Si yo fuera gobiernero, líbreme Dios, estaría muy preocupado
por las torpezas políticas, cada día mayores que están cometiendo los herederos
del finado tiranuelo.
Entre otras, la de persistir en la salida de Venezuela de la
Convención Americana de los Derechos Humanos, es un ejemplo de metida de pata
hasta el fondo.
Nadie la entiende, incluso muchos chavistas, que a la chita
callando, se preguntan qué se gana con eso, qué beneficio político les trae,
sin mencionar que a la larga puede ser cuchillo para el propio pescuezo.
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito
mundial han rechazado y/o lamentado la denuncia venezolana de aquella
Convención, y algunas han hecho llamados a la reflexión para tratar de evitar
que se concretara la salida. Todas han sido infructuosas. La ceguera ideológica
no ha podido ser vencida, y como dice el pueblo, nadie ve el hueco en el que va
caer.
La implantación político-jurídica de los valores democráticos
y la protección y garantía de los DDHH son parte de una conquista del hombre
labrada al calor de las luchas de los pueblos por tener un mundo mejor.
La inclusión de esos valores universales como principios
inspiradores y consustanciales a las instituciones globales y sus normativas,
es una temática que se ha desarrollado de manera formal y expresa a partir de
los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes de los gobiernos
totalitarios nazifascistas y comunistas. En su momento, fue, sin duda, una
expresión del fenómeno globalizador en su dimensión político-jurídica. Había
llegado la era de la protección y promoción de la democracia en las relaciones
internacionales.
Desde entonces a la fecha, los países y entes internacionales
no han dejado de perfeccionar los mecanismos de garantía de los DDHH. Hasta las
organizaciones con fines de integración económica han incorporado a sus reglas
la llamada cláusula democrática, la cual contempla sanciones contra los
gobiernos que no cumplan con los estándares democráticos.
El sistema interamericano, en esta materia, ha significado un
gran aporte político e institucional a la democracia hemisférica. No poco
esfuerzo ha costado instituirlo. No pocos perseguidos de gobiernos dictatoriales
militaristas se han beneficiado de sus disposiciones.
Tanto la Comisión como la Corte interamericanas de los DDHH
constituyen un avance en términos civilizatorios, para nuestro continente y sus
ciudadanos.
Para los venezolanos, la denuncia de una Convención que nos
protege frente a las eventuales arbitrariedades de cualquier gobierno,
representa un menoscabo sustancial de nuestros derechos establecidos en la
Constitución vigente.
A partir de esta fecha, al deterioro sostenido de nuestro
nivel de vida, al desastre económico e institucional del país, el gobierno
suma otro grave perjuicio: la pérdida de
una instancia jurisdiccional para defendernos de los atropellos violatorios de
nuestros derechos fundamentales.
Con su conducta a contrapelo de la Constitución y de otros
tratados internacionales, el descrédito del gobierno y la caída de la imagen
del país siguen en aumento.
Repito: nadie ve el hueco en el que va a caer. Y el gobierno
actual, no parece ser la excepción. Su ideología demencial se lo impide.
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