Cada día que pasa, uno o varios hallazgos van dándonos una idea más cabal de la magnitud colosal que tiene el escándalo político, administrativo y moral de los contendores.
Ya los descubrimientos andan por las 130 mil toneladas. Ciento treinta millones de kilogramos de alimentos. Casi cinco kilos de comida por venezolano. Desde que empezó el torneo de los “yo no fui” y “yo no sabía” en el rojo universo del poder concentrado y descontrolado, empezó a trascender que en realidad, muchos lo sabían y no pudieron, no supieron o no quisieron hacer nada.
Si la Asamblea no cumplió con sus deberes de vigilar el ejercicio del poder y el gasto de los recursos públicos, se convierte en un gigantesco contenedor de la administración descompuesta. Si la Fiscalía no actuó oportuna y eficazmente, porque todo indica que hay medio mundo metido en ese desastre y no tres “chinitos”, se convierte en un contenedor que oculta el delito. Si la Contraloría no controló a tiempo, se convierte en un contenedor de la corrupción.
El contenedor es un símbolo de un modo de gobernar descompuesto. Dañado por la concentración de poder que siempre es mala, y peor si carece de controles. Corrompido por la adulación. Podrido por la impunidad. Una noción del poder que debilita a la sociedad para fortalecer al Estado, y debilita al Estado al someterlo a la voluntad, frecuentemente caprichosa, de una persona. Eso no funciona. Nunca ha funcionado. No puede funcionar. Porque la vida de una sociedad entera no cabe en un contenedor.
CAMBIAR LA CONVERSACIÓN
Aplicando una receta de inocultable sabor antillano, que probablemente nos la estén cobrando como consultoría estratégica, el gobierno hace esfuerzos desesperados para producir algún escándalo que cambie la conversación de los venezolanos, que saque de los titulares de prensa, radio y TV el impresentable affaire de los contenedores y trate de ubicar la situación política, y el debate electoral, como una batalla en la lucha de clases y un episodio de la guerra planetaria que heroicamente libraría nuestra “revolución”, y ante todo su comandante en jefe, cara a cara, con el imperio mismo.
Los insultos al Cardenal Urosa, generadores de unánime repudio, apuntan para ese lado. Las truculencias, interconectadas, de las denuncias sobre “financiamiento extranjero” y “terroristas extranjeros”, tratando de embarrar a quienes presentan una alternativa a su poder, forman parte del mismo libreto. Seguirán con eso. Hasta ahora no les ha resultado, pero insistirán.
Lo que pasa es que ciento treinta mil toneladas no es un peso que uno se quita fácilmente de encima.
LEY DE COMUNAS
Tal como va el debate en la Asamblea, la Ley de Comunas en contraria a la participación que dice promover, y contraria a la Constitución que dice desarrollar. Además, luce como un remedo de los artículos 103 y 104 de la Constitución de Cuba, país que, hasta donde uno está informado, no es precisamente un modelo de participación libre de los ciudadanos.
Es contraria a la participación porque debilita la descentralización, disminuyendo el poder del voto de los ciudadanos y minando su influencia en instancias de poder accesibles como alcaldías y gobernaciones. Y es contraria a la Constitución porque busca imponer, por vía tramposa, las reformas a los artículos 16 (Conformación del territorio nacional), 70 (Medios de participación en la construcción del socialismo); 112 (Actividades económicas), 136 (Sobre el Poder Público), 156 (sobre la competencia del Poder Público Nacional), 158 (Sobre la política nacional del Estado), 167 (Sobre los ingresos del los estados), 168 (Sobre los municipios) y 184 (Sobre la transferencia de atribuciones de los municipios al Poder Popular), que fueron derrotadas por el pueblo en el referéndum constitucional de 2007. Esa vez, se propuso a los venezolanos la comuna como “célula social del territorio” y “núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano”, y fue rechazado.
Y si es contraria a la participación y a la Constitución, ¿para qué sirve esta ley? Para concentrar el poder en el Ejecutivo Nacional. Poder inútil, porque el que mucho abarca, poco aprieta.
