JOSÉ FÉLIX DÍAZ BERMÚDEZ |
Diego Bautista Urbaneja Alayón (1817-1892), hijo del ilustre
prócer de nuestra independencia del mismo nombre, fue un destacado político
y hombre de leyes graduado en la Universidad Central de Venezuela en
el año 1849 y quien llegó a ocupar durante los gobiernos del general Antonio Guzmán Blanco relevantes posiciones administrativas como ministro de Interior y Justicia, de Relaciones Exteriores y
encargado de la Presidencia de la República.
Su relación con el presidente Guzmán Blanco era cercana y provenía
de los años universitarios cuando éste asistía a su escritorio jurídico.
Urbaneja fue un eminente abogado, individuo de gran actividad
política e intervino de manera notable en los trascendentes episodios de la
reclamación de Venezuela al gobierno británico por la usurpación de nuestro
territorio Esequibo y, en particular, por las invasiones realizadas entre los
años 1886 y 1887 amenazando las bocas y afluentes del Orinoco.
Previamente el gobierno de Guzmán Blanco, el 14 de noviembre de
1876, a través del entonces ministro de Relaciones Exteriores, doctor Eduardo Calcaño, dirigió una importante nota al gobierno inglés sosteniendo
nuestros derechos y se dispuso con la presencia del doctor José María de Rojas
en Londres adelantar conversaciones en las cuales se expresó la posibilidad de
un arbitramento, entre otras alternativas, planteamientos que siempre fueron
rechazados por Inglaterra, no obstante haberse comprometido en el año 1850 a no
ocupar ni usurpar el territorio en discusión.
El ilegal avance que los mismos realizaron en el Esequibo a partir
de noviembre de 1886, evidenciaba las inadmisibles pretensiones de posesionarse
en el Orinoco, así como en los lugares entre el Amacuro y Barima para ejecutar
en ellos indebidos actos de autoridad y colonización.
Luego de tales hechos se presentó la protesta oficial venezolana
que, entre otras acciones, motivó la presencia del doctor Urbaneja, entonces
canciller, conjuntamente con su predecesor el doctor Rafael Seijas para celebrar urgentes reuniones con el ministro de Gran Bretaña
en Venezuela, en las cuales participó el propio presidente Guzmán. Éste
manifestó de manera categórica al funcionario inglés su rechazo a los actos producidos, los derechos que nos asistían, así
como la decisión de Venezuela de erigir un faro en la Punta de Barima.
Al respecto nuestro gobierno designó una Comisión presidida por el
Ingeniero Jesús Muñoz Tébar encargado de visitar el sitio y evaluar la situación.
Le correspondió al doctor Urbaneja protestar los hechos
violatorios y calificó: "el deleznable fundamento" de tales actos,
emplazando con firmeza al gobierno británico desocupar el territorio:
"desde las bocas del Orinoco hasta el Pomarón" y en caso contrario,
manifestó que se produciría la ruptura de relaciones diplomáticas.
Entre los argumentos más resaltantes que entonces expuso el doctor Urbaneja se encuentra el relativo a la naturaleza y el carácter de
la zona en disputa señalando que: "La conclusión lógica de la existencia de una controversia sobre la propiedad de tierras y aguas, debía
ser cuando más la conveniencia de neutralizar de común acuerdo los lugares del
litigio, pendiente de la decisión del mismo. Pero resolver por sí solo y con
menosprecio de los derechos de otro, la apropiación de la cosa controvertida
es, a la luz de toda jurisprudencia, una violación injustificada del más
sagrado derecho de las naciones, es una herida mortal a la Soberanía de la
República".
El 7 de marzo de 1887 Guzmán Blanco se dirigió al Congreso para informar sobre el asunto y sobre las advertencias formuladas por
su gobierno a la nación usurpadora y señaló que: "En todo caso
el honor está corriendo y correrá la suerte de la Patria". Días
después, el Congreso le manifestó su apoyo y sus adversarios objetaron varios aspectos
de su política interna y exterior sobre el asunto pero reivindicando en todo
caso la defensa de los límites de Guayana.
Guzmán por su autoritarismo y despotismo, por sus contradicciones
y sus vicios, estaba perdiendo progresivamente influencia,
credibilidad, y se encontraba entonces en su última etapa de su vida política.
Ante el insólito desconocimiento de los derechos de Venezuela y la presencia inadmisible de ilícitos e ilegales actos de usurpación y
de despojo en el propio territorio en disputa, la doctrina que
planteó el ministro Urbaneja recobra hoy especial significado, nos exige
mantener una postura decorosa, firme, consecuente con los derechos de la Patria,
con nuestra indeclinable dignidad y honor nacional quebrantado por los actos,
hechos e intereses de los herederos y beneficiarios del colonialismo.
Jose Felix Diaz Bermudez
jfd599@gmail.com
@jfd599
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