DARIO ACEVEDO CARMONA, EL SILENTE SILENCIO DE LA IZQUIERDA, CASO COLOMBIA

En ese archipiélago que es la izquierda colombiana reina un silencio, entre sórdido y cómplice, frente a la actuación y a la línea de acción de los jefes de las Farc en las negociaciones de paz y con los atropellos a la libertad y la democracia en Latinoamérica.

Algunos de ellos, igual que los comunistas que impulsaron el nacimiento de las Farc y de su famosa “combinación de todas las formas de lucha” cuyo principal atizador fue Manuel Cepeda, consideran que todos los problemas de este proceso son responsabilidad de la extrema derecha y la derecha y cuando menos del Gobierno.

La izquierda no marxista o no comunista, tampoco es que se desvele por manifestar alguna crítica a las Farc. No se sabe si es por la pena que sienten de coincidir con las derechas o el establecimiento.

En la academia y en la intelectualidad aunque se escucha o se lee una que otra voz crítica, prima también el silencio como si pensaran que cualquier cosa que demande la guerrilla debe ser concedida con tal de que se firme la paz, aun cuando eso signifique ponerse en contravía de ideas y principios de derechos humanos que han defendido en su carácter de universales.

Es una actitud similar a la de las izquierdas del continente frente a los atropellos a la libertad y a la democracia de los regímenes dictatoriales de Maduro y los Castro. Hago un esfuerzo por encontrar una explicación convincente sobre ese profundo silencio, sin encontrar una razón convincente.

Sé muy bien que este sector de la sociedad no es asimilable a un organismo o a un aparato sometido a los designios u orientaciones de un núcleo directivo. Pero, al margen de reconocer su condición heterogénea, hay rasgos que siempre les han sido característicos. Generalmente, por ejemplo, dan sustento ético a la lucha contra dictaduras y tiranías, si son de derecha. Hacen gala de actitudes irreverentes frente al poder y los poderosos. Hay un no sé qué en su forma de mirar y gesticular ante interlocutores adversos. Les parece que Fidel es un gran gobernante. El espíritu mordaz con las costumbres les acompaña. Denotan escepticismo frente a las ideas de felicidad, amor, patria, dios, autoridad, religión, orden, autoridad.

Los intelectuales de los años 60 y 70 fueron reverentes con la revolución cubana y con su caudillo, el tirano Fidel Castro, miran con sagrado respeto la miseria de la misma y se tragan el cuento de que sus limitaciones son la consecuencia del embargo del imperialismo yanqui.

Abrazaron con entusiasmo religioso el ideal revolucionario y muchos se hicieron militantes de piedra y de fusil, otros con la tiza y el tablero o desde la oficina o el cafetín.

El desengaño que debió haber producido el colapso estruendoso del experimento comunista no les ha pasado factura de cobro. Todavía hay intelectuales que siguen siendo comunistas a su manera, se adaptan, se camuflan, se solapan, y guardan la fe de que la versión correcta de Marx renacerá. Por ahora luchan contra la globalización y por la salvación del planeta. Han refinado su léxico pues ya no hablan de lucha de clases sino de conflictos interétnicos, en vez de oprimidos y explotados se refieren a sectores subalternos

Toleran en silencio, porque en eso sí son tolerantes, las barbaridades de Evo, Cristina, Correa, Lula y Daniel para mantener  viva la idea de la revolución socialista en versión del Foro de Sao Paulo.

No se escandalizan con las movidas nepótistas del tirano de Nicaragua que sin ruborizarse nombró canciller a su mujer, a los hijos asesores y estropeó la constitución para hacerse reelegir indefinidamente tal como lo hicieron o intentan sus pares de Ecuador, Bolivia y Brasil. La gran piñata venezolana que ha extendido sus jugosos regalos a casi todo el continente e incluso a los desengañados de Podemos en España, tampoco merece una línea crítica.

Nuestra izquierda variopinta y sus intelectuales tan incrédulos y materialistas, no expresaron asombro con el manejo sospechoso de la muerte del demagogo populista Hugo Chávez, con la truculenta transición del poder, con que Maduro le hable a su antecesor a través de un pajarito o a que afirme haber hablado con el muerto.

Calladitos están ante la persecución contra figuras de Oposición por parte del monigote de los Castro en Venezuela. Han sido impasibles con la eliminación real y por vías de hecho de la separación de poderes, con el cierre de periódicos, la censura de los pocos que son críticos y la judicialización de sus directores. Ni siquiera han manifestado solidaridad con Teodoro Petkof, un dirigente de izquierda ni han respaldado la gestión solidaria del exprimer ministro español  Felipe González con los presos políticos venezolanos.

En cambio le hacen eco a la pretensión de las guerrillas de imponer su visión del conflicto, justificando histórica y sociológicamente su existencia y legitimando el uso de la violencia “altruista” con el dogma de las causas objetivas del levantamiento armado y cerrando los ojos ante sus crímenes y su degradación moral.

