Las FARC han dado un paso
adelante en el imparable proceso de paz emprendido por el gobierno de Juan
Manuel Santos liberando a los últimos diez uniformados secuestrados por la
guerrilla. El diálogo se abre paso mientras la política de seguridad pública de
Santos naufraga en medio del fragor de violentos atentados terroristas y la
creciente delincuencia común a la que nadie parece querer poner coto.
Cuando han pasado casi dos años
desde que el heredero natural del uribismo, el presidente Juan Manuel Santos,
llegara a la máxima jefatura de su país, algo que logró cabalgando a lomos de
la popularidad de su antecesor, la gestión política y económica del país deja
mucho que desear. Los indicadores no pueden ser más negativos y la inseguridad
pública, tanto la procedente de los terroristas como la común, ha vuelto a
empeorar notablemente y, según una encuesta reciente, preocupa a más del 70 por
ciento de los colombianos. Tan sólo sus ministros, los medios afines al
Ejecutivo y su cohorte de aduladores con escaso convencimiento, junto con
algunos “comunicadores”, consideran todavía que la gestión de Santos ha sido
exitosa a estas alturas de la película.
Fruto de la inacción política
que percibe la ciudadanía con meridiana claridad —aunque el diario El Tiempo,
fiel al presidente, sigue tratando de negarlo—, hace apenas unas semanas, el
sábado 17 de marzo, una columna de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) atacó a un destacamento militar en el departamento de Aracua y
causó la violenta muerte de once uniformados, un suboficial y diez soldados.
Pero lo más decepcionante fue la reacción del presidente Santos, quien señaló
directamente a los militares muertos de ser los responsables del atentado por
no haber cumplido con los protocolos de seguridad. ¿Inaudito, no?
También hace unas semanas el
departamento del Chocó sufrió un paro armado “decretado” por las FARC. El
departamento, uno de los más pobres del país pero paradójicamente rico en
materias primas, ha sufrido pérdidas por valor de casi cien millones de dólares
y ha estado paralizado durante una semana. Nadie hizo nada de nada, nadie movió
un dedo. Solamente cuando la noticia se conoció a través de los medios y fue
denunciada por las organizaciones locales, el gobierno de Juan Manuel Santos
reaccionó y decidió convocar un Consejo de Ministros en la región que llegaba,
cuando menos, demasiado tarde.
Como señalaba el diario El
Espectador muy acertadamente, “que en silencio el departamento de Chocó haya
estado inmovilizado, atemorizado y con hambre una semana, por cuenta de la
amenaza de paro armado por parte del frente 57 de las FARC, no dejó muy bien
parada al gobierno en materia de orden público”.
Otro asunto son los ataques
terroristas a los sectores estratégicos del país, como por ejemplo el minero.
La minería es hoy uno de los sectores que más atrae a los inversores
extranjeros que vienen a Colombia a hacer negocios, también es uno de sus
principales motores económicos. Las FARC también la tienen en su punto de mira,
como era fácil de prever.
ATAQUES CONTRA PETROLERAS
El terror contra esta industria
y contra quienes trabajan en ella se ha extendido en estos últimos meses, tal
como señala muy atinadamente el analista Mauricio Vargas: “Las cifras asustan.
Doce ataques guerrilleros contra la infraestructura petrolera en los dos
primeros meses del año, cuando habían sido 31 en todo 2010, antes de comenzar a
aumentar en 2011; 43 empleados y contratistas vinculados a la producción de
crudo secuestrados en 2011, cinco veces más que en 2010; este año van 11
plagios, un ritmo que, de mantenerse, haría de 2012 el peor año en este rubro
en lo que va de siglo”.
Las cifras hablan por sí solas,
la inseguridad aumenta y el Ejecutivo de Juan Manuel Santos sigue de
vacaciones, y nunca mejor dicho.
Un reportaje reciente del
diario El Espectador informaba, en esta dirección que tanto preocupa a los
colombianos, que en los 19 meses del presidente Santos al frente del poder en
Colombia ha habido más de 200 atentados terroristas, unos dos centenares largos
de víctimas, un sinfín de heridos y un coste incalculable en daños materiales.
La responsabilidad, obviamente, corresponde casi mayoritariamente a las FARC.
La batalla por la seguridad,
que había sido ampliamente reivindicada y desarrollada con éxito por el
expresidente Álvaro Uribe, que gobernó entre los años 2002 y 2010, parece ya un
desiderátum abandonado por el actual Ejecutivo.
Santos parece más dedicado a
los golpes de efecto retóricos, efectistas y mediáticos, como por ejemplo el
mensaje dirigido a la nación una vez lograda la liberación de los últimos diez
uniformados en poder de la sanguinaria guerrilla de las FARC, pero carentes de
contenidos y soluciones prácticas para una ciudadanía cansada de la “cascada”
de anuncios (y nombramientos millonarios) inútiles, que al ejercicio de un
gobierno responsable y a la altura de las necesidades de un país cada vez más
cuestionado.
¿Puede Colombia volver a la
lista de Estados fallidos de la que le había sacado Álvaro Uribe? De continuar
el actual camino, claro que sí. Sin seguridad no hay nada, ni prosperidad ni
bienestar.
