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| SIMON GARCIA |
La Comisión Evaluadora tiene la obligación legal y el compromiso ético
de conformar ese listado con independientes. Pero, las experiencias anteriores
demuestran que el acatamiento a la ley escasea en la mayoría oficialista. Ha
escogido motorizados de choque, aunque en público muestren amabilidad y hacia
afuera cuiden las formalidades.
Ahora los oficialistas tienen la oportunidad de proponer personas con
posiciones favorables al proyecto gubernamental y que a la vez sean capaces de
actuar con independencia de criterios. Entre los postulados quedan candidatos
con estas características, pero el retiro de Vladimir Villegas y Leopoldo Puchi
no parece augurarles que serán tratados según sus méritos. En el caso de la
oposición, sus diputados sólo deben aplicar
criterios similares a los que llevaron a escoger al rector Vicente Díaz
y sus suplentes.
Según la Encuesta Delfhos/UCAB (oct.14) el 62% de los venezolanos tiene poca o ninguna confianza en el CNE, frente a un 41 % registrado en el 2013. Esta desconfianza comienza en la selección de sus miembros, porque lo que aparentemente cumple todos los pasos legales, finaliza en una ilegalidad: la Asamblea Nacional vota por militantes del PSUV como si se tratará de una representación partidista.
Un problema para el poder y una opción de enfrentamiento responsable
para las fuerzas alternativas es que el incremento de la desconfianza en el CNE
se transforme, por una parte, en desconfianza general hacia quienes hoy
monopolizan todos los poderes públicos, pero que por la otra, incentive la frustración y el ausentismo
de los ciudadanos. El asunto nos incumbe a todos.
La oposición debe ser más consecuente con el fortalecimiento
institucional y democrático del CNE y con
la lucha por su transparencia e imparcialidad. La función del CNE es
arbitrar el proceso entero de los actos electivos que la Constitución y
las leyes le atribuyen. Un árbitro,
según el DRAE y las competencias deportivas, “es el que puede hacer alguna cosa
por si solo sin dependencia de otro”.
Especialmente cuando en “ese otro” se incluye a gente con el interés de
perpetuarse en el poder y colocar en el CNE fichas partidistas para pagar y
darse el vuelto.
El tema es trascendente no sólo porque atañe a la legitimidad de origen
que la democracia exige a los representantes de elección popular, sino porque,
por primera vez, vamos a presenciar un proceso electoral en la que el gobierno
asistirá con menos liderazgo, menos recursos y un apoyo popular visiblemente
precario. Los resultados van a someter
al ácido de la democracia las reacciones
del CNE para que el conflicto entre proyectos opuestos sea resuelto
transparente y verazmente por los votos. Un manejo sesgado puede desatar otra
crisis, que ni el gobierno ni la oposición pueden desear.
Los criterios de selección están claros, hay que informarle al país cómo
se están aplicando. sólo hay que aplicarlos. Tal vez hay uno que no está
escrito y es tener la confianza de que cada magistrado tiene la integridad
para, llegado el caso, llamar a Miraflores y comunicarle al Presidente que
perdió.
Simon
Garcia
simongar48@gmail.com
@garciasim
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