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| JUAN PÁEZ ÁVILA |
Las grandes
dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución
hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchas,
la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado
y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían. De continuar la
represión gubernamental en Venezuela, no será el último caso el que varios parlamentarios y familiares lo hayan
denunciado en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y
más recientemente en algunos Parlamentos Latinoamericanos y europeos, porque también en sus últimos informes de
varias ONGs en nuestro país, develan centenares de hechos violentos contra
adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, que han
sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser
imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan
presentado pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes
vigentes. Tales son los casos de Leopoldo López, Ceballos y Scarano alcaldes de
San Cristóbal y San Diego, Salvatore Lucchese, decenas o centenares de
estudiantes, Raúl Baduel y los policías acusados de disparar el 11 de Abril de
2001 contra los chavistas, a quienes se les han violado sus derechos humanos.
La salida de
Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos, queda en evidencia que tuvo y tiene como
objetivo dejar sin protección a los venezolanos víctimas de la recurrente
violación de sus derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos del
gobierno, sin percibir que se les pueden convertir en un boomerang, debido a
los compromisos que ha adquirido nuestro país en diferentes tratados internacionales que ha firmado y ratificado,
como miembro la ONU y de la OEA, de MERCOSUR
y UNASUR que exigen su cumplimiento insoslayable.
El establecimiento
de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas
Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e
internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en
la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor
trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y
espiritual del ser humano. Por diferentes aberraciones humanas, no lo han podido disfrutar los pueblos
donde la cultura de la violencia ha
predominado en la conciencia no sólo
de los gobernantes, llegados al poder por la fuerza de las armas, sino
también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población, o
mediante el fraude electoral.
La reacción del
cuestionado Jefe del Estado y en particular de los representantes de los
Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo a estos informes, y la descalificación a
quienes los elaboraron a partir de denuncias de familiares o de las propias víctimas, revela la gravedad
de lo que está pasando en el país, cuyos altos funcionarios se niegan a
discutir sus contenidos para garantizarles la impunidad a los delincuentes.
Los Informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedarán en la OEA como testimonio
de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra
civiles indefensos gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos,
delitos condenados por El Estatuto de
Roma, aprobado y ratificado por Venezuela. Si por ahora no pueden ser juzgados por sus
delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben, su
impunidad será transitoria y sus autores recibirán la sanción de los tribunales
nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo
contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus
cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos
Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales
integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de
la justicia. De allí que algunos altos
funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas
inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en
el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional
Juan Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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