Desde el 2004, por lo menos, todas las elecciones en Venezuela han sido
afectadas por una u otra acción fraudulenta perpetrada por el régimen, desde su
aparato ejecutivo. La mayoría de las veces, el fraude ha ocupado otras áreas
distintas a los instrumentos y al personal específicos de los procesos
electorales, es decir, a las máquinas y las diligencias realizadas el día de la
votación y referidas a la interpretación de la intención del votante.
El
fraude, real y continuado, ha consistido
en un desproporcionado abuso del poder y ha constituido una flagrante violación
constitucional, enturbiando toda la naturaleza democrática de los procesos y
anulando su transparencia. Financiamiento ilegal de la campaña del candidato
oficial con dinero emanado del erario público. Utilización “hasta el cansancio”
de los recursos de difusión pertenecientes al Estado, televisión oficial y
radioemisoras bajo su control. Criminal puesta al servicio de la causa del
“candidato del gobierno”, de los empleados públicos y de todos los útiles
y enseres asignados para su funcionamiento, distrayendo su finalidad social.
Conducta criminal por fraudulenta. Cuya sevicia alcanza incluso a la rama del
poder judicial, haciéndola inútil para el procesamiento de denuncias alusivas
al fraude en curso.
Por eso hablamos en pasada entrega del “fraude continuado”
a diferencia específica del fraude en las urnas. Y sería excesivamente largo el
recordar todos los episodios constitutivos de este tipo característico de
fraude, que suele esconder su propia criminalidad.
Pero también viene sistemáticamente ocurriendo un fraude el día de las
elecciones y específicamente en cuanto a los resultados electorales que da el
CNE al final del proceso, bien entrada la madrugada del día siguiente al de las
elecciones, en la generalidad de los casos.
Fraude nunca comprobado ni
comprobable, por cuanto ocurre siguiendo una metodología que sólo podrían
alcanzar los que están “mas que metidos” en el equipo componedor de los
resultados.
Seamos claros. No es por casualidad que se dice y se repite
reiteradamente, que está contemplado legalmente, que en el 54% de las mesas los
datos reflejados por las actas serán (y son, efectivamente) “auditados”, es
decir, que se verifican los datos contenidos en las actas impresas por las
máquinas de votación con los “comprobantes” que los votantes insertaron en las
urnas correspondientes. Y esto quiere decir, en el mejor de los casos, que el
44% restante de las mesas no es objeto de tal verificación. Y aún cuando se ha
demostrado fehacientemente (Alejandro Londoño lo probó en análisis de fecha
reciente) que por razones obvias, de composición de los centros de votación,
este porcentaje en la práctica se eleva y, por lo menos, supera el del indicado
para las actas verificables, por lo cual la intención del 50% del electorado
queda bajo el control y discriminación del “equipo técnico” del CNE, no siempre
ubicado en los puestos aparentemente asignados para el cumplimiento de su
función, estaremos siempre expuestos a un fraude. ¿Qué es lo que queremos decir? Que un amplio
margen de datos es susceptible de ser manipulado fraudulentamente por los
“activistas infiltrados” del régimen, asegurando la ventaja de su candidato
sobre cualquiera otro de la oposición.
¿Cómo “alimentar” este falso protocolo
cívico? En el lapso comprendido de
Septiembre del 2003 a Marzo del 2004, justamente antes del Referendum
Revocatorio (¿) y cuando se “instala” el sistema electrónico “Smartmátic”, el
CNE anuncia una “incorporación” de 2.200.000 “nuevos” electores, vanagloriándose
en proclamar que eran ancianos, adultos, jóvenes, hombres y mujeres, “todos
venezolanos”, quienes por alguna razón se habían mantenido “fuera del sistema”
y que ahora, convencidos por la excelente propaganda oficial, expresaban, con
su inscripción en el REP, su confianza en el novedoso y revolucionario sistema
–“el mejor del mundo”-- instalado para
la democracia por la Revolución.
Téngase en cuenta, que aún hoy por hoy, el
promedio anual de nuevos miembros del padrón electoral, año tras año, nunca
(salvo esa vez) ha sido mayor de 500.000 ciudadanos aptos para votar. En un
año. En los seis meses aludidos, si
restáramos lo correspondiente a una movilización promedio –250.000 electores-- tendríamos una inexplicable cifra
“sobrevenida” de 1.950.000 nuevos compatriotas dispuestos a compartir con
nosotros el esfuerzo por escoger los mejores gobernantes para nuestro tan
vapuleado y desafortunado país.
Es más, desde esa misma fecha, el CNE tomó la
decisión, para proteger la “intimidad” de los votantes, de cerrar toda
posibilidad de revelar el domicilio de los nuevos inscriptos, de manera tal que
resultara imposible contactarlos y ni siquiera saber si habría correspondencia
entre el lugar de residencia y el centro o la mesa electoral para la cual fueron asignados “electrónicamente”.
¿Está claro? Para aquel momento, ya había un “colchón” de casi dos millones de supuestos electores incorporados al REP y al servicio de la astucia de sagaces ingenieros de programas informáticos. Una y otra vez, estos “fantasmas votantes” han decidido los resultados electorales y nunca ha sido posible identificar el fenómeno por la oposición, precisamente por que el sistema, técnicamente, no lo permite. La única forma de evitarlo sería construyendo un nuevo REP u obligando al CNE a que permita la verificación pública del 100% de las actas de las mesas de votación en todo el país.
No obstante, pisaron en falso una vez y tal falla podría conducirlos a
un nuevo fracaso. No pudieron con el otro referendum, el constitucional
del 2007, porque la legítima base
votante chavista practicó la abstención, en protesta contra un intento de
perjudicar a los padres y a las madres “del pueblo”, con respecto a su autonomía sobre la
educación de sus hijos, para los cuales la Revolución proponía una “educación
especial”. ¿Qué pasó? Se confiaron demasiado en su propia capacidad de engaño y
su “propia gente” les refutó lo que estimaron pérfida intención de
manipularles, en contra de sus intereses y voluntad, sin perjuicio de su
cualidad revolucionaria. ¿Porqué? Por que se requería y se requiere de una
activa participación mínima de solidarios fieles, para sumar sobre ella los
“fantasmas” necesarios y garantizar el triunfo.
La abstención, por
suspicacia, en el frente chavista hundió
la posibilidad de la reforma. Vuelve a presentarse la oportunidad. Podría haber
una masiva abstención chavista, porque “Maduro no es Chávez” y, además, porque
no han sido aclaradas todas las “sospechas” sobre quiénes fueron los verdaderos
culpables de la muerte del Comandante; ¡quiénes lo dejaron ir sin haber hecho
todo lo que tenían que hacer para conservarle su vida, incluso convencerlo de
que no era indispensable el episodio de la cuarta operación en Cuba!.
Por eso, sin abandonar nuestra postura radical, la cual se concentra en una exigencia de condiciones transparentes para poder creer en los resultados de unas elecciones de por si fraudulentas, concluimos recomendando a los compañeros de la oposición aprestarse a participar e ir a votar el próximo 14 de abril, porque ahora es posible, otra vez, que “el fraude no alcance” y ante una explosión de desanimados chavistas sin Chávez, quienes no tienen porqué creer en Maduro, las cifras finales, aún sin la verificación del 100% de las actas y el uso criminal de un REP evidentemente manipulable, pueden ciertamente favorecer a la opción de la oposición.
grooscors81@gmail.com
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