Ya los descubrimientos andan por las 130 mil toneladas. Ciento treinta millones de kilogramos de alimentos. Casi cinco kilos de comida por venezolano. Desde que empezó el torneo de los “yo no fui” y “yo no sabía” en el rojo universo del poder concentrado y descontrolado, empezó a trascender que en realidad, muchos lo sabían y no pudieron, no supieron o no quisieron hacer nada.
Si la Asamblea no cumplió con sus deberes de vigilar el ejercicio del poder y el gasto de los recursos públicos, se convierte en un gigantesco contenedor de la administración descompuesta. Si la Fiscalía no actuó oportuna y eficazmente, porque todo indica que hay medio mundo metido en ese desastre y no tres “chinitos”, se convierte en un contenedor que oculta el delito. Si la Contraloría no controló a tiempo, se convierte en un contenedor de la corrupción.
El contenedor es un símbolo de un modo de gobernar descompuesto. Dañado por la concentración de poder que siempre es mala, y peor si carece de controles. Corrompido por la adulación. Podrido por la impunidad. Una noción del poder que debilita a la sociedad para fortalecer al Estado, y debilita al Estado al someterlo a la voluntad, frecuentemente caprichosa, de una persona. Eso no funciona. Nunca ha funcionado. No puede funcionar. Porque la vida de una sociedad entera no cabe en un contenedor.
CAMBIAR LA CONVERSACIÓN
Aplicando una receta de inocultable sabor antillano, que probablemente nos la estén cobrando como consultoría estratégica, el gobierno hace esfuerzos desesperados para producir algún escándalo que cambie la conversación de los venezolanos, que saque de los titulares de prensa, radio y TV el impresentable affaire de los contenedores y trate de ubicar la situación política, y el debate electoral, como una batalla en la lucha de clases y un episodio de la guerra planetaria que heroicamente libraría nuestra “revolución”, y ante todo su comandante en jefe, cara a cara, con el imperio mismo.
Los insultos al Cardenal Urosa, generadores de unánime repudio, apuntan para ese lado. Las truculencias, interconectadas, de las denuncias sobre “financiamiento extranjero” y “terroristas extranjeros”, tratando de embarrar a quienes presentan una alternativa a su poder, forman parte del mismo libreto. Seguirán con eso. Hasta ahora no les ha resultado, pero insistirán.
Lo que pasa es que ciento treinta mil toneladas no es un peso que uno se quita fácilmente de encima.
LEY DE COMUNAS
Tal como va el debate en la Asamblea, la Ley de Comunas en contraria a la participación que dice promover, y contraria a la Constitución que dice desarrollar. Además, luce como un remedo de los artículos 103 y 104 de la Constitución de Cuba, país que, hasta donde uno está informado, no es precisamente un modelo de participación libre de los ciudadanos.
Es contraria a la participación porque debilita la descentralización, disminuyendo el poder del voto de los ciudadanos y minando su influencia en instancias de poder accesibles como alcaldías y gobernaciones. Y es contraria a la Constitución porque busca imponer, por vía tramposa, las reformas a los artículos 16 (Conformación del territorio nacional), 70 (Medios de participación en la construcción del socialismo); 112 (Actividades económicas), 136 (Sobre el Poder Público), 156 (sobre la competencia del Poder Público Nacional), 158 (Sobre la política nacional del Estado), 167 (Sobre los ingresos del los estados), 168 (Sobre los municipios) y 184 (Sobre la transferencia de atribuciones de los municipios al Poder Popular), que fueron derrotadas por el pueblo en el referéndum constitucional de 2007. Esa vez, se propuso a los venezolanos la comuna como “célula social del territorio” y “núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano”, y fue rechazado.
Y si es contraria a la participación y a la Constitución, ¿para qué sirve esta ley? Para concentrar el poder en el Ejecutivo Nacional. Poder inútil, porque el que mucho abarca, poco aprieta.
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