Solo una condición es necesaria y suficiente para que ello ocurra: en democracia los ciudadanos están informados para evaluar política y personalmente si el gobernante enfermo está capacitado para ejercer sus funciones.
Este no es el caso de lo que ocurre en Venezuela, un país, con mala calidad y rol pervertido de unas instituciones y poderes públicos que convergen por una revolución política en un poder hegemónico y centralista; no califica con la “normalidad” institucional mencionada para administrar con éxito la enfermedad del Jefe del Estado.
La primera condición – información libre y formal- no se cumple, los venezolanos no poseemos información oficial documentada en los poderes públicos que certifique que el Presidente está bajo tratamiento médico, excepto la que el trasmite informalmente y que se emite con elevado contenido político, lo cual es absolutamente perverso.
Por lo tanto y por inducción del propio discurso político, un hecho normal como una enfermedad, ha alcanzado niveles de paroxismo político y polarización. La “cultura” del venezolano que en las peores condiciones lo dota para desearle, hasta a un enemigo rápida recuperación y mejora en su estado de salud, ha sido perturbada en una especie de teatro del absurdo -a lo Ionesco- para aceptar un hecho absolutamente normal como una enfermedad del Presidente.
Gobierno y partido en función de objetivos electorales no escatima recurso alguno para polarizar el impacto de la supuesta enfermedad, y hasta empresas de opinión pública aliñan la controversia creando una especie de “parábola” mediática donde se juega políticamente con la ingenuidad de las estadísticas la relación entre el evento de salud y los chances electorales del presidente. Así, la opinión pública se ha dividido en torno a creer o no la enfermedad del Presidente, más allá de los rasgos externos. Si el Presidente está enfermo merece cura y descanso, y el país debe minimizar los costos relacionados.
Por lo tanto y en relación al desorden institucional causado durante todos estos años por la misma acción del gobierno en su agenda revolucionaria de violencia política institucionalizada dirigida a acabar con la economía privada y que ha descapitalizado la capacidad productiva de la gente y sus empresas con expropiaciones, violaciones de contratos, mutilación del marco jurídico que desestabiliza la actividad económica, se agrega ahora este evento mal administrado de la enfermedad presidencial, por no disponerse publica y oficialmente información certificada.
Esta especie de teatro del absurdo ha incrementado el grado de incertidumbre y sus efectos en la economía causando mayor stress a la salud económica de la nación, con impacto negativo al consumo, inversión y empleo.
Esa incertidumbre se manifiesta en compras nerviosas, incremento en el efectivo circulante en manos del público y distorsión de la liquidez monetaria, parálisis en proyectos de inversión, desempleo, y desde luego contracción de la actividad económica. Los indicadores económicos a nivel microeconómico de estas últimas ocho semanas muestran esos efectos perversos causados por ese entorno de ingobernabilidad. Y suma al estado de anormalidad de la actividad económica en estos años donde se siente los efectos perversos de la descapitalización de la economía inducida por agenda política en estos diez años y cuyas consecuencias son tangibles en los anaqueles de los mercados que muestran escasez orgánica y crónica de bienes de primera necesidad, creciente desempleo, deficiencias extremas y suspensión de servicios públicos, electricidad y el del deterioro continuo de la infraestructura vial, con un parque automotriz mostrando una obsolescencia de más de 10 años, un parque aéreo del cual en los últimos días se ha podido observar los efectos de la descapitalización de ese sector; por deterioro del plantel educacional, de salud, de seguridad ciudadana; de desbordada inseguridad personal y de cuerpos de seguridad impedidos por cientos de razones políticas de cumplir su oficio de velar por la integridad ciudadana.
El “el control de cambio” declarado por el Presidente en Enero del 2003 como “un control político” muestra un extremo racionamiento de divisas en CADIVI, donde el Estado y el gobierno ya son el primer demandante y con privilegios para importar bienes y servicios.
En estado de perversión se encuentra el mercado de valores SITME donde es posible vía subastas adquirir algo de divisas pero a un precio 25% mayor que del dólar-CADIVI. Ello es indicativo de una severa crisis de balanza de pagos, aun con el petróleo a 85$/barril, y que se agudizará dado el entorno recesivo que parece apoderarse de la economía mundial.
Las reservas internacionales liquidas apenas cubren unos tres meses de importación y en una economía donde por ejemplo, una arepa hoy se construye con 2/3 partes de insumos importados, la vulnerabilidad del consumo básico de la gente por balanza de pagos es evidente. El impacto lo vemos en escasez e inflación, fenómenos que se agudizaran dado el outlook de un “retorno” a una recesión o estancamiento, que ya muestra una caída de un 18% en los precios del petróleo de sus máximos de fines del invierno.
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