No se transa un conflicto sangriento del
calibre del de Colombia sin hacer concesiones oficiales a cambio del silencio y
la entrega de las armas.
Desde el dia del miércoles en que se
convinieron en La Habana los términos de la próxima etapa de la paz entre
guerrilleros y gobierno, de lo que se habla es de una amnistía, de un indulto
que revestirá características especiales y que requerirá la adecuación del
ordenamiento legal del país vecino para darle cabida al perdón a crímenes
horrendos. Este convenimiento, después de dos años de negociaciones, aún debe transitar
etapas difíciles y su resultado no es para mañana. Podría perfeccionarse en
seis meses si se acuerdan los detalles de este reacomodo legal que se llama
Justicia Transicional y tendrá que ser refrendado por la población. Esa será la
prueba de fuego.
Los afectados directos por 60 años de
insurgencia violenta son mas de 7 millones de colombianos desplazados o que
perdieron sus propiedades y sufrieron los embates del crimen. A esta fecha hay
mas de 200.000 muertos en la canasta de las FARC.
El presidente Juan Manuel Santos le está
abriendo paso a una fórmula de administrar justicia y de aplicar penas
novedosa, original, a la que muchos le dan la bienvenida únicamente para poder
avanzar en el proceso de pacificación pero que ha generado y generará oposición
frontal en Colombia no solo de parte de muchos juristas sino de la población de
a pie que desea ver saldadas las cuentas para sus muertos y para sus afectados
a través de la justicia. Ya se están
presentando paradojas que pueden entorpecer el avance de la próxima etapa que
es la de hacerle digerir al país el perdón y la convivencia con los criminales.
Por un lado, a minutos del estrechó de manos
entre las partes, el Fiscal General ordenó retirar todas las imputaciones contra la cúpula
guerrillera. Pero el Procurador General, quien representa a los ciudadanos
frente al Estado, reaccionó rápidamente a través de un comunicado de 10 puntos
asegurando que no hay claridad ninguna sobre las características de las penas
de privación de libertad que serían aplicadas a los comandantes del grupo. ¿Que
significa una “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”,
lo que resulta ser el término acordado?
Piensa el alto funcionario que si de lo que
se trata es de aplicar sanciones de prohibición de salir del país o a la
realización de un trabajo comunitario a los responsables de delitos atroces, el
problema legal trasciende las fronteras vecinas e incumple tratados
internacionales convirtiéndose en una violación de la justicia internacional. En
definitiva, este acuerdo le torcería el brazo no solo al ordenamiento
colombiano sino a sus compromisos externos.
Un importante trabajo de investigación de El
Colombiano con base en los expedientes judiciales y los antecedentes
registrados en la Dirección de Investigación Criminal, muestra cómo, si se
sumaran todas las condenas vigentes contra el Secretariado de las Farc en la
justicia ordinaria, deberían enfrentar una pena total superior a los 16 siglos
de cárcel para el grupo de líderes insurgentes que se sientan en la mesa de La
Habana.
No obstante, sí es imprescindible reconocer,
que hay un importante avance en un particular sentido. Hasta hace pocas semanas
los guerrilleros no consideraban la posibilidad de ir a pasar ni un minuto en
la cárcel. Esta ha sido la piedra de tranca de las tratativas de La Habana. El
solo hecho de que acepten la existencia de delitos sancionables de su parte,
que los confiesen verazmente y que convengan en acceder a penas retributivas es
un paso de avance. Pero hay que preguntarse si ello es suficiente o si Juan
Manuel Santos no le estaría abriendo la puerta de la impunidad a la comisión de
los delitos más execrables.
Estamos apenas al inicio de un nuevo proceso
dentro de un viejo proceso. Los aplausos y las lisonjas están de más en este
punto y hora porque queda aún por ver si los compromisos que se alcancen serán
cumplidos por quienes han usado el terrorismo y el narcotráfico a lo largo de
más de medio siglo para alcanzar sus “plausibles” propósitos. Solo en este año
2015, mientras avanzaban las negociaciones para instaurar la paz los violentos
acabaron con las vidas de cerca de 50 miembros de la fuerza pública de su país.
Otro
tema debe ser dilucidado por los venezolanos y tiene que ver con la parte del
conflicto que nos atañe más de cerca. ¿Cuánto del drama colombiano habrá ya
atravesado o atravesará la frontera para encontrar cómodo refugio en nuestro
territorio?.
Beatriz De Majo
bdemajo@gmail.com
@beatrizdemajo
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