El
servicio de telecomunicaciones en Venezuela es quizás uno de los más atrasados
de Latinoamérica. La incompetencia gubernamental se ha ocupado de que sea así.
Poco más de 17 años ha bastado para alcanzar ese nivel. No hay ninguna
diferencia entre dicha condición y la que exhibe el servicio eléctrico. La
similitud describe una realidad homogénea y también identifica al mismo
responsable.
En
telecomunicaciones y en su conducción, existe una justificación gubernamental
cuando los usuarios reclaman eficiencia y cuestionan la mala calidad del
servicio de internet y telefonía móvil: “muchos venezolanos juegan demasiado y
la lentitud es deliberada, porque el país necesita que se trabaje mucho más”.
En
cuanto al servicio eléctrico, se trata de una actividad regida por el Gobierno
que se ha ido deteriorando progresivamente. Lo ejemplariza el estado en que se
encuentra la red nacional de generación y distribución. Desde la década de los
setenta hasta 1999, Venezuela desarrolló el sistema nacional de electrificación
más completo, diversificado y moderno de toda Latinoamérica. Su alcance hizo
posible la cobertura satisfactoria de más del 95% de las ciudades, pueblos y
caseríos en todo el territorio nacional. El país, incluso, alcanzó estándares
competitivos en la exportación de energía eléctrica. Colombia y Brasil pasaron
a ser mercados a conquistar con el nuevo recurso de exportación. Se trataba de
llegar a ciudades de países vecinos. No de alcanzar espacios distintos que
pudieran desvirtuar la competitividad.
Durante
los últimos tres quinquenios Venezuela ha invertido más de 45 mil millones de
dólares para mantener ese ritmo de crecimiento sectorial. Es lo que describen
las cifras dadas a conocer por las autoridades. Curiosamente, como en otros
casos conocidos, aquí la inversión no ha servido para evitar que el servicio
eléctrico presente un cuadro distinto al de una condición lamentable en generación, transmisión y comercialización.
La
inversión se habría hecho supuestamente en programas de desarrollo. Nadie
explica, sin embargo, por qué abundan los proyectos sin ejecución, la
paralización de otros, el retardo de las ejecutorias, la insistencia en la
carencia de recursos. De igual manera, tampoco se describen las razones por las
que otras obras no han pasado de ser simples registros en maquetas. En el menos
mal de los casos, en la etiqueta
efectista de una abundante colocación de “primeras piedras” promovidas por
costosas campañas publicitarias.
¿Por
qué, de igual forma, se dejó sin efecto el cumplimiento de los programas de
mantenimiento necesarios para preservar el caudal de generación eléctrica de
que ya disponía el país?.
No
haber acometido el programa de desarrollo debidamente, ni implementado con la
rigurosidad del caso el proceso de mantenimiento, se ha traducido en que
Venezuela dependa hoy de un servicio eléctrico deficiente a nivel nacional. Su
tarjeta de presentación más conocida es la de
las constantes interrupciones -o apagones no programados- con sus obvias
consecuencias: incomodidades y pérdidas materiales, degradación del confort y
de la calidad de vida para la
ciudadanía, como de la economía en general.
Ningún
país puede avanzar si su infraestructura agropecuaria, industrial, de
prestación de servicios o de comercialización no dispone de un servicio
eléctrico confiable. ¿Cómo hacerlo, además, si tampoco gozan de dicho servicio
la habitabilidad y sus requisitos
anexos?.
Todo
tejido público y privado de producción está íntimamente ligado en su acceso
confiable y seguro al servicio de energía eléctrica. De no ser así, el proceso
está condenado irremediablemente al deterioro y a la definitiva paralización y desaparición.
En
Venezuela, como en cualquier otro país, la empresa privada constituye la única
garantía de desarrollo por lo que ella representa para la estructuración de la
infraestructura productiva y comercial. Y la pérdida de calidad del servicio
eléctrico, entre otros, es actualmente la causa de un costo no apreciado por
las autoridades ni por la propia sociedad. De hecho, se ha convertido en un impedimento en la logística
productiva. No permite producir ningún bien terminado a precios competitivos
con las empresas competidoras del exterior. Y se ha convertido en un activador
del afán importador, como de la economía de puertos. Es, por supuesto, otro
motivo de la fuga de divisas, aunado al
invariable régimen de control de cambio. Otros, desde posiciones decisorias,
los convierten, inclusive, en excusas para adquirir productos que se podrían
fabricar a nivel nacional, y en una alternativa funcional para el sostenimiento
de la corrupción.
La
escasez de alimentos es una de las principales preocupaciones del venezolano.
Le disputa y gana la posición del liderazgo social que también ostentan la inseguridad y la inflación causada por la
gigantesca y desordenada devaluación del bolívar. Los que gobiernan, sin
embargo, parecieran no inquietarles que el 80% de los alimentos que se consumen
el país sean elaborados con base en un proceso industrial que requiere energía
eléctrica. Después del procesamiento, un porcentaje de igual proporción
necesita refrigeración para su conservación. ¿Por qué no asumir y aceptar que
se hace necesaria la disposición de un servicio eficiente y continuo de energía
eléctrica? ¿Por qué, adicionalmente, no reconocer que la prevención de las
incidencias de los efectos climáticos en la prestación de dicho servicio no
debe ser subestimada?.
Es
necesario lograr el autoabastecimiento y la posible exportación de energía
eléctrica. Y hacerlo con el propósito de ahorrar divisas y de producirlas. Para
alcanzarlo, se requiere eficiencia y una operatividad competitiva. Hay que
descartar el componente ideológico como requisito imprescindible para la
selección del personal especializado. El país dispone de expertos para alcanzar
dichos objetivos. Las inversiones sectoriales se tienen que acometer con base
en verdaderos controles administrativos. El Estado, inclusive, pudiera
reservarse la producción energética de acuerdo al postulado de actividad
básica. Es un tema que puede ser motivo de debate, incluyendo la modalidad de
la comercialización a cargo de una red nacional de empresas privadas. Cuando
sean los particulares y no los gobiernos los que dominen este campo, se podrá
garantizar la oferta de un eficiente servicio que se comercialice de acuerdo a
tarifas adecuadas, para que las empresas comercializadoras puedan operar sin
cargo al Estado.
Cuando
el servicio eléctrico no dependa del enfoque populista de siempre, no habrá
razones para que se justifique y se permita el robo de energía actual.
¿Cuál es realmente la proporción o relación costo-beneficio de
dicha modalidad?. Tampoco tendría razón de ser que las dependencias
gubernamentales sigan siendo un ejemplo de derroche. Mucho menos que el
Gobierno Nacional siga siendo el mayor deudor o moroso del pago por el consumo
de energía eléctrica, como lo es actualmente también en otros servicios, como
son: agua, teléfonos y aseo urbano.
Si
no se le presta atención a la actual situación que afecta integralmente al
servicio eléctrico del país, definitivamente, no se podrán evitar su mala
calidad y los apagones. Las empresas privadas tendrán que seguir funcionando entre
carencia de dólares y apagones, además de una rentabilidad caprichosa, según la
decisión de quien gobierna. También pudieran darse apagones encadenados. Mejor
dicho, relumbrones y más relumbrones.
Egildo
Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD NACIONAL, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, ACTUALIDAD INTERNACIONAL,