Coda: La única forma de aceptar un cese del fuego unilateral es que sea verificable y que la guerrilla, con verificación y protección internacional, se concentre en un solo lugar.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, LA FASCINACIÓN POR EL GUERRILERO, DESDE COLOMBIA

DARÍO ACEVEDO CARMONA,

Siento como si el tiempo hubiera dado marcha atrás al leer columnistas que escriben  de la misma forma que lo hacían algunos periodistas en los años 70 y 80, fascinadas por el halo heroico, la astucia guerrillera y el vedetismo de sus comandantes.

Como si después de aquellas “gestas” que nos deslumbraron, cuando Jaime Báteman, el hombre más buscado por las autoridades, caminaba por las calles de Bogotá tranquilamente, nada hubiese cambiado.

El fracaso del comunismo, el poder corruptor del narcotráfico sobre la  política y los gobernantes, y sobre quienes lo pretendían derrotar, el paramilitarismo y su doloroso reinado de justicia privada, los crímenes de guerra de unos y otros y unos cuantos que luchaban por relegitimar el Estado a través de reformas.

Las heridas y las víctimas de esta confrontación asimétrica han quedado regadas por todos los lados. La Justicia ha sobreaguado a duras penas, pero cojeando y todo, ha llegado, incluso contra agentes del propio Sistema.

Por eso me causa estupor leer columnas en las que se trasluce la fascinación por el jefe “guerrero”, se invierten las responsabilidades penales y se justifica que sobre los criminales no caiga la Justicia.

Una de esas columnas fue la que escribió María Elvira Bonilla (El Espectador 15/12/2014) acerca de su encuentro con alias “Pablo Catatumbo”, jefe de las FARC, haciendo un reconocimiento del sitio, el paisaje habanero y la persona, totalmente aséptico como si no hubiera estado frente a uno de los máximos dirigentes e ideólogos de una agrupación terrorista.

Bonilla se sobrepasó en valoraciones al decir que “es más fácil dialogar con los guerrilleros en La Habana que con los negociadores gubernamentales”, desconociendo el secretismo pactado por ambos. Luego se desparramó, sin pudor y sin crítica, al presentar el lado humano del hombre que suspira con la literatura de Sandor Márai, premio nobel húngaro que se distinguió por narrar de manera magistral el horror vivido por su pueblo a raíz del comunismo impuesto a la fuerza. ¿Por qué no le preguntó por esa experiencia borrascosa de sufrimiento del régimen del terror estalinista? ¿Si había leído ¡Tierra, tierra! sobre su llegada a Estados Unidos? Es claro que la periodista no quiso molestarlo con preguntas “ofensivas” o retadoras. El leit motiv del oficio, tal parece, lo dejó en casa.

De manera que “Catatumbo”, el jefe militar de la cuadrilla que asesinó fríamente a los diputados del Valle del Cauca después de secuestrarlos, es un hombre horrorizado “por esta guerra” de la que él y las FARC “quieren salir”. Eso sí, “no de cualquier manera”, puesto que 40 años con “fusil y camuflado” y “alzado en armas” buscando el “ideal altruista” de “derrotar la desigualdad y la injusticia… no pueden concluir en una cárcel”. Ni una palabra sobre las viudas, los huérfanos, los finqueros arruinados, los niños reclutados ni la degradación del narcotráfico.

La columna es de manera inequívoca una síntesis, a manera de caja de resonancia, de lo que “Catatumbo” piensa de su suerte y la de sus “camaradas” que no se ven “entrando con sus manos esposadas a una prisión”, no sabe uno si es que se le paralizó la lengua y simplemente le puso la grabadora y transcribió tal cual. No hay inquietudes ni señales de contrapunteo ni cuestionamientos. Le convendría mucho leer las entrevistas de Oriana Fallaci.

Bonilla le reconoce a ‘Catatumbo’ poseer “memoria de guerrero” que le permite tener “presente la larga y variada lista de los protagonistas de un conflicto viejo…”, como para que no queden dudas de que sus “responsabilidades son iguales a las de otros”. ¿Cómo es que no cae en cuenta que esa es una añeja estratagema con la que se pretende distribuir ‘democráticamente’ la culpa y la mala conciencia, pues haciendo a todos culpables termina siendo lo mismo ser soldado o policía que guerrillero. Ah!, la culpa colectiva, el concepto ideal para lavar la mala conciencia.

Y para rematar, le transcribe la idea de que el Estado es el principal responsable de todo, “En el ápice de la responsabilidad, coronando el cuadro, está un Estado débil e impotente que ilegítima e irresponsablemente alimentó o toleró un orden de cosas contrario al ordenamiento legal”, cliché usual de ‘Voz’ el periódico-panfleto de los comunistas criollos.

