Para lograr un equilibrio responsable entre libertad e igualdad en una verdadera sociedad democrática, es necesaria la voluntad política compartida que garantice lealmente y sin cortapisas la libertad de prensa, de modo que haya tanto un cabal reconocimiento de la libertad de expresión, como un resguardo del derecho de la sociedad venezolana a informarse debidamente.
Este es un derecho fundamental del público: a ser informado, considerado como parte de un acto de justicia: el dar a nuestra sociedad una correcta percepción de sí misma, al tiempo que se permite a cada persona tener una adecuada integración al entorno que lo rodea. Con la adecuada información de los medios cada persona tiene más opciones donde elegir, lo que aumenta, consecuentemente, la libertad social.
Así, la libertad de información o libertad de prensa puede sustentar tanto una libertad de expresión para todos los ciudadanos, como también el respaldo más profundo de un derecho a la información.
Eso significa no solamente asumir el valor de la libertad de expresión individual sino el valor de la expresión medido también en términos de beneficio público.
Es trascender una interpretación de libertad puramente individualista, para llevarla también a nivel de institución social, a través del reconocimiento de un derecho.
¿Existe en nuestro paìs este llamado derecho a la información? ¿Y vale la pena reconocerlo? Antes que nada es necesario establecer que la libertad de expresión es el primer fundamento de un régimen autenticamente democrático.
Toda persona debe, al menos en teoría, tener el pleno derecho de expresar libremente sus opiniones, recoger la información que estime conveniente, y darla a conocer. Pero si se sigue esa línea de pensamiento hasta sus extremos, la existencia de cualquier medio informativo en la medida en que limita la expresión de todos a algunos (nadie puede exigir que una empresa publique algo), sería una limitante de la libertad de expresión, así entendida. Aun cuando se sustente en el derecho de propiedad.
Uno de los desafíos del Estado democrático moderno radica, entonces, precisamente en asegurar a sus ciudadanos que reciban la máxima información posible. Y eso puede ser por vía de garantizar a todos la expresión de sus opiniones, ser fuente informativa y acceder a otras.
Pero también por regular una profesión periodística entendiendo que a quien informe profesionalmente puede tomársele cuenta de sus acciones, especialmente desde perspectivas legales y éticas. La profesión informativa se constituye, así, en torno al deber de informar.
En 1985, en un simposio sobre La verdad y la prensa, seis periodistas norteamericanos analizaron la relación entre prensa y gobierno; allí uno de ellos, Francés Fitzgerald, señaló: « el público tiene derecho a saber, equivale a afirmar que el gobierno tiene el deber de permitir que las personas reciban la información que necesitan como ciudadanos de una democracia».
En síntesis, y para efectos de los medios, la relación entre democracia y libertad tiene:• un ámbito general que es acrecentar la libertad de todos y cada uno de los hombres, • una libertad más específica que se basa en ésa más general: la libertad de expresión y de prensa.
Y finalmente ella deriva en el establecimiento del derecho a la información y de su subsecuente deber de informar, como una garantía mayor de la libertad de expresión y como manifestación de un objetivo valórico de la libertad de prensa.
Porque lo que no puede suceder nunca es que el concepto de libertad del hombre se asocie a una gracia otorgada por la autoridad, y la libertad de expresión termine por convertirse, como sucedió en algún momento en Grecia, en «permiso para la libertad de palabra». La libertad de prensa es el concepto que traspasa a las empresas parte del poder individual de la libertad de expresión. Esto es legítimo, si se resguardan los intereses del público, o sea los intereses de los hombres, más aún de cada hombre. No lo es si solamente genera un grupo de poder.
Por esta razón, desarrollar el derecho de la información es -en síntesis- proteger la importancia general del principio de libertad de expresión e introducir en la democracia venezolana el verdadero concepto de deber de informar y de opinar.
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