En un reciente arrebato de sinceridad, el Presidente Chavez
criticó su propio gobierno. Estando de campaña en Barcelona, dijo que él mismo
tendría que asfaltar las calles de esa ciudad y arreglar las carreteras del
estado Anzoátegui, tal es el estado de la vialidad en el país. Si el presidente
se entusiasma y se mantiene en esa onda de decirnos la verdad, comenzando tal
vez con la situación de la infraestructura, le oiremos decir en los próximos
días que:
El monto total requerido para recuperar y actualizar la
infraestructura del país, (de alrededor de 25 millardos de dólares) es casi un
tercio de lo que hemos regalado en los últimos 10 años a otros países (casi 70
millardos de dólares).
Entre los años 50 y 70 del siglo pasado, Venezuela fue líder
latinoamericano en infraestructura. Obras como la represa del Guri, el puente
sobre el lago de Maracaibo y la araña en Caracas, fueron en su momento obras de
vanguardia y referencia internacional. Hoy, nuestra infraestructura es de las
peores de la región. Diversos informes de organismos y agencias internacionales
así lo confirman. Así, por ejemplo, en un índice de calidad de la
infraestructura en Latinoamérica, elaborado por Latin Business Chronicle,
Venezuela ocupa el antepenúltimo lugar, superando apenas a Paraguay y Bolivia.
Particularmente dramática es la situación del sector eléctrico.
El país con el mayor potencial energético del continente americano, vive entre
apagones. De acuerdo con una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial,
sobre la calidad del suministro eléctrico, Venezuela ocupa el lugar 124 dentro
de 139 países considerados. Esto significa que quedamos detrás de países mucho
más pobres que nosotros, como Tanzania y Etiopía. La cuestión es seria. En lo
que va de 2012, en el país se han producido 500 apagones, es decir, un promedio
de 2,6 por día. Si bien el servicio es cada vez de peor calidad, resulta ser
uno de los más costosos de la región. Un estudio del Banco Mundial indica que
Venezuela se ubica en el tercer lugar en costos eléctricos per cápita, solo
superado por Nicaragua y Haití. La gerencia del servicio es tan deficiente, que
la recaudación nacional que hace CORPOELEC solo les permite cubrir el 50% de la
nómina del personal fijo.
El estado en el que se encuentra la infraestructura del país,
tiene tres causas fundamentales: falta de inversión en nuevas obras y
mantenimiento, pésima gerencia y excesiva centralización. En cuanto a la
primera causa, tenemos que Venezuela tiene para los últimos diez años, como
porcentaje del producto, el valor mas bajo de inversión en la America Latina.
Ese valor ha estado por debajo del 2%, mientras que Chile, por ejemplo, supera
el 6%. El Banco Mundial por su parte, recomienda que este monto sea del 9% para
los países en desarrollo.
Como gobierno no lavamos ni prestamos la batea. No invertimos en
infraestructura y tampoco dejamos o estimulamos al sector privado a hacerlo.
Mientras tanto, en la America Latina se están ejecutando proyectos de
infraestructura de todo tipo, mediante régimen de concesiones al sector privado.
En México, por ejemplo, al menos 29 proyectos operan actualmente bajo el
esquema de “prestación de servicios”. Prisiones, escuelas, carreteras,
hospitales, transportes, generadores de energía fueron adjudicados por el
gobierno federal y los gobiernos estatales al capital privado para su
construcción y explotación en contratos de hasta 30 años. En Perú, la inversión
privada ejecutada en carreteras concesionadas suma US$2.643 millones a abril
del presente año. En Colombia se estima que actualmente el 22% de sus
carreteras funciona bajo régimen de concesiones.
El capital privado que financia obras de infraestructura en
América Latina y otras partes del mundo, no es sólo el de grandes
transnacionales. En varios países de la región, los ahorros de los trabajadores
han servido también para financiar los proyectos de infraestructura acometidos
por el sector privado. Es así que en Perú los fondos de pensiones tienen
inversiones en infraestructura alrededor de 3,5 millardos de dólares; en
México, más de 6 millardos, y en Colombia, más de 9. En Venezuela, los ahorros
de los trabajadores públicos se vuelven sal y agua, bajo la administración
gubernamental.
La falta de infraestructura disminuye dramáticamente la calidad
de vida de la población y encarece los servicios. Tomemos el caso de la
infraestructura sanitaria. La ONU considera pobre a quien no recibe agua, y en
Venezuela hay alrededor de 4 millones de personas que carecen de este servicio
vital. Los más pobres son los que pagan más caro por el agua. Hoy, en Venezuela,
quienes reciben agua a través de tuberías pagan aproximadamente un bolívar por
metro cúbico de agua, mientras que quienes deben comprarla a camiones cisternas
pagan 20 bolívares por la misma cantidad. O sea, hasta 20 veces más. En el país
hay también 7 millones de personas que no cuentan con una disposición adecuada
de las aguas servidas lo cual crea entre otros problemas, riesgos de salud.
La pobre calidad de nuestra infraestructura dificulta la
inversión en nuevas empresas, y por tanto la creación de nuevos empleos. Seis
de cada diez miembros de la Confederación Venezolana de Industriales
(Conindustria) aseguran no poder aumentar la producción de sus compañías debido
a la inestabilidad de la red eléctrica.
En esta onda de auto crítica y sinceridad, el Presidente podría llegar a hacer algo verdaderamente admirable, revolucionario y sin precedentes: llamar a votar por Henrique Capriles.
gerver@liderazgoyvision.org
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