*EDDIE A. RAMÍREZ S. ESCRIBIÓ EN EL UNIVERSAL: “ACOSO CONTINUO”
Caracas 18 de agosto de 2008
Continúa el acoso en contra de los trabajadores petroleros ilegalmente despedidos a raíz del paro cívico de diciembre del 2002. El régimen sigue insistiendo en querer establecer responsabilidad administrativa por supuestos daños a la empresa debido a la paralización de las actividades.
Cabe recordar que el 2 de diciembre del 2002, todos los partidos políticos de la oposición, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras llamaron a un paro cívico. Ni la Asociación Gente del Petróleo, ni el sindicato Unapetrol convocaron a dicho paro. Muchos trabajadores petroleros se sumaron motu propio y a otros no se les permitió el acceso a las instalaciones de la empresa que fueron militarizadas y tomadas por las bandas paramilitares oficialistas. Arbitrariamente, el régimen despidió ilegalmente a casi 23.000 trabajadores mediante anuncios de prensa y a todos por la misma causal; más aún, entre los despedidos se incluyó a trabajadores que estaban de vacaciones o de reposo médico o pre y posnatal .También a algunos que no estaban de acuerdo con el paro pero eran percibidos como no simpatizantes del régimen.
Según estimaciones de PDVSA el daño al patrimonio de la empresa monta a “ diecinueve mil cuatrocientos sesenta y tres millones novecientos cincuenta mil bolívares actuales”. Los elementos de convicción esgrimidos en contra de los investigados son el solo hecho de pertenecer a Gente del Petróleo o Unapetrol, desconociendo el derecho constitucional de libre asociación. Como pruebas señalan simples referencias de noticias de prensa, todas reseñadas varios días después de iniciado el paro.
Todo indica que las acusaciones son por haber apoyado el paro una vez que éste se inició y en la investigación se incluyen a trabajadores que desempeñaban actividades administrativas, de adiestramiento y del área operacional. También a algunos que estaban de vacaciones. Una vez más, reiteramos que las instalaciones se entregaron en perfecto estado y en las refinerías se levantaron actas formales. Quienes se sumaron al paro lo hicieron en forma ordenada, preservando el buen estado de las plantas y equipos. Por lo demás, el sumarse a una huelga, reconocida en nuestro caso por la OIT, es un derecho humano aceptado por el mundo civilizado.
Llama la atención que los organismos competentes se hagan de la vista gorda en cuanto a los daños ocasionados al patrimonio de PDVSA como consecuencia de la militarización de la empresa e interrupción del Plan de Contingencia ordenados por Alí Rodríguez durante el paro. Tampoco se percatan de las dádivas de petróleo a países amigos, ni de las causas por las cuales la empresa solo produce menos de 2.400.000 barriles de crudo diarios, de las importaciones de los componentes para elaborar las gasolinas debido a problemas en las refinerías, del elevado número de accidentes con lamentables pérdidas de vidas, del endeudamiento de la empresa, así como de las violaciones a las normas y procedimientos.
Nuevamente enfrentaremos estas acusaciones con determinación y desde ya denunciamos este nuevo atropello que pretende imponernos sanciones injustas. Con la cabeza en alto hacemos nuestras las palabras de Giordano Bruno ante sus verdugos: “Quizá ustedes que pronuncian mi sentencia sientan más miedo que yo, que la recibo”.
eddiearamirez@hotmail.com El Universal.com 19 de agosto 2008
Caracas 18 de agosto de 2008
Continúa el acoso en contra de los trabajadores petroleros ilegalmente despedidos a raíz del paro cívico de diciembre del 2002. El régimen sigue insistiendo en querer establecer responsabilidad administrativa por supuestos daños a la empresa debido a la paralización de las actividades.
Cabe recordar que el 2 de diciembre del 2002, todos los partidos políticos de la oposición, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras llamaron a un paro cívico. Ni la Asociación Gente del Petróleo, ni el sindicato Unapetrol convocaron a dicho paro. Muchos trabajadores petroleros se sumaron motu propio y a otros no se les permitió el acceso a las instalaciones de la empresa que fueron militarizadas y tomadas por las bandas paramilitares oficialistas. Arbitrariamente, el régimen despidió ilegalmente a casi 23.000 trabajadores mediante anuncios de prensa y a todos por la misma causal; más aún, entre los despedidos se incluyó a trabajadores que estaban de vacaciones o de reposo médico o pre y posnatal .También a algunos que no estaban de acuerdo con el paro pero eran percibidos como no simpatizantes del régimen.
Según estimaciones de PDVSA el daño al patrimonio de la empresa monta a “ diecinueve mil cuatrocientos sesenta y tres millones novecientos cincuenta mil bolívares actuales”. Los elementos de convicción esgrimidos en contra de los investigados son el solo hecho de pertenecer a Gente del Petróleo o Unapetrol, desconociendo el derecho constitucional de libre asociación. Como pruebas señalan simples referencias de noticias de prensa, todas reseñadas varios días después de iniciado el paro.
Todo indica que las acusaciones son por haber apoyado el paro una vez que éste se inició y en la investigación se incluyen a trabajadores que desempeñaban actividades administrativas, de adiestramiento y del área operacional. También a algunos que estaban de vacaciones. Una vez más, reiteramos que las instalaciones se entregaron en perfecto estado y en las refinerías se levantaron actas formales. Quienes se sumaron al paro lo hicieron en forma ordenada, preservando el buen estado de las plantas y equipos. Por lo demás, el sumarse a una huelga, reconocida en nuestro caso por la OIT, es un derecho humano aceptado por el mundo civilizado.
Llama la atención que los organismos competentes se hagan de la vista gorda en cuanto a los daños ocasionados al patrimonio de PDVSA como consecuencia de la militarización de la empresa e interrupción del Plan de Contingencia ordenados por Alí Rodríguez durante el paro. Tampoco se percatan de las dádivas de petróleo a países amigos, ni de las causas por las cuales la empresa solo produce menos de 2.400.000 barriles de crudo diarios, de las importaciones de los componentes para elaborar las gasolinas debido a problemas en las refinerías, del elevado número de accidentes con lamentables pérdidas de vidas, del endeudamiento de la empresa, así como de las violaciones a las normas y procedimientos.
Nuevamente enfrentaremos estas acusaciones con determinación y desde ya denunciamos este nuevo atropello que pretende imponernos sanciones injustas. Con la cabeza en alto hacemos nuestras las palabras de Giordano Bruno ante sus verdugos: “Quizá ustedes que pronuncian mi sentencia sientan más miedo que yo, que la recibo”.
eddiearamirez@hotmail.com El Universal.com 19 de agosto 2008
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