“El
régimen democrático procede con métodos democráticos. He dicho reiteradamente,
y repetirlo no es ocioso, que por la
composición de este gobierno y por la filosofía inmodificable del hombre que lo
preside, aquí no utilizaremos procedimientos de paredón ni iremos contra lo más
respetable en el hombre, que es su dignidad. Pero la experiencia universal y la
más reciente, la trágica, dolorosa experiencia cubana, están demostrando que
los regímenes democráticos deben llevar su tolerancia hasta ciertos límites y
no aplicar métodos de excepción sino los pautados en las rígidas normas de la
ley para defender la convivencia social
y su propia supervivencia”. Rómulo Betancourt, 4 de mayo, 1962
El Presidente Betancourt pudo haber
repetido la expresión del Libertador respecto a ser “el hombre de las
dificultades”, ya que –además de la obra de gobierno acelerada que comenzaba a
colocar a Venezuela a la altura del siglo 20- enfrentaba a la violencia, a la
oposición militar del perezjimenismo rezagado, la guerrilla y la insurrección
de izquierda que se acentuaron durante los primeros meses de aquel agitado año.
Los hombres y voceros de la discordia no daban tregua, pero Rómulo estaba
resuelto a darles la pelea.
Las pintas que se colocaron en las calles,
“Renuncia Rómulo”, recibieron su respuesta: “ni renuncio ni me renuncian”, más por
convicción republicana que por fanfarronería venezolana. Pese a la salud algo
estropeada por el atentado contra su vida, había ánimos y fuerza para no bajar
la guardia frente a los conspiradores de las Fuerzas Armadas y los camorristas
del Partido Comunista y del MIR, que este año comenzaron a actuar en estrecha
conexión. Era la primera vez en Venezuela que el morbo marxista o el ideario
izquierdista penetraban el mundo de los cuarteles, donde antes hubo siempre un
rechazo categórico al comunismo. Era la influencia nefasta de la llamada
revolución cubana o acaso del nasserismo.
Iniciado el año de 1962, hubo
manifestaciones violentas y sangrientas en el centro de Caracas, con un trágico
balance de muertos y heridos, más los daños a la propiedad. Quizás la
desesperación de los conspiradores obedecía al respaldo popular que tenía el
Gobierno de Coalición, que se ampliaba con la obra de gobierno. El 13 de
febrero de 1962, los partidos de la coalición, las centrales obreras y sus
bases sindicales habían convocado a una gigantesca manifestación de respaldo
con motivo del tercer año de gobierno. Y a esto había seguido una serie de
giras administrativas a la provincia para la inspección de obras en marcha, la
inauguración de otras y para otorgar los títulos de propiedad a los campesinos
beneficiarios de la reforma agraria, hechos con los que se labraba el verdadero
y auténtico poder popular, suerte de escudo contra la violencia de los dos
extremismos y muralla infranqueable para conspiradores, guerrilleros y
terroristas.
Los servicios de inteligencia habían
comenzado a detectar las conexiones entre militares y civiles comprometidos con
la insurrección. También había registros de contactos con urredistas y
arsistas, que habían entrado en el menestrón de la oposición parlamentaria. Las
guerrillas de estudiantes, profesores, intelectuales y gente de oposición
empezaron a germinar en algunas regiones del país (Mérida, Sucre, Falcón,
Portuguesa y Trujillo). Después de unas vacaciones alucinantes en La Habana,
hasta Fabricio Ojeda publicó una carta anunciando que abandonaba el Parlamento
para ingresar en la guerrilla.
El Gobierno de Coalición tenía información
de que los viejos comunistas como Gustavo Machado, Jesús Farías y otros menos
viejos como Pedro Ortega Díaz estaban en cierta forma en contra de la lucha
armada porque consideraban que no estaba planteada en Venezuela ese tipo de
oposición, y mucho menos para alcanzar el poder. Conociendo de los incautos que
creyeron en las prédicas comunistas de García Ponce, el gobierno iba midiendo sus andanzas
conspirativas y de penetración de las Fuerzas Armadas. Al igual que “el
barcelonazo”, “el carupanazo” iba a extenderse por muy poco tiempo.
Los sublevados del batallón de marina
hablaron en nombre de un denominado “Movimiento de Recuperación Democrática” y
prometieron “restablecer las libertades conculcadas por el gobierno de
Betancourt”. García Ponce no acudió a la cita de las armas, pero sí estuvieron
como “asesores políticos” Eloy Torres y Sáez Mérida. Bastó un ligero movimiento
envolvente para neutralizar y vencer a los facciosos (como veremos más
adelante).
