La expresión “guerra económica” es nativa de
Venezuela, posiblemente creada en un laboratorio situacional y divulgada
originalmente por el Presidente a finales del 2013 como una autodefensa
implícita frente al fracaso y ralentización (disminución de la velocidad de
crecimiento) de nuestra economía, lo cual se venía observando en los últimos
años cobrando mayor resonancia con la
caída del precio petrolero en 2014 abonada ante la ausencia de un sistema
económico y su correspondiente modelo y de al menos un plan anticiclico. En tal
contexto de “guerra”, se intenta desviar la culpa (externalidad) hacia el
capitalismo, EEUU, Colombia, Obama, Uribe, “la burguesía apátrida”,
empresarios, comerciantes, gerentes de establecimientos, el “golpismo opositor
de extrema derecha” y muchos otros; en una evidente manipulación dirigida a sus
potenciales electores mayoritariamente ubicados en los estratos de menor
capacidad cognitiva, igualmente receptores de transferencias directas de dinero
por intermedio de las Misiones. De igual forma, se configura un plan de ataque
conformado por la GNB, poder popular, consejos comunales y patriotas
cooperantes para enfrentar la “guerra” que impide la distribución de alimentos
(¿?) y otros bienes con el fin de provocar escasez (¡!); enfrentando dentro del
proceso productivo lo atinente a la fiscalización, vigilancia, seguimiento,
supervisión, importación, almacenamiento y acopio, canales de distribución y la
comercialización, en aras de (señalan) detectar las formas más sensibles de la
“confrontación bélica” como son el contrabando, boicot, especulación,
acaparamiento y la usura; hasta confiscar las instalaciones para convertir
dicha acción en otra estrategia gubernamental para distraer la atención
ciudadana de las verdaderas causas del drama económico.
Es pertinente destacar, que estas y muchas
otras formas de control y supervisión se vienen aplicando en Venezuela desde
hace más de 7 años, de lo cual se infiere que estamos en presencia de un
relanzamiento mediático ya que el Gobierno desde esa época está en capacidad de
conocer al detalle lo relacionado con la distribución de los bienes.
Veamos: El Ejecutivo Nacional creó en el
año 2008 el Sistema Integral de Control
Agroalimentario (SICA) para controlar la distribución de los rubros para cada
región del país, y en 2012 la Guía Única de Movilización y Control de Alimentos
la cual es expedida por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación,
siendo obligatoria para el movimiento territorial de cada alimento con una
vigencia de hasta 7 días, 4 para la movilización del producto y 3 para que la
empresa destino cargue en el SICA la recepción del bien; todo bajo la
coordinación de la Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos (SADA),
sustituida en 2014 al crearse la Superintendencia Nacional de Gestión
Agroalimentaria (SUNAGRO) ente que determina y controla qué y cuánta cantidad
se debe consumir por persona y zona (¿patrón obligatorio de consumo?), a la luz
de la información histórica suministrada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) mediante un estudio denominado Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos
(ENCA) que sirve de base para la planificación alimentaria/nutricional y para
la determinación del número, tipo y cantidad de comidas por día en la dieta del
venezolano; siendo que en el informe 2013 mostró como los 5 primeros alimentos
a: (1) Harina de maíz precocida (11,4%), (2) Café negro infusión (8,9%), (3)
Arroz blanco (8,5%), (4) Bebidas gaseosas (6,6%) y (5) Carne de pollo (4,6%).
Vale la pena destacar que Venezuela cuenta con 21 procesadoras de maíz, 15 de
ellas (71,4%) bajo el control del Estado con una producción promedio de 10 mil
toneladas mensuales que apenas representa cerca del 11,1% del total nacional
(90 mil t/m).
A tenor de lo expuesto, se puede concluir que
en el transcurso del proceso revolucionario el Gobierno ha profundizado la
aplicación de controles en la cadena agroalimentaria (productores, mayoristas y
minoristas) habida cuenta que cada establecimiento debe estar inscrito en el
SICA y además cuenta con el apoyo de Superintendencia en Defensa de los
Derechos Socioeconómicos (Sudde); lo cual facilita conocer el origen, destino y
cantidad de alimentos enviados a cada región, evitando al propio tiempo (es de
suponer) el acaparamiento, la escasez y la especulación como estrategias de
“guerra económica”; en el entendido que de no ser así el Gobierno estaría (A)
inmerso en un burocratismo ineficiente en el marco de la influencia excesiva y
vanidosa de los funcionarios públicos en abierta fricción con los intereses de
la Patria; o (B) improvisando un socialismo (¿para mantener el poder?) basado
en la estatización o nacionalización de la economía mediante la acumulación
socialista de capital, incluida (en similitud con la Rusia de 1921) una
instancia para combatir la “la hostilidad del mundo externo”, la
contrarrevolución y el sabotaje.
En fin, más que estar confrontando un
conflicto bélico estamos asistiendo a una “guerra civil alimentaria”, en aras
de procurarnos “algún” producto regulado de la cesta básica dentro de un
mercado marginal de oferta.
Jesús
Alexis González
Jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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