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lunes, 28 de marzo de 2011

PAZ INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS. VÍCTOR RODRIGUEZ CEDEÑO

Ante la preocupante "adevertencia"  de Chavez que de ocurrir en el pais algo similar a lo que está pasando en Libia respondería de manera similar a como lo está haciendo Gadafi, conviene reiterar algunas reflexiones.

En primer lugar, debe estar claro que hubo un acuerdo internacional general de respaldo a la población civil libia, a sus derechos y a su integridad física;  y, una firme condena al régimen de Gadafi, por las atrocidades cometidas por sus fuerzas armadas, las milicias especialmente creadas para ello y los mercenarios contratados para “acabar” con la población civil, como lo habrían dicho algunos de sus dirigentes.

Si bien hubo un acuerdo general de la comunidad internacional en favor de una actuación del Consejo de Seguridad, incluso, de la aplicación de las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta, que suponen el uso de la fuerza, el régimen venezolano, junto al cubano y otros pocos, insiste en defender y justificar los crimenes del dictador libio y en acusar irresponsablemente al Consejo y a los occidentales “imperialistas” de actuar en Libia para invadirla, desintegrarla y apoderarse de su riqueza petrolera, desconociendo deliberadamnente que el Consejo, en su resolucion 1973, reafirma “su firme compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional de Libia.”

En segundo lugar que, distintamente a otras situaciones examinadas antes, el Consejo de Seguridad, el órgano que tiene “la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales” actuó antes de que la “situación” se convirtiese en un conflicto armado interno, en defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la población. En efecto, el Consejo y la comunidad internacional, así como otros órganos internacionales, actuaron en clara defensa de la población civil que protestaba legítima y pacificamente para exigir cambios políticos que, en todos los casos, se traducían en la exigencia del respeto de sus derechos fundamentales y de las libertades, subrayándose, incluso, “la necesidad de respetar las libertades de reunión pacífica y de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación.”

Al inicio de la “situación” la preocupación de la comunidad internacional no se refería de manera estricta al surgimiento de un conflicto armado interno que pudiere signficar la ruptura de la paz y la seguridad inetrnacionales o una amenza a éstas. La preocupación se centraba en la protección de los ciudadanos libios que manifestaban pacífica y legitimamente y que eran objeto de ataques desmesurados, de tal gravedad que, como lo dice el mismo Consejo y mas tarde el Fiscal de la Corte Penal Internacional, podían constituir crímenes de lesa humanidad.

En la resolución 1970 el Consejo de Seguridad deplora  “la grave y sistemática violación de los derechos humanos incluida la represión de manisfestantes pacíficos, expresando  profunda preocupación  por la muerte de civiles...” Igualmente importante, el rechazo expreso a “la incitación a la hostilidad y la violencia contra la población civil formulada desde el más alto nivel del gobierno libio .”  

Llamar a la violencia, a pulverizar al enemigo, a buscarlo en cada casa, a freir sus cabezas como han dicho algunos, es absolutamente condenable y no solamente cuando se trata del Jefe del Estado o de sus Ministros, sino de periodistas y otros que recurren a los medios para incitar a la violencia.

Otro cuestion a retener es la remisión de la “situación” a la Corte Penal Internacional por considerar que tales atrocidades podían significar crímenes de lesa humanidad. De nuevo el Consejo recurre a la facultad que le otorga el Estatuto de Roma, para que la CPI pueda ejercer su jurisdicción, en relación con crímenes realizados en el territorio de un Estado no parte. Antes ya lo había hecho en el caso de Bashir, Presidente de Sudán, desde 1993, hoy prófugo de la justicia internacional sobre cuya orden de captura por la Corte Chávez habría dicho en el 2009 que era "un adefesio jurídico y un atropello politico no sólo para Sudán si no para todos los pueblos del tecer mundo."

A fin de cuentas, la responsabilidad penal individual de Gadafi, de sus minitros, militares, de los miembros de sus milicias armadas creadas para reprimir y los mercenarios llamados para acabar con la población civil, será establecida en su momento. Dentro, si las condiciones lo permiten una vez superada la crisis; o fuera, en la Corte Penal Internacional. Otra referencia a considerar por los regímenes con serias tendencias represivas.

Esta vez la protesta pacífica y la represión precedieron a la ruptura de la paz internacional o de una amenaza a ésta, incluso a un conflicto armado interno. La relación entre paz y seguridad internacional y derechos humanos, democracia y libertades fundamentales sale fortalecida en estas resoluciones que son, en definitiva, la expresión de los valores la comunidad internacional en su conjunto.

victor rodriguez cedeño
vitoco98@hotmail.com
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