende, generen empleo, en sí, es una forma eficiente de
distribución productiva de la riqueza petrolera.
En
los municipios sucede todo lo contrario ya que al paralizarse o retardarse las
construcción de obras por parte del gobierno nacional, de la gobernaciones y
las alcaldías estos propósitos de la
inversión publica se ven obstruidos, en consecuencia, interrumpiendo la vida
económica local lo que acarrea desempleo y pobreza, sobre todo, porque genera
que una mayor cantidad de ciudadanos en situación carencial demanden atención
de las políticas sociales o misiones sociales. Más dependencia de los
ciudadanos del Estado, en efecto, se acrecienta el control social del gobierno sobre el pueblo empobrecido.
La
pobreza tiene también muchas caras, y se ven al
recorrer los municipios,
observamos con malestar el deterioro de las edificaciones publicas,
escuelas, hospitales y otras instituciones, las vías de comunicación están en
un estado deplorable, la gente nos expresa su desesperación ante las carencias
de las familias y las comunidades, arrinconados por la inseguridad, el desempleo, la pobreza, el
desabastecimiento, la escasez y el alto
costo de la vida. Los gobiernos
municipales, incluso los gobernados por alcaldes chavistas, están ahogados por el centralismo que les niega los recursos o que no se los
entregan de manera eficiente y oportuna.
Es
toda una cadena de relaciones intergubernamentales signadas por la ineficiencia
y el obstruccionismo administrativo entre los tres niveles de gobierno,
nacional, estadal y municipal. Cuestión
que trae como consecuencia que los ciudadanos sean victimas de una mala
gerencia, de un estilo de gobierno autoritario y centralista, de la desidia de
unos gobernantes, de unas inadecuadas políticas publicas cuya prioridad es el
control social y político del pueblo y no el desarrollo de sus capacidades para
la producción de riqueza y de calidad de vida de manera independiente y
autónoma. Este régimen promueve una revolución de la pobreza. La alternativa
pertinente es abogar por una verdadera revolución de la riqueza donde cada
venezolano tenga la oportunidad de desarrollar con autonomía su proyecto de vida.
juancdula@yahoo.es
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