Uno de los temas
más delicados en el campo de la diplomacia, es el tema de la delimitación de
las fronteras, ya que le exige que los Estados asumir posiciones de acuerdo al
Derecho Internacional y la sensatez. No basta con tener razón, sino actuar de
manera coherente. Un siglo después de la fecha de la adopción del Laudo
Arbitral de 1899 que determinaba la frontera entre Venezuela y Guayana
Británica, Hugo Rafael Chávez asume la Presidencia de la República ratificando
inicialmente los pasos que los diferentes Gobiernos venezolanos y la opinión
pública nacional habían adoptado por
considerar la sentencia como “nula e irrita” y asociándose a los triunfos que
la diplomacia de la Venezuela democrática había alcanzado en 1966 con la firma
del Acuerdo de Ginebra, con el que se ponía en tela de juicio los alcances de
la decisión del Tribunal Arbitral de Paris al presentarse pruebas concretas de
la nulidad del acto, basados fundamentalmente en el Memorandum de uno de los
negociadores, el americano Severo Mallet Prevost.
Se ha recordado estos días en múltiples
artículos que el Acuerdo de Ginebra se firma entre el Reino Unido y Venezuela
pero incorpora a la Guayana Británica con lo que se acepta que el futuro Estado
independiente se convirtiera en el nuevo actor internacional al permitirle ser
la parte directa del conflicto fronterizo. De esa manera se reiteraba la
reivindicación fronteriza, pero al mismo
tiempo se reconocía la independencia de nuestro vecino del sur, siendo
consecuentes con la política de apoyo a la descolonización defendida siempre
por Venezuela. Tres meses después de la firma del Acuerdo de Ginebra, la
República Cooperativa de Guyana proclama su independencia y se convierte en el
actor exclusivo de la delimitación de sus fronteras con los países vecinos.
La “diplomacia
bolivariana” en relación a la diputa fronteriza con Guyana ha tenido varios
errores ya que después de “pecar por defecto” durante los tres lustros de su
mandato al silenciar los pasos de posesión que paulatinamente fue ejerciendo
Guyana, se va al otro extremo para “pecar por exceso” con la adopción inicial
del Decreto 1787 que le pisa los callos a todos sus vecinos de América del Sur
y del Caribe, a lo que se suman otros tres desaciertos que ponen en peligro
nuestra reivindicación histórica:
internacionalizar el diferendo al acudir a Mercosur y Unasur; ideologizar el tema al señalar que se trata
de una pugna con la Exxon y con el imperialismo y no con Guyana; y utilizar las
banderas nacionalistas con acento militarista usado como plataforma electoral,
y corriendo con ello un riesgo similar al que sufrió el General Galtieri en
Argentina con el conflicto de Las Malvinas.
El Acuerdo de
Ginebra es un acuerdo transitorio definido por muchos como un “Acuerdo para
llegar a un Acuerdo”. A Venezuela le interesa lograr una solución por vía de
negociaciones bilaterales. Los Buenos Oficios parecían un buen camino para
lograr un Acuerdo en que ambas partes ganaran (“win-win agreement”) y evitar
entrar en los otros campos establecidos por el artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas que ya Guyana asomó en la década de los 80 al proponer que
se acuda a la Corte Internacional de
Justicia; a la Asamblea General de la ONU o al Consejo de Seguridad, que
Venezuela rechazó en su oportunidad logrando que se usen vías de negociación
bilateral y no vías internacionales que serian más perjudiciales ya que
volverían a asomar el riesgo del Laudo Arbitral. La internacionalización del
conflicto unido al lenguaje conflictivo no es una buena vía porque nos aleja de
una solución negociada, y pone en riesgo nuestra reivindicación fronteriza.
Milos Alcalay
milosalcalay@yahoo.com
@milosalcalay
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