La incruenta persecución a los líderes de la
oposición, incluido el propio candidato a la presidencia Henrique Capriles, a
Leopoldo López, Ismael García y Richard Mardo, entre otros dirigentes políticos
no sorprende a quienes piensan que los socialistas de nuevo cuño tienen entre
sus principales objetivos prolongarse en el poder en nombre de una supuesta
revolución representativa de los intereses populares. Lo que si llama la atención,
y a la reflexión, es la gravedad e intensidad de los ataques a quienes, por los
cauces democráticos, reclaman la verificación de los escrutinios. Se ha
declarado una verdadera guerra sin cuartel contra quienes discrepan de la
verdad oficial.
Una auténtica cacería de brujas con la
inmediatez - que por cierto brilla en otros casos en los que se encuentran
involucrados personajes de la revolución socialista, marxista, bolivariana y
por ende comunista, como lo afirmara Fidel Castro – se ha desatado para
intimidar a quienes ungidos por sus derechos constitucionales vienen reclamando
desde el mismo día en el que CNE dio a conocer los “resultados” (¿) del 14 de
abril pasado.
¿Acaso es un delito?. Probablemente para los
neo socialistas venezolanos encubiertos en la mal llamada revolución
bolivariana constituya un delito, porque en su interregno político esa acción
de legitimidad de los derechos ciudadanos si lo es. De allí, que lejos de
procurar el diálogo con quienes los adversan, se han abocado a incoar juicios
contra los más destacados líderes de la oposición, con la aviesa intención de
encarcelarlos y de esta manera silenciar sus encendidas voces.
Lamentablemente, la solidaridad inmediata y
agresiva de los países de la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América) y Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) con Maduro se
revela como un importante instrumento defensivo y político de un bloque de
países americanos, con gran peso en las relaciones internacionales. Una
solidaridad que esperó el pueblo venezolano de sus hermanos latinoamericanos, y
que con pocas excepciones alcanzo a medias, y por ello Henrique Capriles se vio
en la necesidad de elaborar una agenda de visitas internacionales que inició en
Bogotá, para explicar la crítica situación que vive nuestro país, a raíz de la
legitimación absurda que hiciera el CNE al declarar ganador de las elecciones a
Maduro.
Por otra parte, las protocolarias relaciones
diplomáticas y decisiones de organismos tradicionales como la OEA, cuyo
Secretario General, José Miguel - por
cierto – se deshizo impúdicamente de este compromiso, infelizmente no han sido
superadas porque hubo un categórico e inmediato pronunciamiento de los
Gobiernos que han mantenido una estrecha amistad política o económica con Chávez.
Y el respaldo a la rápida posesión de Maduro fue una demostración activa y
sorprendente de aliento.
El clásico principio de "no intervención
en los asuntos internos de otro Estado" parece haber quedado obsoleto,
ante la realidad que vive el continente.
El apoyo incondicional, especialmente de los
países de la ALBA, no contempla digresiones sobre cualidades o aptitudes de un
gobernante, cuestionamientos electorales o abusos de poder.
La causa revolucionaria que aparentemente se
representa hermana voluntades y compromisos de los líderes que coinciden con el
socialismo y excluye cualquier otro tipo de consideraciones.
El clientelismo en lo interno y el presuroso
apoyo en lo externo de los Gobiernos identificados con revoluciones mediáticas
de corte socialista, son valiosos elementos que se deben considerar en el
futuro en las contiendas políticas latinoamericanas, lo cual obliga a la oposición a revisar sus estrategias para
competir en el futuro inmediato en igualdad de condiciones, tarea ésta en que
cual se encuentra abocada desde hace tiempo la Mesa de la Unidad.
No será por la vía de la amenaza, el
vituperio y la prepotencia, que el gobierno (¿) de Maduro intimide a los más
altos exponentes de la oposición, a los empresarios privados y a los dueños de
los medios, ni utilizando la técnica fascista de la desfiguración del
contrario, sin presentar prueba alguna, para seguir sembrando el odio y
estimular una espiral de violencia, atentando al mismo tiempo contra la
eminente dignidad de los venezolanos.
El artículo sesenta de la Constitución
establece que "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor,
vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación". Lo
mismo contempla los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, suscritos y
ratificados por Venezuela. A partir del artículo 442, el Código Penal impone
multa y cárcel por ofensas al honor de las personas. Nuestro Código Civil
garantiza el resarcimiento por el daño moral causado y la Carta Magna el
derecho a réplica y rectificación.
¡A veces la justicia tarda, pero llega!
Miembro fundador del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP-122)
careduagui@yahoo.com
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