La columna de Natalia Springer (El Tiempo 15/12/2014) no debe pasar desapercibida, ya que se ubica en la tendencia a achacarle toda las culpas al Estado. En el colmo de los desafueros, intenta invertir el orden de los hechos y responsabilidades en la sangrienta toma del Palacio de Justica por el M-19, una locura de la que los exmilitantes del grupo se han arrepentido. Según Springer, la culpa en la “masacre” es por igual del Estado y el M-19, “el máximo responsable” fue el presidente Belisario Betancur, la tropa “disparó indiscriminadamente contra guerrilleros y magistrados” no fue la guerrilla la que entró de esa forma ajusticiando magistrados y celadores. Betancur “en defensa de las instituciones, ordenó la destrucción de la Cúpula del Poder Judicial…” (sí, leyeron bien, ‘ordenó’).

Concluye sus ligerezas, que demuestran poca o tendenciosa lectura de informes de comisiones y protagonistas diversos, igualando el narcotráfico con el Estado por el daño causado a la sociedad colombiana “la responsabilidad del poder Ejecutivo… en la conducción de una guerra feroz y ruinosa”, descalificando de un plumazo todo lo actuado por el Estado.

Coda: el cese unilateral de hostilidades de las FARC, condicionado a no ser atacados, es lo mismo que un cese bilateral. Para evitar dobleces y trampas los guerrilleros deben concentrarse y organismos de la ONU los únicos garantes.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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RUBEN DARÍO ACEVEDO CARMONA, PAZ, COMISIONES Y VERDADES, DESDE COLOMBIA,

Las comisiones de la verdad en el marco de situaciones de extrema violencia estatal o de enfrentamientos asimétricos entre fuerzas estatales y grupos subversivos, conformadas bajo el criterio de víctimas y victimarios o culpables e inocentes, no siempre han arrojado resultados satisfactorios e incluso, se han dado casos en los que en vez de conducir al perdón y a la reconciliación han generado cadenas de venganza, reclamos sin fin y odios incrementados.

DARLE DE COMER AL COCODRILO CON LA
ESPERANZA DE QUE SE LO COMA DE ULTIMO

Lo primero que se puede decir a este respecto es que no existe una fórmula universal aplicable a todos los casos. No todos los conflictos sociales o políticos o guerras civiles que concluyen con la firma de la paz han acordado la formación de comisiones de la verdad y no siempre las que se han establecido han alcanzado sus objetivos.

¿Por qué es tan difícil lograr una visión consensuada sobre este asunto? 

Podemos ensayar varias respuestas. Una tiene que ver con el juego de roles e intereses de quienes han sido protagonistas de una confrontación violenta. Nadie quiere correr el riesgo de ser señalado culpable y algunos quieren figurar como víctimas. 

Otra alude a la falta de rigurosidad y claridad sobre lo que significa la verdad histórica y la verdad jurídica.

Mi reflexión versará sobre esta última. Pienso que la verdad histórica corre por cuenta de profesionales de la disciplina histórica. Los marxistas sostienen que son las masas las que hacen la historia, dicha doctrina opone a la vieja y ritual historia patria o cívica la historia de las masas y de los oprimidos, ahí ya tenemos una profunda discrepancia.

La verdad jurídica depende de la investigación, juicio y penalización de responsabilidades de sujetos concretos en la comisión de crímenes de guerra, de genocidio o de lesa humanidad. Delitos consignados en los artículos 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, imperdonables con amnistías e indultos.

Los dos tipos de verdad tienen, pues, una diferencia esencial en su naturaleza. En lo que respecta a la verdad histórica sabemos que las ciencias sociales y humanas es el espacio desde donde se investigan, con criterio científico, los conflictos sobre los cuales se pretende establecer “una verdad”. El producto de estas indagaciones es un relato o una narrativa que propone una interpretación de lo sucedido. No sobra acotar que el investigador profesional debe gozar de pleno respeto en el sentido de que su trabajo y los frutos del mismo no pueden estar condicionados por intereses ajenos al trasegar académico. Por eso mismo, los productos de investigación son sometidos a consideración de pares y jurados con altas credenciales científicas.

Las comisiones de la verdad conformadas en algunos países han fracasado en su intento de establecer “la verdad” porque violaron la autonomía de los académicos, pretendieron escribir un relato único, homogéneo e incuestionable, especie de verdad oficial, y por desconocer la autonomía de la investigación científica que en esencia es objeto de debates, análisis y juicios que no siempre generan consensos.

No es, pues, lo mismo, la verdad jurídica que alude a hechos concretos a conductas constatables en tiempos y lugares precisos y que corresponde auscultar a jueces y fiscales, que la verdad histórica que no se limita a lo anterior sino que interpreta un conjunto amplio de circunstancias, procesos y acontecimientos a la luz de una teoría y un marco historiográfico explicativos.