Y como fruto de este abandono
de la política de seguridad democrática que abanderó Uribe hoy los colombianos
se encuentran con que las FARC siguen golpeando con fuerza en casi todo el
país, habiendo causado sensibles daños a la fuerza pública en los pasados
meses; la banda criminal los “Urabeños” campa a sus anchas en una buena parte
del territorio colombiano y en el mes de enero consiguieron paralizar, ¡ni más
ni menos!, que a siete departamentos (provincias) colombianos; y que las
ciudades de Cali, Medellín, Cúcuta, Pereira y Barranquilla se encuentren en la
lista de las 50 más peligrosas del mundo.
Mientras este escenario
preocupante se desarrolla, sobre a todo a nivel cotidiano pues las poblaciones
más vulnerables siguen siendo las más humildes, el gobierno exhibe un
triunfalismo que desconcierta y, desde luego, no tranquiliza a nadie.
Por ejemplo, a estas alturas,
aparte de buenas intenciones y varios paquetes legislativos sin traducción
práctica en la adversa realidad del país, se sigue echando en falta un
verdadero plan de infraestructuras que merezca tal nombre, una reforma del
caótico e infuncional sistema (¿?) de salud colombiano y una profundización y
mejora en la educación pública, cada vez menos universal y que ahonda la brecha
en la sociedad más injusta de América Latina, tal como señala el coeficiente
Gini.
DIÁLOGO POLÍTICO
También existe un claro
“coqueteo” con los países bolivarianos, pero especialmente con Cuba y
Venezuela, algo que preocupa a los amigos tradicionales de Colombia. Según
señalan algunas fuentes, podría haber una intencionalidad política en estos
acercamientos: buscar a toda costa un diálogo político con las FARC.
Según el periodista venezolano
Nelson Bocaranda Sardi, Santos habría tratado en su reciente encuentro en La
Habana con los líderes de Cuba y Venezuela, Raúl Castro y Hugo Chávez,
respectivamente,el candente tema de las FARC, a pesar de que oficialmente se
iba a tratar solo el boicoteo de los Estados Unidos a Cuba en la Cumbre de las
Américas, a celebrar en Cartagena de Indias este mes de abril.
Y es que, según Bocaranda, el
año pasado el extinto jefe de las FARC, alias Alonso Cano, y su hoy máximo
líder, Rodrigo Londoño, alias
Timochenko, habrían viajado a Cuba en un avión de la empresa estatal venezolana
PDVSA, “escapando del cerco del ejército colombiano”, para hablar con Fidel
Casto y ponerlo al tanto de “la realidad de la organización guerrillera”. Y
agrega: “Las cartas las tiene Juan Manuel Santos. Cuba podría ser el destino
final de los jefes guerrilleros para lograr un acuerdo del cese al fuego y de
liberación de todos los secuestrados. La fuerza militar colombiana ha sido
demostrada en su totalidad y la guerrilla lo sabe.Ya en tres oportunidades han
estado cerca de los dos. Ambos lo saben”.
Santos, como buen animal
político que es, busca un prestigio internacional a través de un acuerdo con
las FARC que nunca le dará su deficiente gestión del país en el día a día,
quizá con la vista puesta en dos objetivos de amplio calado, como serían el
puesto en la Secretaría General de las Naciones Unidas o el Nobel de la Paz. O
ambos al mismo tiempo.
El riesgo de esta apuesta, como
ha ocurrido con intentos pasados de diálogo con las FARC, es que puede fracasar
en el intento y erosionarse políticamente quizá para siempre, como le ocurrió
al conservador Andrés Pastrana en esta apuesta tras el despeje de la región del
Caguán para la ‘muchachada’ guerrillera.
Las FARC saben que Santos se
juega mucho en este “juego” —el presidente es un consumado jugador de póquer— y
nunca negociará si no van a obtener réditos políticos.
Mientras tanto, entre
bambalinas, las negociaciones ya se hacen muy evidentes y es casi innegable el
carácter de mediadora de la exsenadora y controvertida dirigente liberal Piedad
Córdoba, cuya cercanía política con las FARC molesta a más de uno en Bogotá y
causa lógicos recelos en las Fuerzas Armadas. De naufragar en este intento,
Santos tendrá pocos resultados que ofrecer a una ciudadanía que cada día se
muestra más decepcionada ante el actual estado de cosas y que no oculta, por
mucho que le pese a algunos, una cierta nostalgia de la larga (y tranquila) era
uribista. Veremos qué pasa en los próximos meses.
De momento, ya es una realidad
la liberación de los diez últimos uniformados en poder de las FARC. La lista de
liberados la componen los policías Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto
Romero, José Libardo Forero, Wilson Rojas Medina, Carlos José Duarte y César
Augusto Lasso Monsalve, y los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Robinson
Salcedo Guarín, Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y Luis Arturo Arcía.
Todos ellos han llegado sanos y
salvos de noche desde Villavicencio a Bogotá en sendos aviones de la Policía
Nacional y de la Fuerza Aérea junto a sus familiares. Estos colombianos han
pasado en cautiverio en manos de la guerrilla de las FARC algunos desde el año
1998 y otros desde 1999.
Fuente: Cambio16 (Spain)
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