Los “revolucionarios” criollos, confusos e
ideológicamente indefinidos, unas veces maoístas, otras marxistas y leninistas,
chavistas y peronistas o kirchneristas, de repente lulistas o mujiquistas,
también castristas o sandinistas, mugabistas, gadafistas, en todo caso
totalitarios y fascistas, sostienen que los derechos civiles y políticos deben
estar sometidos a los económicos, sociales y culturales, recogiendo lo
planteado en el Congreso del partido Comunista soviético, de 1916.
La
Procuradora anterior, hoy primera combatiente de la República según ellos,
afirmó una vez que la libertad de los venezolanos, su derecho a expresarse, era
muchos menos importante que tener una vivienda digna, comida o acceso a la
educación, lo que sin duda contradice los más elementales principios de los
derechos humanos. Mas grave aún es esta interpretación cuando se constata que
tales derechos tampoco son satisfechos por un régimen incapaz, cuyo objetivo
único es perpetuarse en el poder, ahora bajo la sombra de Chávez, un militar
golpista que deja una herencia política desastrosa que conduce a un peligroso
caos económico, político y social.
En días pasados, después de insultos y
declaraciones sin sentido, un debilitado Maduro, con una popularidad minada y
en caída, invita al sector privado a dialogar para encontrar soluciones a los
problemas que las mismas políticas “revolucionarias” han generado en el aparato
productivo del país, desastre que ha abierto el paso a las millonarias
importaciones desde los países cuyos gobiernos, paradójicamente, conocen muy
bien la realidad que surge el 14 de abril. Independientemente de si se trata de
una manipulación más o de una estrategia como otras tantas anteriores,
perversas en su contenido y en sus fines, ella no podría ser considerada
aislada de una consideración política de la realidad venezolana.
En estos momentos hay un país en crisis en el
que las instituciones no funcionan: la crisis en la Asamblea Nacional sometida
por un teniente también golpista, Diosdado Cabello, que busca con insistencia
la “herencia” del sucesor designado; un CNE que se burla del electorado y de
los fundamentados reclamos planteados por la oposición liderada por Henrique
Capriles; un Tribunal Supremo que desconoce las normas jurídicas, mas aún las
reglas procesales sobre inhibiciones y recusaciones y que no muestra la
independencia y la autonomía que les son propias; un Defensor del Pueblo que se
ocupa solamente de avalar los ataques a la dirigencia opositora, ignorando las
violaciones evidentes de los derechos humanos de los venezolanos; o, de una
Fiscal que actúa o no actúa a conveniencia, mostrando también su dependencia
del Ejecutivo.
Hablar de lo económico sin tomar en cuenta la
realidad política del país, es decir, la persecución y la discriminación de que
son objeto los que no comulgan con el fracasado proyecto socialista del siglo
XXI, una suerte de apartheid político, más hoy en el sector público en el que
se ha destituido y amenazado a miles de funcionarios que se expresaron
libremente por el cambio y la alternativa democrática el 14 de abril, es
absolutamente inaceptable. Más aun, si con el diálogo propuesto se pretende
ignorar la lamentable situación de los presos políticos que como la juez Afiuni
y el Comisario Simonovis, emblemas de la persecución política, se pudren en las
cárceles del país; y si con ello se busca esconder el ataque a los pocos medios
independientes que quedan en el país, en violación de los derechos relativos a
la libertad de expresión y de información y al derecho de todos a ser
informados oportuna y verazmente de todos los venezolanos.
La invitación al dialogo tiene un fin
principal: lograr la legitimación interna y mostrar a los socios vendedores de
alimentos e insumos que Maduro ha sido reconocido por todos en el país, lo que
no es cierto hasta tanto se concluya el proceso que se inició con la denuncia
de fraude presentada al CNE días después del 14 de abril.
Si la invitación
fuese sincera, en un Estado en donde funcionen las instituciones y la buena fe
y la confianza prevalecieran, los empresarios deberían responder con entusiasmo
a las “nuevas políticas”, pero sabemos perfectamente que en el corto plazo un
dialogo en términos democráticos es simplemente imposible por cuanto los
modelos en juego, el totalitario de Maduro y el democrático de la oposición,
son absolutamente incompatibles y por ende excluyentes.
vitoco98@hotmail.com
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