En toda democracia la concurrencia cíclica a
procesos comiciales para elegir al presidente, gobernadores, alcaldes y
representantes populares ante los entes legislativos es un hecho normal y forma
parte de esta particular forma de gobernar una determinada sociedad, que supera
o buscar solucionar sus diferencias y problemas a través del voto.
Con la aparición de la democracia
representativa algunos obstáculos al ejercicio del voto de los ciudadanos
fueron soslayados. Ya no existe, salvo en los pocos regímenes
totalitarios, restricciones al ejercicio
del voto. Así la institución del voto se ha expandido a hombres y mujeres sin
imponer condición alguna de propiedad o riqueza, si acaso, se establece un
mínimo de edad para poder sufragar.
Algunos principios han sido desarrollados
pues no se trata del ejercicio del voto en cualquier condición: el voto ha de
ser universal, todos han de tener ese derecho; tiene que ser directo, eximiendo
a terceros a que lo hagan por el titular de tal derecho; el elector debe
hacerlo en privacidad, no está obligado a hacerlo público. Finalmente, el voto
debe hacerse de manera libre de modo que nadie debe recibir presión ni coacción de nadie para el
ejercicio del sufragio.
El gobierno venezolano que atraviesa el
desierto con el sol a las espaldas ha iniciado una serie de “operaciones
electorales” que buscan degradar la calidad electoral, además de propender a
vulnerar algunos de los principios ya señalados.
La desesperación gubernamental hizo que se impusieran un conjunto de medidas de orden judicial para arrancar las autoridades de algunos partidos para colocar a individuos afines a las políticas oficialistas o simplemente para imponer ciudadanos generosamente atendidos de bienes escasos. Así, una suerte de cayapa se impuso sobre la tarjeta unitaria en la que van los candidatos de la unidad democrática, hoy altamente favorecidos con la opinión mayoritaria de los venezolanos.
A la par de estos ardides electorales en las
que se han conjurados los distintos poderes del Estado, el gobierno desata toda
una acción sobre las fronteras como mecanismo -dicen- de erradicar el
desabastecimiento y la delincuencia, no obstante, a más de una semana de esos
sucesos, los anaqueles continúan vacíos, y sigue sin disminuir los crímenes y
atracos a lo largo y ancho del país.
Las últimas medidas del gobierno no persiguen remediar las angustias colectivas. El régimen transita una vía que busca deslegitimar el proceso electoral del 6 de diciembre. El estado de excepción impuesto en la frontera y que pretende ampliarse, solo busca impedir que el ejercicio libre del voto pueda producirse normalmente, además de entorpecer, la acción proselitista de los candidatos opositores en la campaña electoral.
Los parlamentarios a escoger el 6 de
diciembre, inspirados en la teoría democrática liberal, que incomoda al
régimen, supone como señala Nohlen
que “…sin la abierta competencia por el
poder entre fuerzas sociales y agrupaciones políticas, no hay democracia”. Así,
los rasgos distintivos de unas elecciones competitivas pretenden ser maniatadas
con medidas administrativas que imponen la presencia militar, ya no apolítica
sino parcializada, activa y hasta deliberativa, para intimidar la fuerza
política que en la actualidad viene a representar una esperanza de cambio y de
reconciliación nacional.
El gobierno azuzado por su tentación totalitaria se desliza sobre una filosa navaja. Le cuesta mostrar al mundo su talante, su antiestético rostro, pero independientemente de los rasgos autocráticos del régimen, la obligación de la MUD, en conocimiento de sus amplias posibilidades de éxito, deberá estar orientada en la ruta electoral. Todo obstáculo, independientemente de su magnitud, deberá ser superado con la sabiduría y la certeza de un triunfo que cambiará el destino de la nación.
Leonardo
Morales P.
leonardomorale@gmail.com
@leomoralesP
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