En el caso de Zuloaga, el presidente Chávez había emplazado una semana antes al Poder Judicial para que actuara contra el empresario
Cada cierto tiempo el gobierno de Hugo Chávez desata una andanada de acciones contra la libertad de expresión y el periodismo; para ello le resulta sumamente útil el control que posee sobre el sistema judicial, dentro del cual deben contarse tanto los tribunales como la propia Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estos períodos en los que se activan acciones en diferentes frentes, desde mi punto de vista, cumplen una doble función. Por un lado, tienen efectividad para hacer que retroceda paulatinamente el ejercicio de la crítica pública, porque cada vez que se castiga una expresión otros ciudadanos se la piensan dos veces antes de cuestionar en público. Al mismo tiempo, el gobierno hace un uso instrumental de los casos de libertad de expresión, pues cuando desata estos lapsos de cacería logra, efectivamente, desviar la atención sobre aquellos asuntos que le perjudican en materia de opinión pública.
En realidad, cada vez que tienen lugar estas semanas nefastas para la libertad de expresión, debemos preguntarnos sobre qué tema el gobierno quiere desviar la atención.
Me cuento entre los que defienden por principios la libertad de expresión y el periodismo independiente en Venezuela, y en esa dirección compartimos el cuestionamiento a tales acciones que censuran, castigan o amenazan a periodistas, editores y medios en nuestro país. Sin embargo, tampoco puede pecarse de ingenuo y creer que si en una semana se activan, ¿coincidentemente?, cuatro o cinco hechos que afectan la libre expresión o el trabajo periodístico, todo ello no tenga otro objetivo oculto. En realidad, las acciones oficiales de censura, castigo o amenaza contra una prensa libre y crítica cumplen una doble función, y desde la acera democrática ello demanda también una lectura con mayor complejidad. Hablamos de semanas nefastas cuando evaluamos, por ejemplo, todo lo ocurrido entre el domingo 6 y el viernes 11 de junio: El presidente Chávez fustiga al portal Noticiero Digital, pide una investigación, y la misma se activa 48 horas después; el lunes unos motorizados lanzaron unas bombas molotov contra la sede de Últimas Noticias en Caracas; periodistas de Falcón y Barinas reciben amenazas después de que difunden fotografías e informaciones sobre el desastre existente con la comida almacenada y no vendida por el gobierno; un juez le impone al columnista Francisco "Pancho" Pérez en Valencia una pena que lo inhabilita profesional y políticamente por tres años y nueve meses, en represalia del alcalde porque el periodista denunció que en la alcaldía la esposa y el hijo del burgomaestre "cobran y se dan el vuelto"; y la semana concluyó con la orden de detención contra el propietario de Globovisión, Guillermo Zuloaga, por un caso de usura, pero que a todas luces es una manera de chantajearlo judicialmente por la línea editorial crítica que tiene la televisora. En el caso de Zuloaga, el presidente Chávez había emplazado una semana antes al Poder Judicial para que actuara contra el empresario.
Difícil pensar que todo esto ha ocurrido de forma espontánea durante la misma semana. De hecho, en al menos dos de los casos hay una presión directa del jefe de Estado sobre los órganos de justicia, que están demostrando una evidente dependencia del Poder Ejecutivo, exactamente lo contrario del deber ser. En Falcón y Barinas, las amenazas provienen de sectores regionales del chavismo, y este caso posiblemente ayude a explicar la hipótesis que estamos manejando. Es probable que con esta andanada de casos que afectan la libre expresión y el ejercicio periodístico, el gobierno (contando con el sistema judicial como acólito) en realidad está buscando desviar la mirada pública sobre el escándalo, difícil de tapar por cierto, de las miles de toneladas de alimentos descompuestos. Las acciones cumplen sin duda la doble función, efectivamente achican el espacio para la libertad de expresión crítica, porque las medidas no sólo castigan a personas específicas sino que envían un mensaje al resto de la sociedad: el que cuestione la puede pasar mal. Al mismo tiempo, muchos medios enfatizan la defensa de la libertad de expresión, una causa justa, pero soslayan la denuncia de un problema de fondo, tal como lo es en este momento- la corrupción e ineficiencia que se esconden detrás de las toneladas de comida en estado de descomposición.
El desafío es superior para el periodismo venezolano, porque además de defender a los colegas y/o medios afectados por las acciones gubernamentales, no debe perder el foco sobre el escándalo que esté salpicando al gobierno en cada uno de estas semanas nefastas.