Rómulo sabía que el “comando” de esta
nueva y breve escaramuza había adoptado: la llamada “línea de la chispa”, mejor
conocida como la tesis de Lenin, quien aseguró en sus días de conspirador
contra el zar que “la chispa incendiaría la pradera”. Una teoría que ampliaría
posteriormente Guevara. Es decir: que bastaba dar el primer paso para que la
revuelta tomara cuerpo en todo el país.
El mismo 4 de mayo de 1962, el Gobierno de
Coalición promulgó el decreto que esperaba la población ante los desórdenes que
venían ejecutándose a instigación de la izquierda. Rómulo había esperado que la
anterior sustitución de las garantías constitucionales iba a significar la
creación de un clima de paz, de concordia, de respeto y de acatamiento de las
normas legales para todos los sectores políticos del país. Y ahora los hechos desmentían lamentablemente
esas presunciones y comprobaban que el Poder Ejecutivo estaba en lo cierto al
sostener la tesis de la existencia de grupos políticos empeñados en que en
Venezuela no rigieran las normas del sistema democrático y representativo de
gobierno, sino otras que fueran calco de las vigentes en la desventurada Cuba.
Viendo cómo continuaban los motines y
las algaradas dentro de recintos estudiantiles, cómo se asesinaba a mansalva y
por la espalda a hombre uniformados o a simples ciudadanos (hechos que luego
muchos olvidarían), cómo se pasaba de la propaganda de guerra a los intentos de
crear grupos guerrilleros en el país (intentos que fracasaban gracias al
esfuerzo coordinado entre las Fuerzas Armadas y el campesinado nacional), el
Gobierno de Coalición se había conformado con apresarlos y someterlos a
juicios.
Pero al sucederse el movimiento
cubanizante en esa madrugada de mayo, el gobierno procedió de inmediato a tomar
medidas militares, cercando a Carúpano con fuerzas de tierra y mar. Las fuerzas
navales tomaron el Puerto de Carúpano. Por tierra desde Cumaná se llegó hasta
el muelle de Cariaco y a las puertas mismas de Carúpano (Batallón Mariño) y por
la carretera Caripito-Carúpano llegaron efectivos de la Guardia Nacional, de las
Fuerzas Armadas de Cooperación; todo reforzado por las compañías del batallón
Urdaneta, acantonado en Ciudad Bolívar, y del batallón Sucre, acantonado en
Maturín.
Al respaldo inmediato de las Fuerzas
Armadas se agregaron las mayorías venezolanas integradas por los partidos de la
coalición, las fuerzas políticas de la oposición no comprometidas con la
aventura extremista, los sectores empresariales y obreros, y la inmensa masa de
venezolanos que querían mantener en el país un sistema continuo de gobiernos
electos y de derecho.
Rómulo reafirmó su promesa de cumplir y
hacer cumplir la Constitución y que utilizaría las armas entregadas por ella en
manos del Poder Ejecutivo para defender a las instituciones democráticas de los
totalitarismo de cualquier signo. “Cuando los sucesos de San Cristóbal hubo
energía para defender las instituciones democráticas de Venezuela del
totalitarismo reaccionario; ahora habrá la misma energía, la misma firmeza para
defender a las instituciones democráticas de Venezuela y el porvenir de la
nacionalidad de los totalitarismos seudorevolucionarios:, dijo Rómulo a la
nación el mismo 4 de mayo.
Igualmente, al pasar unos días, agregó:
“El régimen democrático procede con métodos democráticos. He dicho reiteradamente,
y repetirlo no es ocioso, que por la
composición de este gobierno y por la filosofía inmodificable del hombre que lo
preside, aquí no utilizaremos procedimientos de paredón ni iremos contra lo más
respetable en el hombre, que es su dignidad. Pero la experiencia universal y la
más reciente, la trágica, dolorosa experiencia cubana, están demostrando que
los regímenes democráticos deben llevar su tolerancia hasta ciertos límites y
no aplicar métodos de excepción sino los pautados en las rígidas normas de la
ley para defender la convivencia social
y su propia supervivencia”.
El Presidente Betancourt ordenó la
represión de los insurrectos y la detención de alrededor de mil comunistas y
miristas. Ordenó también el enjuiciamiento ante los tribunales de 138
dirigentes de la extrema izquierda. Golpe por golpe, sin vacilaciones.
La chispa del “carupanazo” no prendió y
los cabecillas militares y civiles fueron detenidos y procesados; se ordenó la
ocupación del PC y del MIR. En esto actuó con mucha diligencia el nuevo
ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez, quien ya había
demostrado su singular vocación para reprimir los estallidos de violencia y
terrorismo.
Alberto
Rodriguez Barrera
albrobar@gmail.com
@albrobar
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