RUBÉN DARÍO BUSTILLOS RÁVAGO |
Casi
todo el alto gobierno está involucrado en los actos de violación de los
derechos humanos de los manifestantes que pacíficamente participaron en las
jornadas de protestas iniciadas el pasado día 12 del mes de febrero denominada
por el pueblo como “La Salida”. De tal manera que aquellos funcionarios civiles
o militares, que se consideren inocentes y no estén de acuerdo con los hechos
criminales que causaron la muerte a más de 50 personas, e infringieron heridas
graves a más de 800 y la detención y tortura a más de 3.000 venezolanos,
deberían denunciarlos en forma pública y presentar su renuncia del cargo para
evitar ser acusados como cómplices.
Nicolas
Maduro, quien es el principal responsable de esos crímenes, no tiene moral
alguna para pronunciarse sobre este acto de justicia como son las sanciones
personales que afectan a más de 200 funcionarios del régimen venezolanos
acordadas por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.
En
efecto, si bien muchos prominentes miembros del
régimen están siendo sancionados por la violación de los derechos
humanos de los venezolanos, no es menos cierto que la mayoría de los ciudadanos
demócratas de este país estamos viendo con buenos ojos que dichas denuncias
sean aceptadas, analizadas, acogidas y sancionadas en instancias extra
territoriales dado de que en nuestro propio patio carecemos de un sistema
judicial confiable como lo establece la Carta Magna venezolana, porque los
poderes encargados de administrarla, conformado por el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, integrado por la
Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la
Republica, están en manos de miembros del partido oficialista PSUV y obedecen
solo a los intereses del régimen ineficiente, totalitario y corrupto de Nicolas
Maduro.
De
manera que podemos concluir que las sanciones acordadas por unanimidad por el
Congreso estadunidense solo afectan a los funcionarios públicos que violaron
los derechos humanos de los venezolanos durante las pasadas manifestaciones
estudiantiles. Así mismo no se puede descartar que dichas sanciones sean
acogidas por la Unión Europea y aquellos países firmantes de tratados
internacionales con los Estados Unidos, que castigan con diversas penas a los
violadores de los DD.HH. universales. Por otra parte, los venezolanos no
podemos olvidar la responsabilidad penal de esos criminales quienes, en su oportunidad,
serán juzgados y condenados de acuerdo a nuestra legislación, en instancias
nacionales y/o internacionales. Queremos insistir en que es inaceptable lo
expresado por el Sr. Nicolas Maduro y sus adláteres, quienes pretenden
confundir a la opinión pública nacional e internacional, manifestando que los
norteamericanos están castigando y afectando la soberanía venezolana. Nada
lejos de la verdad; solamente se están penalizando a los funcionarios
responsables de sus acciones criminales que en ningún caso afectan al país
nacional con cuya bandera pretenden cobijarse.
Cnel.
(Ej.)
Rubén
Darío Bustillos Rávago*
rdbustillos@gmail.com
@rdbustillos
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