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Cada cierto tiempo el gobierno de Hugo Chávez desata una andanada de acciones contra la libertad de expresión y el periodismo; para ello le resulta sumamente útil el control que posee sobre el sistema judicial, dentro del cual deben contarse tanto los tribunales como la propia Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estos períodos en los que se activan acciones en diferentes frentes, desde mi punto de vista, cumplen una doble función. Por un lado, tienen efectividad para hacer que retroceda paulatinamente el ejercicio de la crítica pública, porque cada vez que se castiga una expresión otros ciudadanos se la piensan dos veces antes de cuestionar en público. Al mismo tiempo, el gobierno hace un uso instrumental de los casos de libertad de expresión, pues cuando desata estos lapsos de cacería logra, efectivamente, desviar la atención sobre aquellos asuntos que le perjudican en materia de opinión pública.En realidad, cada vez que tienen lugar estas semanas nefastas para la libertad de expresión, debemos preguntarnos sobre qué tema el gobierno quiere desviar la atención.
Me cuento entre los que defienden por principios la libertad de expresión y el periodismo independiente en Venezuela, y en esa dirección compartimos el cuestionamiento a tales acciones que censuran, castigan o amenazan a periodistas, editores y medios en nuestro país. Sin embargo, tampoco puede pecarse de ingenuo y creer que si en una semana se activan, ¿coincidentemente?, cuatro o cinco hechos que afectan la libre expresión o el trabajo periodístico, todo ello no tenga otro objetivo oculto. En realidad, las acciones oficiales de censura, castigo o amenaza contra una prensa libre y crítica cumplen una doble función, y desde la acera democrática ello demanda también una lectura con mayor complejidad. Hablamos de semanas nefastas cuando evaluamos, por ejemplo, todo lo ocurrido entre el domingo 6 y el viernes 11 de junio: El presidente Chávez fustiga al portal Noticiero Digital, pide una investigación, y la misma se activa 48 horas después; el lunes unos motorizados lanzaron unas bombas molotov contra la sede de Últimas Noticias en Caracas; periodistas de Falcón y Barinas reciben amenazas después de que difunden fotografías e informaciones sobre el desastre existente con la comida almacenada y no vendida por el gobierno; un juez le impone al columnista Francisco "Pancho" Pérez en Valencia una pena que lo inhabilita profesional y políticamente por tres años y nueve meses, en represalia del alcalde porque el periodista denunció que en la alcaldía la esposa y el hijo del burgomaestre "cobran y se dan el vuelto"; y la semana concluyó con la orden de detención contra el propietario de Globovisión, Guillermo Zuloaga, por un caso de usura, pero que a todas luces es una manera de chantajearlo judicialmente por la línea editorial crítica que tiene la televisora. En el caso de Zuloaga, el presidente Chávez había emplazado una semana antes al Poder Judicial para que actuara contra el empresario.
Difícil pensar que todo esto ha ocurrido de forma espontánea durante la misma semana. De hecho, en al menos dos de los casos hay una presión directa del jefe de Estado sobre los órganos de justicia, que están demostrando una evidente dependencia del Poder Ejecutivo, exactamente lo contrario del deber ser. En Falcón y Barinas, las amenazas provienen de sectores regionales del chavismo, y este caso posiblemente ayude a explicar la hipótesis que estamos manejando. Es probable que con esta andanada de casos que afectan la libre expresión y el ejercicio periodístico, el gobierno (contando con el sistema judicial como acólito) en realidad está buscando desviar la mirada pública sobre el escándalo, difícil de tapar por cierto, de las miles de toneladas de alimentos descompuestos. Las acciones cumplen sin duda la doble función, efectivamente achican el espacio para la libertad de expresión crítica, porque las medidas no sólo castigan a personas específicas sino que envían un mensaje al resto de la sociedad: el que cuestione la puede pasar mal. Al mismo tiempo, muchos medios enfatizan la defensa de la libertad de expresión, una causa justa, pero soslayan la denuncia de un problema de fondo, tal como lo es en este momento- la corrupción e ineficiencia que se esconden detrás de las toneladas de comida en estado de descomposición.
El desafío es superior para el periodismo venezolano, porque además de defender a los colegas y/o medios afectados por las acciones gubernamentales, no debe perder el foco sobre el escándalo que esté salpicando al gobierno en cada uno de estas semanas nefastas.
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