En estos días, hemos visto en Venezuela a un
gobernante ya en retirada, pero que pretende aún, con sus acciones, seguir su
práctica demoledora de las instituciones, de la economía y del poco prestigio
internacional que aún queda.
Aparte del tema de la nueva Ley laboral,
cocinada por un camarilla en las catacumbas del gobierno, a espaldas de todos
los venezolanos, el presidente de la República ha “sugerido” a sus subalternos,
concretamente, a quienes serán los miembros del Consejo de Estado, órgano éste
de naturaleza consultiva según la Constitución vigente, que estudie la salida
de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
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No sabemos si a la que quiso referirse Chávez
es a aquella, o si, más bien, la que
tenía en mente es la Corte
Interamericana, dos instancias que, como se sabe, son distintas aunque
estrechamente vinculadas por los tratados sobre la materia.
En cualquier caso, contra ambas el gobierno
revolucionario bolivariano ha arremetido un sin número de veces, acusándolas de
ser brazos ejecutores de las órdenes del imperialismo yanqui.
Son conocidos los dictámenes de la Comisión
desfavorables a Venezuela, como también las medidas cautelares y sentencias
condenatorias de la Corte.
Estas conductas apegadas a derecho, a mi
juicio, les han granjeado la animadversión del gobierno de Caracas, el cual las
considera casi que enemigos jurados, a pesar de que se han seguido los procedimientos
y se ha respetado los derechos de las partes y las normativas en cada caso.
La amenaza que profiere ahora Chávez, por
tanto, es secuela lógica de las embestidas anteriores. Pero lo que la Corte
representa para él lo resumen esta palabras: "!Hasta cuándo nosotros vamos
a estar con esa espada de Damocles¡"
Su visión acerca de las organizaciones
internacionales ha sido siempre clara. Ellas han sido, para los que gobiernan
nuestro país, una incómoda barrera que choca con su noción anacrónica de
soberanía absoluta. El Tribunal Supremo de Justicia, en su atraso conceptual y
sumisión perruna al poder ejecutivo, ha acompañado a éste en tal conducta
impropia.
Para todo gobierno despótico, cualquier
compromiso internacional que reduzca su margen de maniobra para cometer
arbitrariedades a su gusto, constituye un estorbo que debe ser puesto de
lado.
Y esto lo ratificó Chávez el 30 de abril en su
breve discurso, cuando, desgañitado, decía que no se aceptarían imposiciones de
estos entes internacionales, como si los tratados suscritos no nos obligaran a
actuar con arreglo a esos compromisos mientras estén vigentes.
La Comisión de DDHH forma parte de la
estructura de la OEA. Por tanto sería improcedente renunciar a ella, a menos
que nos salgamos de éste órgano hemisférico, lo cual, no dudo, es un íntimo
deseo del gobierno actual venezolano; de allí su apoyo entusiasta a
organizaciones como la CELAC, que él cree sea la némesis de la OEA.
La Corte, sin embargo, es un ente autónomo
creado mediante tratado aparte.
La Convención Americana de los DDHH de 1969
dispone que los órganos competentes, a sus efectos, son la Comisión y la Corte
Interamericanas.
La primera representa a todos los miembros que
integran la OEA. Y aquí este vínculo establecido por la Convención es
fundamental. Su función principal es promover la observancia y la defensa de
los derechos humanos en los pueblos de
América.
A la Corte corresponderá decidir sobre todos
los casos de violaciones de los derechos humanos que sean sometidos a su
consideración por los estados partes y la Comisión; y podrá tomar medidas
provisionales o cautelares de urgencia, cuando sea necesario y de acuerdo con
la naturaleza del caso.
La Convención o tratado que regula toda esta
materia, que forma parte del sistema interamericano de protección de los DDHH,
establece que un país podrá dejar de pertenecer a este mecanismo mediante
denuncia.
Tendrá efecto tal denuncia a partir de 1 año
de la correspondiente notificación. Por tanto, todos los compromisos de los
Estados partes se mantendrán hasta que
se cumpla tal plazo.
Para cualquier venezolano, esta amenaza cuya
concreción aún está por verse, es una
expresión más del talante y ejecutorias
autoritarios, así como del desprecio hacia los derechos humanos de los
que gobiernan.
Además de la inconsistencia con los principios
de la Constitución Nacional en vigor, con este disparate respecto del sistema
hemisférico de los DDHH, el presidente perjudica aún más la imagen de nuestro
país en el mundo.
Porque no sólo se acosa y expropia a la
inversión nacional y extranjera, o se cuestiona la legitimidad de la
institucionalidad internacional. No solo se menosprecia el principio de la
seguridad jurídica para propios y extraños.
Ahora se proyecta la imagen hacia el mundo, de
que se quiere, de un plumazo, suprimir las garantías de los derechos humanos,
representadas por las instituciones referidas, último recurso judicial que en
la hora aciaga que vivimos nos resta a los venezolanos.
No sé cuál evaluación harán al respecto los
demás países de nuestra región. No sé si vean esta declaración como una bravata
más de Chávez.
No sé si será el realismo pérfido del que
hablaba Octavio Paz, el que de nuevo se imponga. Pero hay evidencias de que
algunos parecieran no ver lo que está más claro que el agua.
Recientemente, en una Cumbre Judicial
Iberoamericana sobre “Modernización confianza pública en la justicia, nuevas
tecnologías y transparencia”, que tuvo lugar en Argentina, se aprobó una
propuesta de la delegación venezolana, presidida por la inefable Luisa Estela
Morales, para que Venezuela sea la sede de un instituto de estudios jurídicos.
¿En qué estaban pensando los delegados de esa
reunión cuando le dan tal voto de confianza a una institucionalidad que en la
actualidad está más desprestigiada que nunca? ¿desconocen estos señores que en
Venezuela no existe autonomía del poder judicial y que el TSJ se ha prestado a
los mayores desaguisados jurídicos, incluso violando los derechos humanos? ¿Que
los compromisos internacionales como los asumidos en el sistema interamericano
no se cumplen en nuestro país?
Tengo dudas acerca de si el gobierno concrete
en definitiva la denuncia de la Convención de marras.
De lo que no tengo la menor duda es que
estamos frente a unos gobernantes autoritarios e inescrupulosos que son capaces
de todo. Para quienes la garantía y protección de los derechos humanos no
tienen valor alguno.
Mientras tanto, estemos o no en la Convención
interamericana, un hecho incontrastable es que para el gobierno, ha sido letra
casi muerta.
¿Tendrá razón el joven Jaua en eso de que a
los venezolanos no nos sirve de nada la Corte Interamericana?
Ciertamente, en el gobierno arbitrario de su
jefe, no.
@ENouelV
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