¿Para qué universidades, liceos o escuelas
si quienes marcialmente nos gobiernan pueden contratar grupos de esclavos que
sean capaces de trabajar y extraer combustible fósil en silencio y sin
protestar en una empresa petrolera?
¿Para qué profesores, estudiantes, artistas
o intelectuales libertarios si tenemos hombres dispuestos a recibir
entrenamiento miliciano para someter y acometer genocidios?¿Para qué poderes
públicos si quienes marcialmente nos gobiernan son la Institucionalidad del
Estado»
Escribí y publiqué el
presente texto en el diario El Universal de Caracas, el 31 de Enero de 1997,
víspera del advenimiento de quienes no combatieron ni proscribieron los
comportamientos criminales de sus predecesores: sino que los imitaron y
adoptaron al extremo de monstruosamente exterminar el «Estado de Derecho» en
Venezuela aparte de apropiarse, en concierto con forajidos transnacionales, de
nuestras riquezas petroleras y arruinar la principal empresa del país.
Pese a los cambios de
gobierno que en el curso de la «Democracia Representativa» hemos tenido, los
«paros» que sistemáticamente se suceden en nuestra nación demuestran que
todavía no hemos experimentado mandatarios competentes.
Los trabajadores al servicio del Estado no deciden convocar las huelgas por divertimento, avaricia o flojera. Es inocultable la progresiva e inaudita depauperación del poder adquisitivo de los venezolanos, realidad frente a la cual los políticos al mando suelen asumir posiciones que ponen en evidencia que no son inteligentes ni aptos.
Casi es inevitable
que padezcamos gobiernos ineptos. Son los partidos políticos, las cofradías de
hombres y mujeres movidos por intereses oscuros e irrevelables, los únicos
autorizados por las leyes para ofrecer candidatos a la Presidencia u otros
cargos. Nadie con suficiente probidad y que se sienta capaz puede competir sin
el apoyo de alguna organización admitida por el Consejo Supremo Electoral
contra alguien que sea impulsado por esas especies de mafias
institucionalizadas y lícitas. Mientras nuestra República sea
constitucionalmente lo que conocemos, jamás seremos gobernados por los más
justos y aptos.
Por ello sostengo los
venezolanos vivimos en un país desintegrado: caótico, sin la protección de las
leyes o instituciones (es decir, sin Estado de Derecho).
La Casta Exterminadora
de Tesoros Ajenos, inserta en los poderes Ejecutivo y Legislativo, actúa cual
excepción frente a los castigos expuestos en la Ley de Salvaguarda del
Patrimonio Público y el Código Penal.
En cuanto a los empresarios y financistas
inescrupulosos, logran multiplicar ininterrumpidamente sus fortunas gracias a
sus alianzas con los malhechores del «Hedor Político». Los funcionarios
públicos de alto rango que buscan enriquecerse necesitan de los primeros y por
esa razón la «Administración Pública» no es cosa diferente a la «Depredación
Nacional».
Los paros universitarios representan la sintomatología de una enfermedad crónica llamada incompetencia: y que, desde su juventud, adquirieron muchos de los presidentes y ministros que nos han azotado.
La actitud
fraudulenta y ventajista en la praxis del poder por parte de los gobernantes
pone en evidencia que a ellos no les interesa el fortalecimiento del Sector
Educativo, el mejoramiento de las condiciones de existencia del ciudadano ni la
patria: sólo el hurto, el aprovechamiento y la apropiación indebida de bienes o
servicios, la vida buena e individual o de la casta a la cual pertenecen por
encima del empobrecimiento de una mayoría bajo sufragio timada.
Los universitarios no
suspenden sus labores por culpa de la insinceridad y maledicencia que han
caracterizado a los ministros de Educación y Economía de Venezuela. Tenemos
recursos financieros, eso es indiscutible y del dominio general; pero,
infortunadamente, lo que más abunda en este país es gente mediocre en los
poderes Ejecutivo y Legislativo: centros de distribución del Tesoro Público,
apetecible botín siempre a la vista y disposición de los forajidos.
Ni los universitarios
ni el resto de los trabajadores honestos de la nación tienen por qué continuar
sometiéndose, por el capricho de un enjambre de traidores al mando, a los
dictámenes de los «Depredadores Nacionales e Internacionales de la Economía
Venezolana». Los paros son una calamidad, es cierto: empero frente a la opción
del alzamiento o contienda armada, de la guerra civil, son todavía preferibles.
Alberto Jimenez Ure
jimenezure@hotmail.com
@jurescritor
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