Los servicios públicos en Venezuela son una calamidad y no es por falta de
recursos. Lo que ocurre se resume en la combinación de varios elementos; están
los conceptuales, la ineficiencia, el negocio o carencia de ética y la falta de
voluntad política.
Para el progresismo, un servidor público debe ser un promotor social, es
decir un agente que promueve la participación ciudadana en función del
desarrollo social. Papel que deberían cumplir todos y cada uno de los miembros
de la administración pública. Lamentablemente aquel precepto de que lo público
es para servir a la gente, ha sido pervertido desde hace rato. Por el
contrario, el poder se esfuerza para servirse de lo público, es decir servirse
de la gente, hay sus excepciones por supuesto. Y si a esta conducta de
irrespeto al ciudadano, le sumas la modorra y la incapacidad gerencial, logras
ciudades llenas de basura, anarquizadas y carentes de los más elementales
servicios.
Por si eso fuera poco, existen mafias y/o grupos de intereses que les
importa un comino lo público, hacen negocios con el caos; allí participan
funcionarios de cualquier nivel o personas que dirigen tras bastidores, que
actúan en complicidad con los jefes de alguna dependencia gubernamental. Ellos
están allí para hacer negocios, ¿qué les puede interesar cumplir con sus
funciones? Lo más grave de esto es que dicha práctica se traduce en baja
autoestima de la población, la gente se individualiza en su quehacer cotidiano,
para sobrevivir a los estragos de la crisis económica.
Pareciera que no hay para dónde agarrar, la administración pública es como
una rémora, un pesado fardo para la sociedad, es un problema más. Cabe
preguntarse, ¿habrá alguna posibilidad de cambiar la anomia colectiva, hoy
convertida en paradigma?, ¿será posible que quienes dirigen el Estado cumplan
las leyes y normas sociales?, ¿qué la convivencia democrática de la ciudadanía
se convierta en cultura de vida? y ¿Qué se pueda reconstruir el tejido social y
progresar en armonía con la naturaleza? Claro que sí, pero hay que sacudirse de
quienes gobiernan a puerta cerrada y de espaldas a la gente.
La participación ciudadana, que es un principio fundamental de las leyes y
la Constitución de la República, es olvidada y echada a un lado por la mayoría
de los funcionarios públicos. La sociedad los elije, les paga sueldos y les
cubre sus gastos operativos y no cumplen sus funciones, entonces le corresponde
a la ciudadanía el papel de participar y exigir el cumplimiento de sus derechos.
Los “escasos recursos” o la baja participación ciudadana, no pueden ser la
excusa y el escudo para la ineficiencia gubernamental.
Todos, de una u otra forma somos coparticipes de lo bueno o lo malo que
ocurra, por lo tanto debemos organizarnos y luchar por lograr gobiernos
abiertos, participativos, democráticos, inclusivos y unitarios para que pasen
cosas buenas. Ojalá logremos que los representantes de los poderes públicos
cumplan con la norma y se conviertan en promotores sociales. Así tendríamos un
país distinto.
Golfredo Davila
golfredodavila@yahoo.es
@golfredodavila
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