La Comisión de la Verdad que se pretende aprobar entre el gobierno colombiano y las Farc cae en la trampa de establecer una “verdad única y definitiva”, pues en ella está contenida la pretensión de cerrar definitivamente toda polémica a través de una lectura que sintetiza el conflicto en términos simplistas y acorde con los intereses de las partes firmantes.

Para establecer culpabilidades e inocencias están los tribunales, de donde se desprende que la constitución de la Comisión de la Verdad Histórica, no es otra cosa que otra claudicación del Estado colombiano al aceptar que sus jueces e instituciones judiciales no están en capacidad de administrar justicia.

Las guerrillas latinoamericanas desde Fidel Castro con su proclama “la historia me absolverá” hasta las que se levantaron en armas en el continente contra regímenes dictatoriales, y en nuestro caso contra una democracia, para imponer la dictadura del pueblo y del proletariado, han pretendido tener de su lado la verdad, la justicia y la historia, de tal forma que ellas quedan eximidas de sus crímenes y arbitrariedades.

Hay motivos suficientes para pensar que con la tal comisión lo que se intenta es vender el  mismo cuento y la misma medicina que las guerrillas del Cono Sur aplicaron a las dictaduras.

Ruben Dario Acevedo Carmona

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DARIO ACEVEDO, SIN PILOTO Y SIN BOMBERO.

Mientras los académicos, columnistas y gobernantes nos enredamos en un debate acerca del significado, la justeza y la manipulación de las protestas sociales en curso, los paros y bloqueos crecen en número, cobertura y radicalidad.

Empecemos por el tema de la justeza que anima no pocas de las movilizaciones sociales de los últimos tiempos. No hay duda que existen poderosas razones justicieras, en particular de los sectores agrarios. Temores ciertos sobre las consecuencias de la competencia que se abre con la firma de tratados de libre comercio sin que el gobierno tome las medidas preventivas para conjurar la ruina de unos y planear el recambio de actividades económicas de otros. Es claro también que allí donde existen grandes desigualdades y exceso de pobreza, habrá siempre condiciones sociales para que las gentes exijan reivindicaciones puntuales.

Ahora bien, no solo en Colombia sino en cualquier país con problemas similares, los paros y las huelgas no son asépticos. Quiero decir, no se mantienen en la esfera puramente reivindicativa, v, gr. salarios, salud, vivienda, servicios públicos, educación, infraestrructura, medio ambiente, etc. sino que entran en contacto con intereses y agentes políticos. Hasta este punto no hay motivo para mayores preocupaciones. El ministro del Interior olvida, adrede, que la democracia ha creado instrumentos, instituciones, mecanismos y tradiciones que permiten un manejo no explosivo ni crítico de la protesta social aunque  en ella intervengan intereses y agentes políticos.

En un marco como el señalado, los movimientos sociales y sus medios de manifestación aprenden a regularse, no se proponen objetivos radicales de difícil o imposible respuesta por parte del gobierno. La intervención de activistas políticos en dichos movimientos tampoco puede ser motivo de alarma siempre y cuando ellos entiendan y se acojan a esa regla de oro de no instigarlos hacia demandas inalcanzables o hacia el uso de la violencia.

Pero, y por eso la coyuntura colombiana no es comparable con la de Brasil por ejemplo, cuando las protestas sociales son aupadas, infiltradas y azuzadas por líderes y movimientos que no se ubican en la legalidad, por ejemplo por guerrillas como ocurre en muchas de esas protestas, la cuestión cambia de naturaleza. Primero y muy grave, la intención es crear una situación de fuerza llevada al extremo, en el Catatumbo llevamos más de 40 días y en vez de amainar se agudiza. Segundo, porque lo reivindicativo pasa a ser instrumentalizado en favor de otro propósito de carácter subversivo. El Movimiento Continental Bolivariano, el partido Comunista clandestino y células guerrilleras, siguen lineamientos que les ordenan intervenir y dirigir las protestas y acrecentar la lucha revolucionaria, pues lo que ellos buscan no es la solución de problemas puntuales sino acumular fuerzas, acrecentar el caos del régimen y despejar el camino de la toma del poder.

No es un invento que en los paros y bloqueos está la mano de la guerrilla y de la extrema izquierda, aunque no se puede desconocer que en ocasiones presentes y en tiempos de la guerra fría se apelaba al fantasma de la subversión para desestimar y descalificar movimientos reivindicativos justos. Hay también pruebas suficientes sobre la infiltración de esos movimientos y luchas por parte de grupos al margen de la ley. Fresco está el recuerdo de lo sucedido con el  movimiento de usuarios campesinos surgido durante el gobierno de Carlos Lleras en torno a la consigna de la tierra para el que la trabaja. Una amplia gama de grupos de izquierda y extrema izquierda y hasta guerrillas, se apoderaron de la dirección del mismo llevándolo al total fracaso. También sucedió en algunas huelgas obreras en las que para sectores ultradicales lo importante era la destrucción de las empresas más que la transacción y la negociación misma.

