La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos, integrada por más de 250 organizaciones de la Región. Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y capítulo regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD) alerta con carácter de urgencia, sobre el reiterado desacato del gobierno venezolano a las directrices emanadas por diversas instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Se contabilizan las actuaciones de la Comisión Interamericana por el cierre de RCTV y el caso de la jueza Lourdes Afiuni, destituida por cumplir con las garantías procesales previstas en el ordenamiento jurídico venezolano y sometida luego a prisión y tratos crueles. Ambos casos han contado con diversas actuaciones por parte de instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero igualmente inobservadas por los órganos judiciales y gubernamentales venezolanos. De igual manera, se menciona la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de los jueces destituidos de la Corte Primera de Venezuela. Recientemente, sobresale el caso de sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), la cual califica de ?inejecutable? la sentencia emitida el 1º de septiembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se ordena la habilitación de varios venezolanos a los cuales se violentaron sus derechos políticos con medidas administrativas arbitrarias e inconstitucionales, violatorias del Pacto de San José, y se les impide postularse para cargos públicos. Dentro de este grupo de venezolanos se encuentra el señor Leopoldo López, quien aspira a participar como candidato a un cargo público, pero la decisión del TSJ viola sus derechos políticos y establece un mal precedente en cuanto al cumplimiento obligatorio de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de carácter vinculante y de obligatoria ejecución, por lo que cualquier inobservancia es inaceptable y contraria a la estabilidad, aplicabilidad y credibilidad de las decisiones emanadas a lo interno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, violando flagrantemente el Pacto de San José y constituyéndose en un atentado directo contra toda la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos.
La Constitución Política venezolana establece en su artículo 23 que: *Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno...*. Además, los artículos 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana especifican la sujeción al Estado de Derecho como ejercicio de la democracia representativa, el respeto al orden constitucional, los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder político y la separación e independencia de los poderes públicos como norma necesaria para una democracia consolidada. La Corte Interamericana tutela la sujeción Estado de Derecho, pero si sus sentencias son incumplidas el Estado de Derecho se lesiona.
Ante ello, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:
* Respalda las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la vez que solicita una respuesta de la Asamblea General y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que manifieste el irrespeto beligerante de Venezuela con respecto al Sistema Interamericano, a la vez que se impongan sanciones ejemplares por tal incumplimiento.
* Solicita una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, para que se examine el desacato público del Gobierno de Venezuela a los principios rectores normados en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.
* Apela al artículo 18 de la Carta Democrática que faculta al Consejo Permanente y Secretario General de la OEA a realizar gestiones cuando en un Estado Miembro de produzcan situaciones que puedan afectar el proceso político institucional o el ejercicio del poder.
* Insta a los diferentes gobiernos del continente a manifestarse en contra de cualquier hecho que exprese un irrespeto e inobservancia hacia el Sistema Interamericano.
* Urge a la Sociedad Civil Organizada, medios de comunicación, grupos empresariales, activistas y fuerzas vivas de la región para que exijan el respeto de lo estipulado en el Pacto de San José.
El irrespeto a las sentencias de órganos competentes de grado superior como lo son las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ponen en juego la integridad, institucionalidad y vigencia del sistema interamericano y abre paso a violaciones directas y sistemáticas de derechos civiles y políticos que acabaran lesionando y enterrando los cimientos del sistema mismo.
RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA.*
*Esta declaración ha sido aprobada por la Coordinación General de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia que representa a 260 organizaciones a nivel regional y cuenta además, con la ratificación expresa de las siguientes personalidades y organizaciones firmantes:
Personalidades:
Ángel Eduardo Marín (Colombia)
Carlos E. Ponce (Venezuela)
Carlos E. Tinoco (Venezuela)
Diego Marcelo Sueiras (Argentina)
Donagee Sandoval (Venezuela)
Elisabeth Ungar Bleier (Colombia)
Enrique Arturo de Obarrio (Panamá)
Giovanni Ginatta (Ecuador)
Jacqueline Sandoval (Venezuela)
Jaime Vintimilla (Ecuador)
Javier Loaiza (Colombia)
Joel Brito (Cuba)
Karem Holmquist Holmquist (Venezuela)
Laura Alonso (Argentina)
Luis Francisco Cabezas (Venezuela)
María José Zamora (Nicaragua)
Marta Gaba (Argentina)
Milos Alcalay (Venezuela)
Óscar Álvarez Araya (Costa Rica)
Pablo Innecken (Costa Rica)
Paula de Castellanos (Guatemala)
Rodrigo Diamanti (Venezuela)
Rosa Inés Ospina-Robledo (Colombia)
Ruth Hidalgo (Ecuador)
Xavier Utset (Costa Rica)
Organizaciones:
Consorcio Desarrollo y Justicia A.C de Venezuela
Convite A.C de Venezuela
Corporación Participación Ciudadana de Ecuador
Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA)
Fundación para el debido proceso A.C (FUNDEPRO) de Venezuela
Fundación para la Unión Democrática del Pacífico-Costa Rica.
Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC)
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