Transcurren los días, la represión aumenta y
se perfeccionan y profundizan, la crueldad oficial y los métodos y mecanismos
para ejercerla. Aumentan los números de las víctimas fatales, los lesionados,
los torturados y los detenidos ilegalmente a los que no se les reconoce el
derecho al debido proceso; impunemente los grupos armados e irregulares
auspiciados, protegidos y financiados por el gobierno incrementan la virulencia
de los ataques a las personas, a la propiedad privada y a las pertenencias
ajenas. Se inventan tenebrosas conspiraciones nacionales e internacionales
supuestamente orientadas a desestabilizar al régimen.
Mienten exhaustivamente y
ocultan las cifras de desempeño económico, pretendiendo vender un utópico país
que está muy lejos del horror en que vivimos los ciudadanos. Tratan de infundir
miedo, mediante la escandalosa manipulación de las leyes y la institucionalidad
para acusar, acosar y calificar de enemigo, sin recurso de apelación, a todo
aquel que profesa ideas y valores diferentes de lo que el oficialismo
totalitarista asume como el bien común.
Crean una alharaca, sin lógica ni fundamentos, sobre el significado de
la Orden Ejecutiva del Presidente Obama, adoptada para sancionar a siete
funcionarios venezolanos vinculados con delitos de violación de los derechos
humanos y lavado de dinero. Manipulan a las masas de sus seguidores exacerbando
sus peores instintos, creando así una avalancha de odios hacia la disidencia
que nadie parece capaz de detener. Actúan, con gran complicidad e impunidad,
para permitir el repunte de una de las lacras sociales que más daño causa a una
sociedad: la corrupción; al extremo que el afán de enriquecerse en el menor
tiempo posible que domina a sus validos, sean éstos políticos, militares,
comerciantes o figuras más o menos públicas, ha generado, entre ellos,
confrontaciones de diversa índole.
En síntesis, el régimen ha tratado por todos
los medios a su alcance y con el poder totalitario del Estado, aplastar la
voluntad de cientos de miles de personas, tratando de potenciar su sumisión y
la desaparición del ansia de libertad que es la condición esencial de los seres
humanos. El gobierno irresponsablemente asume el rol de feroz contendiente, en
lugar de abrir, mediante acciones políticas contundentes y veraces, los caminos
para el entendimiento y la paz; los cierra a través de un discurso altanero y
desconsiderado en el cuál campean intentos de dominación gubernamental a la
sociedad, perversas órdenes de
incremento y profundización de la
represión, falsedades, descalificaciones y violaciones a las leyes. A pesar de ello, la fuerza de la protesta crece, persevera, se mantiene, se
reinventa y se extiende a diversas ciudades y sectores sociales. Es una suerte
de loca espiral en donde se confrontan la violencia oficial y la resistencia
heroica, una y otra vez, sin que la balanza de resultados de la pugna favorezca
claramente a ninguna de las partes involucradas.
A
pesar de los diarios enfrentamientos con una parte importante de la población y
la inminencia de un proceso electoral, el régimen no ha cedido un ápice a las
justas demandas de la disidencia, condiciones mínimas éstas, que facilitarían la
posibilidad de mantener conversaciones, con eficacia política, sobre la forma
de abordar conjuntamente las soluciones a la terrible situación que vive el
país en todos los órdenes.
No es posible iniciar un proceso de
desarrollo sustentable cuando las causas y
cicatrices de la contienda no han sido resueltas y sanadas. Después de
esta fase de horror y abusos de los derechos humanos como la que estamos
viviendo y para la que no se vislumbra su tiempo de terminación, nuestra
sociedad requiere la reconstitución de su tejido social asegurando la
convivencia mediante procesos de entendimiento sostenibles en el largo plazo.
Pero ese camino está repleto de escollos.
Promover un diálogo, supone: la edificación
institucional de la democracia y el estado de derecho; contar con instituciones políticas y
judiciales respetadas y creíbles para la administración y solución de
conflictos por vías no violentas; llegar a un consenso sobre lo que no es
aceptable promover y los medios que resulta inaceptable emplear para proteger
intereses por legítimos que sean. Todo eso supone la aplicación de un enfoque
multilateral del ejercicio de la justicia en el proceso de cambio en el que
estamos envueltos. Se debe privilegiar la actitud reflexiva sobre lo emocional.
Sin ello, la paz es apenas el interregno de una inacabada espiral cíclica de
conflicto y violencia. Si bien la resolución de los conflictos se encamina en
el corto y mediano plazo a llegar a arreglos que satisfagan mínimamente las
demandas de los contendientes, la transformación del conflicto supone atender y
dar solución a los problemas estructurales y culturales profundos que le dieron
vida y restablecer el tejido de convivencia social que ha sido roto durante los
últimos cinco lustros.
Vivimos una nueva era, “el madurismo” emite los últimos estertores de su agonía pero, el régimen continúa anclado en viejas doctrinas que le impiden ver cómo es que es la realidad que lo circunda. La revolución que necesitamos es la de nuestro pensamiento. Sólo una transición hacia un nuevo paradigma de desarrollo democrático, capaz de administrar y resolver los conflictos de manera institucional, honesta y no violenta, podrá dar respuesta a los anhelos de paz de la sociedad venezolana.
Pedro
Luis Echeverria
pedroluis.echeverria33@gmail.com
@PLEcheverria
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