Un ejercicio de revisión crítica sobre el comportamiento de estos sectores en aquellos años está por realizarse, pero, tropieza con el desinterés de la academia y de una intelectualidad que se niega a mirar con ojos revisionistas esa experiencia. Aún se presentan tesis doctorales acerca del heroísmo obrero en huelgas que significaron un total fiasco y sacrificios innecesarios porque se les plantearon a los sindicalistas objetivos y misiones fuera de sus posibilidades.

De manera pues, que la presunción de que tras de las gentes rebotadas por problemas reales hay grupos con intereses que van más allá de lo soportable en democracia, tiene su razón de ser. Pero, reconozcamos también, que el manejo que les está dando el gobierno Santos es inadecuado, negligente y errático. Responde con ambigüedad, tardíamente, se deja presionar, promete y no cumple. La ineptitud de los ministros del Agro, del Interior y de Minas se revela con crudeza al ser reemplazados por el supernumerario Angelino, una opción ya desgastada.

El orden público hace agua, por los cuatros costados se incendia el país y la opinión se pregunta con toda razón ¿y dónde está el capitán? Y lo grave es que tampoco hay bombero porque la Policía no puede domeñar la situación con medidas extremas, y ojalá que no lo haga. Si el capitán entendiera que hay que tomar el timón con firmeza y dar un viraje como alejarse de las aguas bravas de La Habana, las cosas empezarían a cambiar. Pero, prefiere cerrar los ojos, como el avestruz, y declara estar jugado por la paz mientras los supuestos amigos de la paz matan a 21 soldados, en rotundo mentís a su discurso pacifista en el Congreso, en el que reiteró la infamia de calificar a sus críticos en la legitimidad como partidarios de la guerra.

Darío Acevedo Carmona, Medellín 21 de julio de 2013

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DARÍO ACEVEDO CARMONA, LA PAZ, LA CONSTITUCIÓN Y LA UNIDAD NACIONAL, CASO COLOMBIA,

En los regímenes democráticos se apela a la unidad nacional y a la defensa de la constitución cuando se presentan agresiones externas, como por ejemplo cuando los gobernantes venezolanos en los últimos años amenazaron con declararnos la guerra e insultaron a nuestros presidentes, o cuando algún grupo armado ha tomado las armas con el propósito de hacer la revolución, que es lo que le ha sucedido a Colombia desde mediados de los sesenta del siglo pasado. El ejemplo más claro de unidad ante los ataques de grupos subversivos se produjo en febrero y meses siguientes del 2002 al fracasar los diálogos de paz del Caguán. Al presidente Pastrana, generoso hasta el escándalo con las Farc, no le tembló la mano para propiciar la condena nacional e internacional de las guerrillas colombianas en razón de su accionar sistemáticamente terrorista. Ahí se dio un fuerte sentimiento de unidad y defensa de la democracia.

Treinta años en busca de la paz en Colombia

La búsqueda de la paz ha figurado en la agenda nacional desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y los mandatarios siguientes han intentado, unos con mayor éxito que otros, apaciguar el país por medio de negociaciones con grupos armados por fuera de la ley. La constitución de 1991 elevó al rango de principio fundamental la búsqueda de la paz. Es en ese precepto en el que se está apoyando el presidente Santos y todos los demás sectores políticos y sociales que quieren legitimar las negociaciones que se realizan en La Habana con las Farc.

Pero, resulta que un amplio sector de la opinión pública, grupos sociales y dirigentes gremiales y políticos han manifestado serias críticas a este proceso. No voy a repetir las razones ya suficientemente conocidas. Hay, además de todas las que se han esgrimido, una razón constitucional que vale la pena recordar para que se tenga en cuenta en el debate. Me refiero al deber de defensa de las instituciones democráticas cuando estas son atacadas por grupos armados ilegales. La Constitución estipula que la Fuerza Pública y de policía y los organismos judiciales, incluida la Fiscalía General, tienen la obligación con las armas y la ley de cumplir tal responsabilidad.

Parece que fueran contradictorias las dos disposiciones, buscar la paz y defender con las armas la democracia. Sin embargo, no lo es si nos detenemos a pensar con quién es que está sentado el estado colombiano, como lo estuvo durante el primer gobierno de Uribe con los paramilitares en Santafe de Ralito. El estado negocia con grupos tachados de terroristas por varios países y la propia Colombia. Dicho calificativo no inhibe ni prohíbe negociar con esos grupos, pero, le da un carácter diferente a la misma en el entendido de que no se trata de una negociación entre iguales, en razón, precisamente, del carácter terrorista de aquellos que acuden a la mesa buscando una salida. El estado, basado en mandatos legales y en aras de consolidar la paz accede a negociar sobre la base del reconocimiento de la primacía de ese estado al que esos grupos no pudieron derrotar con sus supuestos proyectos revolucionarios.

