Según el presidente Maduro, en Venezuela hay
unos 6 millones de colombianos, lo que significa el 20 por ciento de nuestra
población. Posiblemente, ningún otro país en el mundo tiene una proporción de
extranjeros tan grande viviendo en su territorio y, mucho menos, en condiciones
de ilegalidad. Los latinos en EEUU están muy lejos de acercarse a este
porcentaje; en Europa tampoco ocurre, a pesar de la constante llegada de
africanos y asiáticos. No incluyo los emigrantes que viven en campos de
concentración, pues ellos no están en las condiciones de libertad de los
nacionales de los países donde se encuentran.
El asunto es difícil de tratar y nadie quiere
hacerlo, pues se mezclan variadas consideraciones ideológicas, políticas,
económicas y sobre todo humanas. Sin embargo, hay que comenzar a afrontarlo
seriamente, pues no se lo puede dejar en mano de Maduro y su camarilla,
interesados sólo en medidas efectistas que los hagan recuperar las simpatías
perdidas. Tampoco se lo puede dejar a la MUD, pues son responsables en parte de
la situación existente, ya que ésta no se inició en 1999 sino mucho antes, y el
tratamiento que le dan es también politiquero y electoral, sin pensar en los
intereses y seguridad de la patria.
Lo primero a señalar es que el gran número de
nacionales colombianos en Venezuela posibilita indeseadas intervenciones del
gobierno de Colombia en nuestros asuntos internos. La denuncia de nuestros
gobernantes por el Procurador colombiano ante la Corte Internacional es una
desagradable muestra de lo afirmado. Maduro, por otra parte, debe entender que
los problemas fronterizos, el contrabando entre ellos, no se resuelven con la
farisaica Operación para la Liberación del Pueblo, la cual ni libera ni mucho
menos está dirigida al pueblo.
El tratamiento demagógico electoral de los
problemas fronterizos le hace un pésimo servicio a nuestro país. Todo el mundo
sabe que los militares son parte estructural del contrabando de bienes
venezolanos subsidiados y de la gasolina, por lo que resulta ridículo que sean
ellos quienes instrumenten el cierre de la frontera a los contrabandistas. Los
reales afectados son personas de bien, mujeres y niños, tanto venezolanos como
colombianos, que deben cruzar diariamente de uno a otro país por razones
laborales, familiares, de salud o comerciales.
El estado de excepción, por otra parte,
afecta negativamente a todos los habitantes, pues paraliza y entorpece sus
actividades rutinarias y los hace víctimas de la violencia, que caracteriza a
la acción militar. Crea además una situación riesgosa por ser un gobierno
represivo, autoritario, corrupto y tener una desmedida ambición de poder. Es
urgente que académicos y estudiosos, que quieran a su país, aborden seriamente
el problema y aporten soluciones al caso.
Luis
Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro
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