Es cada día más clara la dificultad que tiene el Estado colombiano para funcionar.
Es exagerado afirmar que en Colombia el Estado haya fracasado. Pero sí es cada día más clara la dificultad que tiene para funcionar y las trabas que impone a los ciudadanos. Los colombianos, sin embargo, lo soportan, y a su optimismo debe atribuirse el satisfactorio crecimiento económico.
La semana pasada asistí a una reunión en que se revisó cuidadosamente la evolución reciente de la economía colombiana, con base en la información que divulgó el Dane sobre la expansión del PIB en el segundo trimestre del año. Se analizaron las fuentes del crecimiento de 5,2 por ciento anual para concluir que la dinámica del consumo privado explica en muy buen grado ese resultado. De hecho, el consumo de los hogares completó, en junio pasado, cuatro trimestres consecutivos de incremento superior al del PIB, liderado por la compra de automóviles y electrodomésticos. La producción doméstica no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna por lo que no es de extrañar que las importaciones también aumenten a un ritmo elevado (28,4 por ciento anual). No solamente se ha expandido el consumo privado. La inversión en maquinaria y equipo ha venido en ascenso y la tasa de inversión se ubicó en 27,4 por ciento del PIB en el segundo trimestre, una cifra históricamente importante para la economía colombiana.
Pero, ¡sorpréndanse ustedes! La demanda pública -la que se origina en el Estado- actuó como un freno del crecimiento por la caída de 7,4 por ciento anual en la construcción de obras públicas y la muy ligera expansión del gasto público, 1,8 por ciento anual. Cuando todos esperábamos que el gasto público aumentara este año por las necesidades de la reconstrucción de la infraestructura de transportes, afectada notablemente por el fuerte invierno de finales del año pasado, pues ocurre que el Gobierno no ha sido capaz de emprender esa reconstrucción, ni de iniciar las nuevas obras que los empresarios piden a grito herido. Eso a pesar de las buenas intenciones de los diferentes funcionarios que tienen que ver con el tema.
¿Qué pasa con la administración pública? No se puede decir que sea problema de falta de recursos financieros. Un dato sin explicación es que la Tesorería General de la Nación mantenía, a mediados de septiembre, depósitos en el Banco de la República por la friolera de 14 billones de pesos, es decir, cerca de 7.000 millones de dólares, cifra en la cual no se incluyen los depósitos de las entidades públicas en los bancos comerciales del país. Lo que hay es plata. Todo parece indicar que al finalizar el año el déficit fiscal de la Nación y del sector público en su conjunto será inferior al inicialmente proyectado.
Si las intenciones son buenas, si hay fondos, si no hay riesgo de un desequilibrio macroeconómico mayor, y el Estado no gasta, es que los gerentes públicos no están haciendo la tarea. Una hipótesis sobre la razón de esta incapacidad pareciera residir en el temor de los funcionarios de tomar decisiones, en razón de la explosión de escándalos de corrupción y el ingreso a las cárceles del país de un sinnúmero de individuos vinculados en el pasado al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Una complementaria es que el sistema de contratación hizo crisis. Y otra adicional sería la falta de proyectos de inversión pública, debidamente estructurados, que puedan ejecutarse en forma rápida.
El Estado no puede dejar de cumplir funciones sociales y económicas básicas para convertirse, simplemente, en un obstáculo para las actividades del ciudadano, como en efecto sucede. El gran propósito del Gobierno debe ser lograr que, efectivamente, el Estado funcione y deje de estorbar. Pasar de las buenas intenciones a la buena gerencia pública.
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