Al buscar la paz, el gobierno que tome la iniciativa tiene el deber constitucional de hacerlo en el marco del más amplio consenso político y social, además de observar todos los demás mandatos de corte humanitario que ya se han explicado. Si la paz es un principio que une, que convoca la unidad nacional, tal como ocurrió con el Mandato por la Paz y luego con la negociación del Caguán, el intento de La Habana debe, con mayor razón y en vista de las fallidas experiencias anteriores, de las burlas y engaños sufridos a manos de los grupos ilegales, procurar convencer a esa parte de la opinión nacional que mira con reserva, con espíritu crítico y hasta con pesimismo las condiciones en que se realizan las conversaciones en La Habana. Y si no puede convencerlos, por lo menos está en el deber moral de tolerar, respetar y llenar de garantías a quienes pensamos diferente situándonos en la institucionalidad.

No es, pues, acorde con el espíritu de la constitución y con el deber de buscar la paz en el marco de la unidad nacional, arrinconar a los críticos del proceso graduándolos como “guerreristas”, “enemigos de la paz” “conspiradores” y “extremo derechistas” amigos de la salida militar, ya que lo que se está defendiendo no es la opción de la guerra sino la alternativa de buscar la paz sin poner en peligro la necesaria unidad nacional y sin olvidar que de un lado estamos la inmensa mayoría de los colombianos que creemos en nuestras instituciones y en nuestra democracia a pesar de todas las fallas y carencias de ellas, y de la otra parte lo que hay es una minoría que no representa a nadie y se niega a reconocer el fracaso de sus propósitos.

Desde la democracia podemos brindar una salida digna a esos grupos siempre y cuando desistan del uso de las armas, las entreguen, paguen penas transicionales y reconozcan a sus víctimas. Pero lo que no tendría presentación ni legitimidad es que se hagan las paces con esos grupos a contrapelo y disgusto de amplios sectores de la población colombiana y declarando “enemigos” a quienes han defendido el país. Esa sería una paz falsa, que puede desatar nuevas violencias porque en materia tan delicada y tan sensible para todos no se puede repetir errores del pasado ni dejar espíritus penantes ni heridas abiertas.

rdaceved@gmail.com

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DARIO ACEVEDO CARMONA, DE SANTAFE DE RALITO A LA HABANA, DESDE COLOMBIA

Es cierto que las negociaciones de paz entre el estado colombiano y los grupos paramilitares no fueron perfectas, que hubo impunidad, que un porcentaje superior al diez por ciento de los desmovilizados han reincidido en la delincuencia. Pero, si de hacer memoria se trata, como lo planteó María Elvira Samper (El Espectador 6/04/2013) sería saludable que la hiciéramos a fondo, contemplando todas las aristas del problema y de la coyuntura en que tuvieron lugar esas conversaciones en vez de citar aisladamente lo que a ella conviene.

Veamos: en primer lugar, los diferentes grupos de autodefensa se habían confederado y tomado la decisión de dejar las armas y cesar sus acciones violentas. Sus jefes, como ahora los de las guerrillas, pensaron que podían aspirar a hacer política, a obtener el perdón total y a no ir a la cárcel. Esto último estuvo en la mesa de diálogo, unos acuerdos iniciales fueron debatidos ampliamente por todos los sectores de opinión. El Polo Democrático, por ejemplo, llegó a decir que esa era “una negociación de yo con yo”, afirmación que recoge sin objeciones la columnista Samper. Todos los poderes públicos participaron en la estructuración del estado del arte finalmente consignado en la ley de Justicia y Paz. Las Cortes, el Congreso, el gobierno Uribe y la Fuerza Pública hicieron valer sus opiniones.

Respecto de los hechos de violencia es constatable una reducción considerable desde que se inició el diálogo. El número de masacres año, uno de los delitos que más dolor causaba entre la gente pobre del campo bajó de tres a un dígito hasta desaparecer aquellas que tenían supuestas motivaciones políticas. La persecución y asesinato de líderes políticos también disminuyó considerablemente. Las fuerzas de izquierda y los líderes sociales pudieron adelantar su trabajo en condiciones más seguras. La izquierda democrática en 2006, con Carlos Gaviria, alcanzó la votación y la bancada más numerosa en su historia.

No creo que apelar a acciones aisladas de saboteo de los compromisos sea un buen argumento para desdecir de ese proceso. Los que estudian con seriedad esas experiencias saben que siempre hay un margen de violaciones. Aclaremos que ahí no reside el embrollo y la duda con la negociación que se realiza con las Farc en La Habana.

