El 16 de abril de 2013, la jueza nacional
Lucy Blacio sentenció al asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y al
exsindicalista Fernando Villavicencio a un año y medio de prisión por el delito
de injurias contra el presidente de la República Rafael Correa, mientras que el
activista Carlos Figueroa fue sentenciado a seis meses por el mismo delito. En
los tres casos, los acusados también deberán ofrecer disculpas públicas al Jefe
de Estado a través de los medios de comunicación escritos, televisivos y
radiales y pagar una indemnización calculada de acuerdo al sueldo actual del
Mandatario (superior a $6000), a partir del 4 de agosto del 2011.
En la sentencia, la Jueza afirma que "se
ha probado la existencia material del delito de injuria judicial tipificado y
sancionado en el artículo 494 del Código Penal;y que se encuentra probada la
participación de loss eñores José Cléver Jiménez Cabrera (...) Carlos
EduardoFigueroa Figueroa (...) y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, a
quienes se declara culpables en calidad deautores materiales, y se les impone a
cada uno la pena privativa de libertad de un año y medio de prisión y multa de
treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; penas que deberán
ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha". Sin
embargo, para Figueroa se establece una pena de seis meses de prisión por
atenuantes.
Asímismo, en la sentencia "Se reconoce
el derecho de la víctima a su reparación integral, disponiendo que los
ciudadanos querellados (...) ofrezcan disculpas públicas al ciudadano Rafael
Vicente Correa Delgado, por los medios de comunicación escritos, televisivos y
radiales. La publicación por cuatro medios de prensa (2 públicos y 2 privados)
de mayor circulación de un extracto de la presente sentencia que contenga la
parte considerativa y resolutiva de la misma, y como reparación económica se
dispone el pago de una remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente Correa
Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha
en que se presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la
notificación de la presente sentencia".
Este juicio se originó en 2011, a raíz de la
acusación que formularon los ahora sentenciados, respecto a que el Presidente
supuestamente había ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía,
durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Sin embargo, dicha
demanda fue desechada y el mandatario los contrademandó por el delito de
injurias.
En declaraciones a la prensa, el abogado
Julio Sarango denunció que la sentencia
es nula porque la jueza Lucy Blacio incumplió disposiciones legales para
sentenciar a su defendido Cléver Jiménez. Según Sarango, la Asamblea Nacional
no se pronunció sobre si autorizaba o no el enjuiciamiento penal al
asambleísta, por lo que esperan llevar el caso a cortes internacionales.
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