La destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, merece
algunas reflexiones. Pretendemos generar debate sobre temas tan delicados como
los de soberanía, institucionalidad, legalidad de origen en razón de mandatos
nacidos del voto en contraste con la legitimidad de ejercicio que deben
observar los elegidos.
En todas nuestras constituciones están definidos los deberes y obligaciones del
Presidente. También están señalados los caminos a seguir en caso de graves
incumplimientos de los mismos y las causales para procurar su renuncia y
destitución. Así es en Venezuela, como lamentablemente quedó evidenciado con el
juicio contra Carlos Andrés Pérez.
Entre otros casos, podríamos señalar el de
Honduras con la destitución del Presidente Zelaya. Ahora el caso Lugo invita al
estudio y la discusión. No tengo la menor duda de que tanto la Cámara de
Diputados como el Senado, actuaron ajustados al ordenamiento jurídico vigente.
Conviene recordar que senadores y diputados, igual que el Presidente, también
fueron elegidos directamente por el pueblo que tienen la obligación de
representar y, además de las funciones legislativas, tienen las de control
sobre el poder ejecutivo. Así es que jurídicamente, el tema estaría fuera de
discusión.
Políticamente caben todas las especulaciones como efectivamente
sucede, mucho más en el exterior que en el interior de Paraguay. Los
petrochulos del continente acusan a la “derecha”, al “imperio”, a las
“oligarquías capitalistas” y, en fin, pretenden hacer de Lugo una suerte de
mártir de la izquierda revolucionaria (¿?) y llaman a desconocer la investidura
del nuevo Presidente. Por cierto, se trata del Vicepresidente electo en la
misma fórmula de Lugo. Pocos analistas se detienen en la las votaciones
parlamentarias. En ambas cámaras los acuerdos para el enjuiciamiento y la
destitución fueron por votaciones casi unánimes. Existía un enorme consenso,
incluida su propia organización política. El Presidente estaba desbordado,
incompetente. No podía, ni debía, continuar.
Sin embargo, es tiempo para que en este Continente trabajemos en
elaborar una nueva Teoría General del Estado y del Derecho. Uno de los
objetivos sería redefinir conceptos básicos en tiempos de globalización. Uno de
ellos sería el de Soberanía, cada día más reducido pero con interpretaciones
diversas que mantienen en relativa incertidumbre sus alcances reales, la
administración práctica e incluso, la titularidad de la misma. Se dice que
reside en el pueblo, el cual elige un presidente para que lo gobierne y un
poder legislativo para que lo represente, controle al presidente y legisle
adecuadamente. Todos actúan en nombre de una soberanía difusamente definida,
incluida la rama judicial cada vez menos independiente y una justicia bastante
interferida política e ideológicamente.
Debemos redefinir los alcances de la acción de los ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y los límites de los poderes públicos frente a los
derechos fundamentales de toda persona. No está claro el momento en que se dan
las condiciones para ejercer el derecho a la rebelión contra una tiranía que se
extralimita en sus funciones, restringe la libertad y se convierte, además, en
ineficiente y corrompida, características bastante comunes en muchos de
nuestros gobiernos.
oalvarezpaz@gmail.com
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