A pesar de que los jefes paramilitares pretendieron salir a hacer política no les fue permitido y es lo que se debe resaltar. De por medio estaba el honor y la dignidad de sus miles y miles de víctimas. No entendería el pueblo colombiano que hoy se insista en otorgarles a criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad elegibilidad o altos cargos públicos.

Traer a cuento la experiencia de perdones totales, amnistías e indultos, participación política y cuotas burocráticas que tuvo lugar a comienzos de los noventa con el M-19, el EPL, un sector grande del ELN y otras guerrillas y combos urbanos, carece de sentido por la sencilla razón de que el contexto jurídico y el estado del derecho internacional humanitario es bien diferente y ya no permite tales bondades a cambio de firmar la paz.

En cuanto al espinoso tema del castigo penal, uno de los que más ampolla levanta, es bueno anotar que lo que se está sugiriendo hoy en día desde la ley Marco para la Paz (aprobada antes de, la de Justicia y Paz fue aprobada al final) y en declaraciones de presidentes del Congreso, el Fiscal General y magistrados es bien diferente de lo que se logró en la negociación con los paramilitares. Las críticas al actual proceso no apuntan a la aplicación de justicia plena, se entiende que habrá impunidad, pero hay razones éticas y de contexto normativo que se deben respetar. Desde la tensión ética es inaceptable que los altos jefes guerrilleros responsables de graves crímenes resulten nombrados en altos cargos de elección popular bajo el claudicante argumento de que “es mejor Timochenko en el Congreso que echando bala”. Y, desde el punto de vista normativo, es preciso recordar que la salvedad solicitada por Colombia a la Corte Penal Internacional para juzgar a criminales de guerra en el país venció en noviembre de 2009. De ahí en adelante, y con mayor razón aquellos delitos de lesa humanidad, hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico y no pueden ser omitidos en ninguna negociación. La única opción que queda y que no es humillante es que en aras de la paz se aplique a los responsables de graves delitos penas alternativas admitidas por la justicia transicional. No olvidemos que los jefes paramilitares están aún en las cárceles, unos en Colombia y los más peligrosos en USA.

Una diferencia final es que enSantafe deRalito no se discutió ningún tema de la Agenda Nacional.

En conclusión, lo que muchos criticamos de este proceso no es que sea imperfecto o que se haya iniciado una negociación sino que se haya comenzado sin la voluntad expresa de dejación de armas y cese de acciones violentas por parte de las guerrillas. Se espera que haya algo de cárcel, que no se les dé elegibilidad política, que reconozcan a las víctimas, contribuyan a la verdad, reparen y pidan perdón. Lo mismo que se les aplicó a los grupos paramilitares y sin falta: dejación y entrega de armas.

No aporta nada al debate revivir viejas querellas acerca de la percepción de blandura que muchos columnistas atribuyen al expresidente Uribe con los paramilitares y dura con las guerrillas, que utiliza María Elvira para escribir con el hígado en vez de con la razón que la de Santafe de Ralito fue una negociación que “se hizo entre dos partes con los mismos objetivos políticos” –los fundamentalistas islámicos buscan el cielo con sus actos de terror, también buscan el cielo los pacíficos creyentes en Alá- tener el mismo fin no los hace iguales. Lo dicho por Samper  es una burda claudicación a una consigna extremista que iguala el Estado con grupos criminales, y a quienes piensan que las guerrillas tienen un mayor estatus ético y político que los paramilitares  de donde se desprende el clamor por mayor indulgencia en La Habana.

CODA: Mientras el Fiscal General se deslengua abogando por total impunidad para jefes guerrilleros, el exAlto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, que logró la desmovilización de miles de paramilitares, tiene a sus espaldas una infame orden internacional de captura. Es una lástima que gente que compartió responsabilidades con él guarden silencio. Con amigos así…

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 25 de abril de 2013

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DARIO ACEVEDO, ASIMETRÍAS JUDICIALES Y HUMANITARIAS. CASO COLOMBIA

En materia de derechos humanos y aplicación de justicia a políticos relacionados con grupos armados ilegales reina la asimetría y la incoherencia. Un claro ejemplo lo acaba de dar la Corte Suprema de Justicia al entrar, al parecer, en una nueva ronda de detenciones y enjuiciamientos de congresistas y funcionarios del estado acusados de tener nexos orgánicos con grupos paramilitares. 

Está muy bien que se investigue y castigue a quienes han deshonrado a este país y a sus instituciones. Se entiende, se comprende y hay que apoyar a la Justicia en su empeño de sancionar a aquellos sobre los que recaen denuncias con evidencias sólidas. La infiltración paramilitar en varios órganos del estado tuvo dimensiones escandalosas.

