Las revoluciones gustan hablar de
“paz”, lo hacen hasta el punto de desgastar la palabra y vaciarla de sentido.
Un día, el gran destructor, ensoberbecido por la egolatría y la prepotencia, le
dijo al país “esta es una revolución pacífica pero armada”, solo lo segundo era
verdad. Los venezolanos padecemos la tragedia de un régimen que ha eliminado
del ejercicio del poder, cualquier posibilidad de construir la paz que
necesitamos, y que es fundamental para poder avanzar como sociedad y como
nación.
La violencia en Venezuela es
patrimonio del gobierno, quien la estimula a través del odio social y la
promueve con políticas que en todas las áreas de la vida cotidiana constituyen
una agresión a los ciudadanos.
Las cadenas de Maduro además de
ser capaces de producir vergüenza ciudadana, son una irresponsable y
permanente incitación a la violencia. La
política del régimen es exponer al escarnio público a quienes disientan del
gobierno, insultar, descalificar y utilizar la violencia institucional, para
perseguir a la dirigencia opositora. No otra cosa son esos Juicios amañados
contra dirigentes opositores electos libérrimamente por el pueblo, diputados,
alcaldes y concejales.
Las campañas desatadas por el
régimen cada vez que ocurre la muerte violenta de alguno de sus dirigentes,
inculpando a la oposición sin pruebas de ningún tipo, manipulando y mintiendo
sobre conspiraciones internacionales y pretendiendo crear un martirologio de la
revolución, es una inaudita irresponsabilidad dirigida a estimular una fanática violencia política. Los grupos
paramilitares llamados colectivos, indican que estamos ante una estrategia de
poder que convierte a la violencia en un método de sembrar terror. Esto no es
nuevo, ha sido históricamente la columna vertebral de la política de los
regímenes comunistas.
El hecho de que en Venezuela solo
se resuelvan (según organizaciones especializadas en el tema) el 3 ó 4 % del
total de crímenes del hampa común, da pábulo a la especulación según la cual,
ese ambiente de zozobra y terror en que vive la ciudadanía, solo puede beneficiar al gobierno. El poder
judicial del país, secuestrado por el gobierno, está ciego, sordo y mudo ante
los casos presentados de torturas, detenciones arbitrarias y en general de un
clima que estimula la violación de los derechos humanos, y por ende la
violencia. Lo que ocurre en las cárceles, convertidas en fabricas de muerte y
centros de planificación delictiva, hablan del fracaso estruendoso, también en
esa área de un régimen que ha destruido al país en todos los órdenes.
Es urgente, vital, que la
sociedad democrática, los ciudadanos que creemos en la posibilidad de rescatar
a Venezuela, nos presentemos sólidamente unidos y eso nos permita ganar por
avalancha, la asamblea nacional.
Es desde allí, desde donde
podemos tomar las decisiones que permitan cambiar este desastre y darle a los
venezolanos la oportunidad de participar en la construcción del país que
merecemos, desterrando la violencia, en todas sus manifestaciones, como sistema
de vida.
Freddy Ignacio Nuñez Martinez
freddynm6311@gmail.com
@freddynm631
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