GUILLERMO TISCORNIA, HOSTIGAMIENTO A JORGE LANATA Y A SU EQUIPO DE PRODUCCIÓN, FUENTE EL INFORMADOR PUBLICO, DESDE ARGENTINA

Mecanismo de auto censura con claro efecto amedrentante. Quiebre de la lógica básica propia de un sistema democrático. Manifiesta trasgresión a los pactos internacionales que integran el bloque normativo de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela declarado jurisdiccionalmente país trasgresor mediante sentencia dictada por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.

1. El periodista Jorge Lanata y todo el equipo de Canal 13 que viajó a Caracas para cubrir las elecciones presidenciales fue demorado horas antes de iniciar el regreso hacia Buenos Aires.

2. “Nos detuvieron los servicios de inteligencia bolivarianos. Nos querían procesar por espionaje porque dimos a conocer la orden que tenían de vigilarnos acá, básicamente porque queríamos saber de dónde salió la orden y si había vínculos con el gobierno argentino”, relató el propio Lanata en diálogo con el canal TN.

3. Lanata, el periodista Nicolás Wiñazki y el personal técnico que formó parte de la comitiva de Canal 13 fueron sometidos a un extenso interrogatorio antes de ser liberados para abordar el avión de LAN con el que regresan a Buenos Aires.

4. El conductor del programa Periodismo para Todos reveló que los servicios de seguridad les borraron todos los datos de las computadoras y teléfonos personales.

5. “Lo que hicieron fue borrarnos todas las computadoras, todos los teléfonos, por lo que quedamos sin poder comunicarnos con nadie. Yo quise comunicarme con la Embajada argentina y no pude. Quise comunicarme con Buenos Aires y no pude”, reveló.

6. Y agregó: “Nos borraron todo. Es indignante lo que hicieron. En el fondo lo que tienen que buscar es un filtro de ellos mismos, porque lo que mostramos nosotros es un documento de ellos… Pero bueno, parece que acá el enemigo somos nosotros. Estamos bien físicamente, pero un poco alterados”.

7. Wiñazki publicó en la red social Twitter la foto de las dos personas que los siguieron durante su estadía en Venezuela.

8. La labor periodística, y en este caso la cobertura de una elección presidencial, remite a un contexto de opiniones sobre temáticas vinculadas con el interés público, por ser “de utilidad de todo el pueblo o componentes de un grupo social, esencialmente vinculado con el interés del Estado y con el interés jurídico del mismo… [en tanto] tiene que ver a todo aquello que compromete a la sociedad jurídicamente organizada, apuntando a la subsistencia de las instituciones…” (D’Alessio, Código Penal, La Ley, Tº II, pág. 167). 

Se ha sostenido que:”en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población” (CNACrimyCorrec, sala VI, cita online AR/JUR/847/2010).

9. Asimismo, la utilización de un medio de comunicación interactivo para exponer sus ideas referidas a cuestiones de interés público supone -inexorablemente- la admisión de los valores de libertad y riesgo propios del uso -en el caso: el comentario o la serie de comentarios al texto recibidos según las posibilidades de la tecnología utilizada-. Es que “[l]os valores libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los emprendedores de la nueva economía determinaron una arquitectura abierta y de difícil control. Al mismo tiempo, cuando la sociedad se dio cuenta de la extraordinaria capacidad que representa Internet, los valores encarnados en la red se difundieron en el conjunto de la vida social, particularmente entre las jóvenes generaciones. Internet y libertad se hicieron para mucha gente, sinónimos en todo el mundo” (Molina Quiroga, “Contenidos publicados en Internet”, LL del 23/02/11).

10. El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. 

Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. […] En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” ([CIDH, “Kimel vs. Argentina”, Se. del 02/05/08], párrafos 87 y 88).

11. La decisión del gobierno venezolano de interrogar a su arribo al periodista Jorge Lanata y a todo su equipo de producción supone la ejecución de un grosero mecanismo de auto censura -con claro efecto amedrentante y por ende paralizante- que resulta incompatible con la lógica de un sistema democrático; la ulterior actitud del mismo gobierno venezolano al “demorar” la salida de ese país del mismo Lanata y su equipo de producción, con la incautación del material periodístico obtenido (borradas las imágenes, aniquilada la información en las computadoras), ofrece claros rasgos totalitarios y autoritarios que nada tiene de vinculación con un sistema republicano.

12. Y lo curioso del asunto es que la República de Venezuela hubo adherido por propia decisión soberana a la constelación normativa emergente de los Pactos Internacionales que forman parte integrante del bloque de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y además aceptó por idéntica decisión soberana la jurisdicción de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, siendo –entonces- que Venezuela queda virtualmente obligada a acatar los estándares jurisprudenciales que hubo trazado dicho organismo supranacional (ej. “Kimel”, entre otros), cosa que en ocasión del incidente bajo comentario hubo ignorado por cierto olímpicamente.

13. Desde una perspectiva episódica vale recordar que la República de Venezuela ya ha recibido de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos una sentencia de condena en su contra al haberse comprobado su responsabilidad internacional con motivo de la ilegal e inconstitucional remoción de jueces ( cfr. fallo dictado por la Corte Interamericana sobre Derecho Humanos en el caso “Apitz Barbera y otros -”Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” vs. Venezuela fallo del 5/08/08- y por el cual se declarara al estado venezolano país trasgresor en el marco de los pactos internacionales ratificados por la Argentina en el contexto de la CADH.

Guillermo J. Tiscornia

Ex juez en lo Penal Económico

guilletisco@hotmail.com

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