IVÁN OLAIZOLA D’ALESSANDRO: MÉDICOS O TRABAJADORES SOCIALES (PARANINFO)

Un cordial saludo a mis colegas ingenieros industriales en ocasión de nuestros 48 años de graduados.

Una nueva polémica se ha desatado en el país ante el anuncio del gobierno de la graduación de la primera promoción de los llamados Médicos Comunitarios Integrales. Para quienes hemos desempeñado posiciones importantes de dirección académica en nuestras universidades nos resulta incómodo intervenir en este tipo de discusión, ya que están involucrados jóvenes estudiantes que han dedicado varios años de su juventud en procurarse una profesión, sin embargo pensamos que tenemos una responsabilidad con el país, con su academia y con los propios estudiantes y sus familiares y por tanto debemos emitir algunas opiniones al respecto, aun a riesgo de que se tome como una posición política, tal como se suceden las cosas en estos años de la llamada “revolución socialista”.

Hasta donde tenemos entendido la ley de Universidades de 1958, reformada parcialmente en 1970, tiene plena vigencia, en tanto y cuanto no colida con la actual Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Educación. En ella está claramente establecido como es el procedimiento para la creación de instituciones universitarias (artículos 8 y 10) y la creación, eliminación, modificación y funcionamiento de Facultades, Escuelas, Institutos y demás divisiones equivalentes en las universidades (numeral 4 artículo 20) y creemos que ninguno de los artículos señalados colide con los instrumentos legales citados. Haciendo memoria sabemos que la Universidad de la Fuerza Armada (UNEFA) surgió de una transformación natural del Instituto Universitario Politécnico de la FAN (IUPFAN), siguiendo el modelo de la UNEXPO, y su creación siguió los canales regulares y obtuvo la opinión favorable del CNU en su momento. Aun cuando no conocemos con exactitud el procedimiento seguido para la creación de la Universidad Bolivariana (UBV) suponemos que igualmente cumplió con lo establecido en la ley. En lo que si no estamos muy claros es cómo se crearon algunas facultades o escuelas en ambas instituciones, en especial las que forman profesionales de la salud.

Sería interesante que esas instituciones dieran a conocer los proyectos que se presentaron en su momento para solicitar la creación de esas dependencias universitarias, los estudios de factibilidad, justificación, y demás requisitos legales, y la opinión que en su momento debieron haber emitido los organismos competentes tales como los núcleos de Ciencias de la Salud, las propias facultades de medicina, la comisión ad-hoc que debió nombrar el CNU y la evaluación obligatoria que debió hacer la OPSU. Igualmente las decisiones tomadas por el CNU donde autorizaba a esas universidades para crear esas dependencias. Ello ayudaría a esclarecer muchas dudas sobre la legalidad de esa carrera.

Eso en el plano estrictamente legal, ahora la otra consideración importante es en el orden académico y profesional. Debería aclararse muy bien el pensum de estudio de esa carrera, sus exigencias, sus alcances, las credenciales académicas del personal docente, el número de unidades crédito en fin, todo lo que pueda ayudar a aclarar definitivamente la calidad y pertinencia de esos nuevos profesionales. No creo que lo más prudente sea dar respuestas políticas como las dadas por la actual ministra de la salud, la decisión tomada por la AN con la reforma de la ley del Ejercicio de la Medicina y el discurso trillado del socialismo del siglo 21. Esos jóvenes cuando tengan que enfrentar un paciente no les servirán de mucho los discursos del “comandante en jefe”. El paciente y sus familiares le exigirán salud, solución para sus males. Más que una simple aspirina y una imagen del Che. Otra solución es sincerar los verdaderos conocimientos de estos graduandos y otorgarles en consecuencia el título profesional idóneo que los habilite en una particular disciplina. Todas las opiniones de especialistas coinciden en señalar que ellos no son equiparables a los médicos cirujanos que egresan de las otras universidades nacionales. No es que sean más o menos, simplemente pareciese que tienen una formación profesional diferente. Y es posible que con un acertado título profesional sean unos buenos profesionales de gran utilidad para el país. No hacerlo es engañarlos, es estafarlos, es ponerlos a competir en condiciones desfavorables, es exponerlos a correr el riesgo de someterlos al escarnio público y de cometer mala praxis. Sin embargo si estamos equivocados sobre el particular hay una salida muy académica. Se podría realizar una evaluación o examen público, de oposición, bajo reglas bien claras, con jurados idóneos e imparciales, entre egresados en medicina comunitaria integral y egresados de médicos cirujanos. Así de simple. 

Iolaizola@hotmail.com

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