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| MILOS ALCALAY |
Uno de los grandes logros de la Diplomacia Venezolana en relación a la
histórica controversia territorial sobre
el Esequibo fue alcanzado durante la etapa democrática, gracias a la
suscripción del Acuerdo de Ginebra de 1966 que es el instrumento jurídico vigente entre las partes
para resolver pacíficamente el diferendo.
Por ello la opinión pública venezolana quedó
indignada con las declaraciones del día 22 de diciembre en las que la Canciller
de Guyana Carolyn Rodriguez-Birkett afirmó: “Han pasado más de 20 años desde el
proceso de buenos oficios (1989). Si en dos décadas no se tienen resultados,
hay que revisar otras opciones“, para concluir que su Gobierno ya ha solicitado
la asesoría de expertos y mencionó poder recurrir ante la Corte Internacional
de Justicia.
De inmediato la Mesa de la Unidad Democrática
emitió el 24 de Diciembre una Declaración categórica en la que le exige al
Gobierno del Presidente Maduro que se pronuncie de inmediato para repudiar
estas declaraciones inamistosas que violan el Acuerdo de Ginebra que establece
la necesidad de que sea entre los dos países que se determinen los mecanismos
de solución pacifica definidos en el Acuerdo, y se rechacen las medidas
unilaterales por parte de Georgetown, ya que deben agotarse los otros métodos
previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas acordadas
conjuntamente por los dos países.
Pero es que además del Esequibo, Guyana ha
adoptado últimamente medidas que ponen en peligro la soberanía venezolana de la
fachada Atlántica frente a las costas del Delta Amacuro, cercenándose
centenares de miles de kilómetros de áreas marinas y submarinas.
Es necesario reconocer que por primera vez en
mucho tiempo, vimos una Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que
recoge algunos de los planteamientos hechos por la MUD.
A pesar de que es un primer paso que
transforma la negligencia y abandono que
la Cancillería Venezolana ha asumido en los últimos años al ideologizar
el tema de la justa reclamación venezolana, atribuyéndola a “presiones del
imperialismo” y no a la justa reivindicación Venezolana que se adelanta desde
finales del Siglo XIX, creemos que no
basta con una simple declaración, sino que es necesario que el Gobierno actúe,
y para ello debe convocar a los dirigentes venezolanos y a los conocedores del
tema para realizar una amplia consulta en la defensa de los intereses de la
Patria en la que participen expertos, académicos, historiadores, diplomáticos,
parlamentarios, dirigentes de los partidos políticos, medios de comunicación y
de esa manera, entre los diversos responsables del país, se pueda fijar una
solida posición de Estado. Si no, terminaremos obligados a aceptar la decisión
de Guyana de ir obligados al Tribunal Internacional de Justicia, lo que sería
muy riesgoso para el país.
Milos Alcalay
milosalcalay@yahoo.com
@milosalcalay
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