Dicen
que en los países se imparte una educación de calidad, proporcionalmente en
razón de la formación de su liderazgo. De sus conductores. De sus gobernantes.
Cuando a esos países les conducen líderes que recibieron una educación de
calidad, sus habitantes, obviamente, siempre
serán favorecidos con una educación de calidad. Es una relación de
compensaciones subjetivas que, desde luego, siempre hará posible que dichos
países, con el correr de los años, van a poder evolucionar, superar
permanentemente sus obstáculos formativos e informativos.
De
hecho, una evaluación detenida sobre la estructuración del mapa mundial en
razón de los niveles de educación de cada país, de entrada, arroja el resultado
esperado: los países que tienen mayores índices de analfabetismo, son los que
denotan más señales de atraso. A mayor nivel de ignorancia, mayores son los
problemas que agobian a sus pobladores; más diversificada es la naturaleza de
los problemas sociales, económicos, políticos y morales.
Por
lo tanto, no es posible desvincular subdesarrollo del carácter prioritario o no
que se tenga de la importancia de que exista y funcione un sistema de educación
de mucha calidad.
Y
el planteamiento general viene al caso, luego de que siete millones de niños
venezolanos iniciaran teóricamente esta semana el año escolar 2015-2016. Lo
hicieron en el peor de los ambientes: 40% de las instalaciones educativas
públicas en malas condiciones físicas para impartir enseñanza; educadores sin
garantía de que las recientes decisiones salariales les serán reconocidas y
cumplidas; colegios privados acosados por entes públicos empeñados en impedir
–o reconocer- acuerdos de modificaciones en matrículas y mensualidades; niños
impedidos de asistir a clases por la imposibilidad familiar de sufragar
vestimentas, calzado, libros y útiles, debido a la expansión incontenible de la
inflación.
Sin
duda alguna, es una lista de complejidades que imposibilita el cumplimiento de
un período escolar de 180 días de clases. Pero, además, que abre el espacio
para que se incluyan otros dos aspectos que no pueden ni deben excluirse de
este crudo análisis: la imposibilidad de que miles de estos muchachos puedan
iniciar y concluir su año de estudios, en vista de que en sus hogares no hay
los alimentos suficientes y variados cuya ingesta facilite el aprendizaje. Y
que las autoridades responsables de dicho proceso, están pendientes es del
cumplimiento del Programa Escolar, cuya novedad es la incorporación de nuevas
efemérides asociadas a fines políticos partidistas, como de la distribución de
textos escolares gratuitos con una alta incorporación de objetivos
adoctrinadores de la muchachada infantil.
Con
el inicio escolar en estas condiciones, es inevitable que el factor económico,
especialmente el elemento salarial, se haga sentir en cualquier consideración
relacionada con el proceso formativo de seis intensos meses de actividades. Tiene que ser así.
Los
salarios en Venezuela parten del mínimo mensual establecido de que es de Bs.8.000.
Eso equivale a $ 11 al cambio de Bs. 700, único al que acceden los ciudadanos
ajenos a la conducción del Estado, y que opera como referencia en la fijación
de precios dolarizados. Sin embargo, los salarios fluctúan de acuerdo a la
preparación o habilidad del trabajador, y oscilan entre Bs. 8.000 y Bs. 50.000,
considerado, por cierto, “un buen salario”.
Pero
¿qué tan “bueno” es un salario mensual en el seno de cualquier familia, cuando
una dotación de sólo un niño de vestimenta escolar, integrada por camisa,
pantalón, zapatos, medias y ropa interior cuesta no menos de Bs. 25.000?. ¿Qué
hacer cuando a ese solo niño se le debe complementar dicha
dotación con otras dos para el mismo año escolar, en razón de uso y
daños propios de la actividad escolar?. Se trata de Bs. 75.000 mínimo por niño,
sin incluir la compra de los inevitables útiles escolares. La cuenta familiar
arroja que en un hogar promedio venezolano conformado por 2 niños, en este año escolar se debe asumir
un gasto de Bs.300.000.
Cuando
a dicha cantidad se añaden los gastos adicionales relacionados con transporte y
lonchera diaria de alimentación para el año escolar y en atención individual
por niño, habría que añadir otros Bs.110.000, hasta concluir en el promedio
complementario de Bs. 220.000 por los dos niños.
La
suma de estas partidas de cálculo arroja un egreso familiar de Bs. 520.000
durante el lapso de 9 meses del llamado año escolar, y una erogación mensual
promedio de Bs.57.777. Es decir, un monto que excede el total de lo que se considera
“un buen salario”. Y que se aplica en su evaluación, a la consideración de que
es un egreso familiar para que los niños asistan a clases, cumplan con sus
necesidades de dotación sin excesos, y con la presunción de que no se
enfermarán ni podrán ir a un control médico de rutina.
Con
la escala de sueldos anteriormente señalada, ¿cuántas familias podrán cumplir
con este gasto anual y mensual promedio?. ¿ Cuántos niños o adolescentes se
pudieran ver obligados a terminar siendo desertores escolares para ahorrar gastos, o para dedicarse a trabajar y
contribuir con el ingreso familiar?. ¿Cuál es realmente el resultado educativo
al que aspira Venezuela, cuando el panorama que se vislumbra solamente para
este año escolar ofrece este cuadro de dificultades?.
Es
innegable que éste es otro de los graves problemas, entre tantos otros, al que
se enfrentan Venezuela y los venezolanos. Países vecinos en donde también se
registra una severa caída de sus ingresos, debido a que sus exportaciones de
commodities no están aportando los recursos necesarios para sufragar sus
egresos, están atacando severamente los gastos innecesarios. Se están ocupando
de impedir que el derroche y el posible
descontrol administrativo no castigue a sus empresas, sus habitantes,
incluyendo niños, jóvenes y ancianos.
En
Venezuela, el empecinamiento público, en cambio, gira alrededor del
mantenimiento de controles a la
economía, de una obsesiva persecución a los que producen, y de flexibilizar
procedimientos arancelarios para que las importaciones promovidas por amigos y
allegados al Gobierno, no se detengan ni se contengan. Y, todo ello, mientras
que el precio del petróleo, única fuente de ingresos del país, se mantiene a
menos de 50 dólares promedio el barril.
Los
informes que han estado levantando las calificadoras internacionales de riesgo
sobre Venezuela, poco a poco han comenzado a dejar saber que, ante la ausencia
de decisiones para evitarlo y la manera como el Ejecutivo insiste en hacerle
frente a las obligaciones de la deuda, a expensas, inclusive, del
funcionamiento del sector productivo, sí es posible caer en el terreno del
impago en el 2016. Es decir, que la nación, además de la recesión y la
hiperinflación, saboreará la amargura de caer en default. Pero eso pareciera no
provocar ruidos en el alto Gobierno, mucho menos entre las individualidades
administrativas encargadas de impedir que eso suceda.
Y
si eso, con la gravedad de lo que representa para el necesario rescate del
estado de problemas de la economía, tampoco cuenta, ¿por qué esperar que cambie
la seria, dura y comprometedora situación de dificultades que se registra con
el sistema educativo del país?. No cuenta, por lo visto, caer eventualmente en
default. Mucho menos, posiblemente, que las familias tengan que enviar a sus muchachos
a clases desnudos y sin libros, además de peor alimentados.
Egildo
Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
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