JESUS A. PETITT DA COSTA, EL INICIO DEL GOLPE DE ESTADO, QUE ACABÓ CON LA DEMOCRACIA

No sólo Maduro es ilegítimo. Son igualmente ilegítimos todos los poderes públicos porque tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició con la convocatoria de la Constituyente mediante un acto de fuerza.

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Somos el único país en el mundo con un presidente muerto sin acta de defunción y un presidente vivo sin partida de nacimiento. Ambas permanecen ocultas para encubrir un crimen: el asesinato de la Constitución. No la violación, sino el asesinato consumado por una asociación para delinquir del más alto nivel complotada con Cuba.

El ocultamiento de estas pruebas legales basta para desconocer a Maduro por ilegítimo. Nos preguntaría asombrado un extranjero: ¿porqué la oposición no lo ha desconocido? Habría que responderle que el lugar de la oposición ha sido usurpado por los colaboracionistas, que le sirven de comparsa a la tiranía. Los colaboracionistas no hacen oposición como lo prueba que no hayan exigido, tanto el acta de defunción del difunto como la partida de nacimiento del sucesor, diciendo que son irrelevantes. Mayor prueba de colaboracionismo, imposible. Hay, pues, un concurso de ilegitimidades que funciona como una sociedad de cómplices: Maduro y la MUD, usurpadores ambos, aquél de la presidencia, ésta de la oposición.

La pregunta siguiente que nos haría un extranjero: ¿qué pasa con los restantes cuatro poderes públicos que no han actuado? No lo han hecho porque en Venezuela todos los poderes públicos tienen su origen en un Golpe de Estado sistemático y continuo que se inició en 1999. Así, pues, no sólo Maduro adolece de ilegitimidad de origen. También todos los poderes públicos son ilegítimos. Todo el sistema político es ilegítimo. Expliquemos porqué.

El difunto fue electo para el período 1999-2004 bajo la vigencia de la Constitución de 1961, la cual no preveía una Constituyente porque tenía vocación de perpetuidad. Al no preverla no podía ser convocada. Para convocarla había que reformar previamente la Constitución con el fin de incluirla en ella, ya que había sido excluida intencionalmente. En las actas de la comisión redactora y en los debates parlamentarios quedó claramente expresado el motivo. No se quería repetir la experiencia traumática de la Constituyente de 1947, de la cual emanó una Constitución de partido impuesta por aplanadora. Habiéndose logrado por primera vez en nuestra historia republicana el consenso entre todas las fuerzas políticas, representativas del 90% de los electores, se blindó la Constitución consensuada ante cualquier tentación sectaria, obligando a que la reforma, total o parcial, se hiciese igualmente por consenso en el seno del Congreso Nacional.

Decidido a efectuar lo que tenía previsto si hubiese triunfado el golpe militar de 1992 (disolución de todos los poderes públicos para reconstituirlos colocando a serviles), el difunto ejerció violencia moral (coacción) sobre la Corte Suprema, la que claudicó accediendo a la convocatoria de la Constituyente, aunque la condicionó a que fuese el pueblo el que la aprobara en referéndum. Motivó la sentencia con la tesis complaciente de la supremacía de la soberanía popular sobre el texto constitucional, que sirvió de fundamento jurídico al Golpe de Estado en marcha. El mismo día de su toma de posesión el ahora difunto convocó el referéndum consultivo exigido para que fuese el pueblo, en ejercicio de la soberanía popular, el que convocara la Constituyente pasando por encima de la Constitución. Pero el pueblo no convocó la Constituyente. En efecto, sólo concurrió a votar el 37,8% de los electores, absteniéndose el 62,2% que sumados al voto negativo (7,6%), significa que el 70% de los electores no aprobó la Constituyente. La convocatoria fue negada (apenas el 30,7% de los electores, una minoría exigua, votó a favor), por cuyo motivo se debía seguir forzosamente el procedimiento de reforma constitucional establecido en la Constitución de 1961. Era la única alternativa constitucional. Pero los golpistas, encabezados por el Golpista Mayor ahora difunto, dieron por aprobada la convocatoria atribuyéndole así la soberanía popular a una minoría insurrecta. La convocatoria de la Constituyente fue, pues, un acto de fuerza, porque no se sostuvo ni en la Constitución ni en la soberanía popular que sólo podía ser ejercida por la mayoría determinante de los electores.  Con este acto de fuerza se dio inicio al Golpe de Estado sistemático y continuo que acabó con la democracia, el crimen político a documentar en la segunda pieza del expediente contra el gobierno títere.

Jesus A. Petitt Da Costa

petitdacosta@gmail.com

@petitdacosta, 

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