La opinión ha mirado con simpatía el proceder de la Suprema, sin embargo, la satisfacción sería mayor y más plena si a la vez, la Corte realizara con el mismo vigor y rigor las investigaciones que se derivan de las relaciones, evidentes, orgánicas e ideológicas entre grupos guerrilleros y dirigentes políticos, algunos de ellos empleados públicos. La información hallada en los computadores decomisados a los jefes guerrilleros, las delaciones, la labor de inteligencia de la fuerza pública, como también, suponemos, la que aún no ha sido develada, configura un apreciable volumen de pruebas e indicios que es preciso investigar y de ser el caso enjuiciar. Hay suficiente evidencia de nexos de personas y grupos de izquierda con las guerrillas que se dieron al calor de la idea de que era legítimo impulsarla combinación de todas las formas de lucha.

La Justicia no se puede quitar la venda de los ojos. Negarse a abrir los expedientes de la farc-elenopolítica no contribuye al establecimiento de la verdad ni a la reconciliación. Por el contrario, sirve a la oscura percepción de que las guerrillas colombianas actúan motivadas por ideales altruistas, que sirve de manto para el ocultamiento de crímenes nefandos de guerra y de lesa humanidad cometidos en nombre del pueblo.

Por otra parte, la asimetría en materia de vigilancia y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos es fácilmente detectable en el accionar de muchas ONGs y colectivos de abogados que, por principio, sólo se fijan en las violaciones o infracciones cometidas por agentes del estado. Aquí la mirada bizca nace como flor silvestre. Sólo el estado, según su sesgado punto de vista, es el responsable por la violación de estos derechos. En sus cuentas nunca aparecen los crímenes de las guerrillas. ¿Por qué? Entre otras razones es de resaltar la que tiene que ver con una visión acomodada y restringida acerca de quiénes pueden ser imputables en este campo. En tiempos pasados se consideraba, y esto se aplicó por muchas décadas, que era el estado, como alta parte contratante de los convenios de defensa de los Derechos Humanos, el único sujeto imputable de responsabilidad y sanciones por acción u omisión. Lo dicen representantes visibles de estas organizaciones para las que las guerrillas no pueden responder ni por crímenes de guerra contemplados en el derecho internacional humanitario, dizque porque no son parte contratante o firmante de los convenios ni son un estado.

Estas organizaciones y sus dirigentes ocultan a la opinión pública los contenidos filosóficos que sustentaron la creación de la Corte Penal Internacional en 1998 con el Estatuto de Roma en el que quedó estipulado que no son solamente los estados sino también los individuos y grupos políticos en armas que dicen luchar por ideales altruistas los que pueden ser investigados por infracciones a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario. Los Cepeda, las Córdoba, los Valencia, los Colectivos, los grupos intereclesiales, las Comisiones de juristas y muchos columnistas progresistas y de izquierda solo tienen ojos para mirar y poner en entredicho, siempre, al estado colombiano, mientras invisibilizan o minimizan los vejámenes de las guerrillas. Por eso nunca los hemos visto ni veremos clamar justicia por los desmanes de las “altruistas” guerrillas.

Lo que está sucediendo con el caso del Palacio de Justicia y la demanda en la que intervendrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy ilustrativo. Para los que siempre condenan al estado y a sus agentes, que el estado asuma la estrategia de defenderse negando aquello de lo cual es acusado, es improcedente y condenable. Lo justo y lógico es partir de reconocer la culpa y la responsabilidad. Como si el estado fuese una entidad al margen de los miembros de la sociedad, una inmensa caja en la que cabe todo, como si sus recursos no fuesen los que aportamos los ciudadanos con los impuestos, como si se tratara de un bolsillo ajeno o una vara de premios, una entidad abstracta, estos señorones de los Derechos Humanos, nos convierten a todos los que conformamos el estado en responsables y nos imponen penas vergonzosas y multas multimillonarias de las que  a ellos corresponden comisiones entre un 30 y 35%.

Nunca los veremos pleiteando contra las guerrillas por el secuestro de miles de empresarios del agro, por la muerte de sindicalistas acusados de derechistas, por el arrasamiento de pueblos pobres, por la contaminación del medio ambiente con sus voladuras a los oleoductos, por el reclutamiento de niños, por la destrucción de bienes civiles. Tienen la fórmula: el estado es culpable de todo, por no haber realizado el progreso y la justicia social para que no existieran causas objetivas del levantamiento armado.

No hay simetría cuando el peso de la culpa de todo lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia se derrama sobre el estado y algunos de sus agentes y a la vez se silencia la del grupo que entró echando tiros a diestra y siniestra y matando a sangre fría a visitantes, empleados y magistrados del palacio.

No hay simetría cuando se afirma que el proceso de paz con los paramilitares fue demasiado blando en las penas impuestas a responsables de crímenes horrendos (8 años de prisión y cero favorabilidad política) mientras se pide y se exige que para los comandantes guerrilleros no haya cárcel y además se les abra la oportunidad de llegar al congreso, como si los crímenes de estos fuesen simples infracciones de tránsito.

Dario Acevedo

rdaceved@gmail.com

@darioacevedoc

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