JOSÉ LUIS MÉNDEZ LA FUENTE, EL PLAN CAYAPA Y LA SOCIEDAD DEL FUTURO

Las  recientes declaraciones  de la Ministra para el Servicio Penitenciario,  Iris Varela,  en relación a que los presos que quieran ser atendidos  dentro del Plan Cayapa, deben revocar el nombramiento de sus abogados privados para garantizarles justicia a través de los defensores públicos, pues sino se le estaría haciendo el trabajo a los abogados privados y eso “sería corrupción”, han levantado una gran polémica en la opinión pública. 

Entre las múltiples manifestaciones de rechazo se encuentra la del Colegio de Abogados de Caracas que acaba de sacar un comunicado recordándole a la ministra Varela,  algunos de los derechos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le confiere a quienes se encuentran privados de su libertad en los diferentes centros penitenciarios del país, como por ejemplo, el de nombrar un abogado de su confianza para que los defienda.

Es decir, que el reo que requiera evaluación psicológica o médica para gozar de algún beneficio de los que ofrece el sistema penitenciario, como por ejemplo, rebaja de la pena por buena conducta,  libertad condicional, régimen abierto, casa por cárcel, medida cautelar y cumplimiento de pena, entre otros, y lo que es más grave aún, ser llevado con la celeridad del caso a un tribunal para ser oído y juzgado en una audiencia sería, en vez de un derecho, una especie de  “favor”  que  solo recibirían aquellos presos que tengan un defensor público. Pareciera que los otros, los que tienen dinero para contratar un abogado privado, son capitalistas, ricos que por serlo deben renunciar a ese  “privilegio” y ponerse al mismo nivel de aquellos que son más pobres y no pueden pagarlo. Una discriminación por chantaje, que atenta contra cualquier principio básico de justicia y de sentido común. Cualquiera pensaría que la ministra Varela quiere evitar que los presos con defensor privado, que están pasados de tiempo dentro de las cárceles, algunos con la condena ya cumplida, por el consabido retraso procesal que hay en los tribunales penales, se puedan llevar el crédito que ponerlos en libertad conllevaría.

Pero pese a sus beneficios, esta Operación Cayapa,  en la que participan cerca de 150 profesionales de diferentes disciplinas y a la que hay que reconocerle su buen propósito, es al final del día, egoísta y mezquina, como todas la otras políticas sociales o económicas, que el gobierno nacional ha venido implementando en otras áreas, pues no busca beneficiar a todo el que lo requiere sino más bien hacer proselitismo político-partidista, es decir, enfrentando a los empresarios por ser capitalistas, a quienes se manifiestan abiertamente en contra del gobierno o contra los abogados que ejercen su profesión y cobren por ello. La vieja táctica militar de divide y vencerás, que aplicada a la política, se vuelve una agresión contra la sociedad civil.

Beneficios y medidas procesales, por otra parte, que otorga la ley, pero que no se han venido cumpliendo por la ineficiencia del sistema (falta de recursos y políticas, corrupción, entre otras causas) y que ahora, a través de operativos como este de la Operación Cayapa, buscan desahogar la situación de hacinamiento que hay en los penales y evitar tragedias carcelarias como las del Rodeo, Yare o La Planta, pero que lamentablemente, no van a resolver por si solos, la profunda crisis judicial y penitenciaria del país, que es estructural y no coyuntural, por lo que los paños calientes ayudan pero no resuelven el problema definitivamente.

Como se sabe, el papel de los abogados en un Estado comunista es prácticamente nulo, habida cuenta de que al no haber disposición de la propiedad, sino solamente uso personal, carece de sentido la mayor parte del derecho privado y también del público. Eso sin contar, que en una sociedad así, del futuro, donde se conformaría el “hombre nuevo”, los delitos prácticamente desaparecerían.

Quizás la ministra Varela esté adelantada a su tiempo y nosotros seamos incapaces de comprenderla.

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